El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó hoy al Ministerio Público de ser cómplice de la “insurgencia armada” que según su discurso ha vivido el país desde que empezara la ola de protestas contra su Gobierno el pasado 1 de abril.
EFE
Maduro hizo estas declaraciones en un acto televisado para conmemorar los 80 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el cuerpo de Policía militarizada dedicado a la gestión de las protestas, horas después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según el líder chavista, la Constituyente servirá para “que haya justicia” y se cure una “herida social” de la que, afirmó, forma parte “la complicidad del Ministerio Público con la insurgencia armada, la protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más”.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más vehementes contra Maduro dentro de las instituciones del Estado, y ha sido acusada de “traidora” desde el oficialismo.
“Hablemos claro frente al país, si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara apegado a la justicia y con valentía hace mucho tiempo que esos (…) criminales estuvieran capturados, castigados y encarcelados”, dijo Maduro, que ya ha adelantado que la Constituyente podría intervenir y tomar el control del Ministerio Público.
Al igual que el Parlamento, de mayoría opositora, Ortega ha denunciado la Constituyente como un “fraude”, y ha alertado de que este órgano plenipotenciario activado por Maduro para reordenar el Estado es un instrumento del Gobierno para instaurar “un sistema personalista y totalitario”.
Maduro dijo en alusión a las protestas opositoras que Venezuela se enfrenta a “una insurgencia armada”, y que las Fuerzas Armadas “tienen que prepararse en métodos de combate no tradicional, respetando la Constitución, para enfrentar a estos grupos armados, buscarlos, capturarlos y que haya justicia”.
El presidente había declarado antes que la Constituyente empezará a trabajar el sábado en la puesta en marcha de una comisión de la verdad y la justicia que establezca responsabilidades por unos hechos violentos en las marchas antigubernamentales de los que responsabiliza a los líderes de la oposición.
Al menos 121 personas han muerto en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes y otros hechos violentos relacionados con esta ola de protestas.