El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, calificó como “muy grave” la situación de los derechos humanos en el país y que la decisión del presidente, Nicolás Maduro, de transferir a la justicia ordinaria los casos de civiles que se encuentran a manos de tribunales militares, es un reconocimiento “a que se han venido violando esos derechos por motivos políticos”. Así lo reseña Unión Radio.
“Esto no puede ser porque lo diga la Constituyente o lo pida el jefe de Estado, sino porque así lo ordenan la Constitución y os tratados internacionales suscritos por Venezuela y es una posición universal en relación al tema”, expresó.
El director del FVP explicó que una Asamblea Constituyente no puede aumentar las penas previstas para ningún delito en cuerpos legislativos, aún cuando se hubiese instalado de manera válida, “tiene como único objetivo la Enmienda o el cambio de la Constitución nacional”.
El abogado añadió que el artículo 24 mantiene el principio de la irretroactividad y, por ende, de ser aumentadas las penas, estas no podrían ser aplicadas a delitos cometidos anteriormente a la alteración de la ley.
Gonzalo Himiob reiteró que 655 civiles (desde abril hasta la fecha) fueron presentados ante la justicia militar, de los cuales 404 están privados de libertad.