Ángel Zerpa, detenido por la Inteligencia tras ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo por un Parlamento opositor que no reconoce la legitimidad de los magistrados en ejercicio de esta corte, permanece detenido en un baño de la sede del servicio secreto y lleva 28 días en huelga de hambre e incomunicado.
“Tiene un compañero que se llama Roberto Picón, al cual pudo ver su familia, que nos ha constatado que mi padre ha perdido 10 kilos y está vomitando líquido”, dijo a EFE la hija del juez, Carmina Zerpa, que como el resto de su familia y sus abogados no ha podido comunicarse con su padre desde que fue apresado el 21 de julio.
Roberto Picón era asesor de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y fue detenido en una reunión política en su casa.
“Están en un baño, ellos dos. El baño es de dos por ocho, no reciben luz natural, ni siquiera tienen ventilación, y ni ellos mismos tienen privacidad entre ellos”, cuenta Carmina Zerpa, cuya primera exigencia es ahora mismo que se traslade al magistrado a un centro de salud.
Ángel Zerpa fue uno de los 33 magistrados paralelos designados por el Parlamento de mayoría opositora el 21 de julio para sustituir a otros tantos jueces en ejercicio del Supremo, cuyos nombramientos fueron hechos -según la Cámara y la fiscal de entonces- con numerosas irregularidades por el anterior Congreso, de mayoría chavista.
El Supremo reaccionó a las designaciones culpando de delitos de usurpación y traición a la patria a los 33 magistrados paralelos, y Zerpa fue detenido un día después de su designación por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Zerpa -un juez con dilatada experiencia y notable historial académico- es, según informaciones de su entorno, el único de los 33 magistrados “legítimos” investidos por el Parlamento que sigue preso.
Dos de sus colegas fueron también detenidos después de él pero renunciaron a sus cargos durante su arresto, y los demás se han refugiado en embajadas o han huido del país.
En protesta por su detención “arbitraria” y carente según sus representantes legales de cualquier garantía, Zerpa se declaró en huelga de hambre y lleva ya más de “380 horas sin consumir ningún tipo de comida sólida”, ingiriendo “únicamente agua, Gatorade y agua de coco”.
Los atropellos que denuncia su familia empezaron en el momento mismo de su nombramiento, desde cuando empezaron a vigilarle vehículos sin matrícula ni identificación que al día siguiente perseguirían y forzarían a detenerse disparándole con armas de fuego al vehículo en el que viajaba Zerpa con su hermana.
“Se lo llevaron sin orden de aprehensión y con un vehículo no identificado”, detalla Carmina, que dice también que quienes le capturaron llevaban chaquetas con símbolos del Sebin y dijeron actuar bajo órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Zerpa -a cuya audiencia de presentación no tuvieron acceso sus abogados y que ha sido llevado ante la jurisdicción militar por acusaciones de traición a la patria- sufre de úlcera e hipertensión, y ninguna autoridad ha verificado hasta ahora su estado de salud pese a las repetidas solicitudes de su familia.
“Ni siquiera nos han permitido verlo para por lo menos convencerlo de que cese la huelga de hambre, que es lo que más le está deteriorando porque a pesar de todo no es un hombre tan joven, tiene 56 años”, declaró su hija Carmina.
Según organizaciones de derechos humanos hay en Venezuela más de 600 presos políticos, buena parte de los cuales están recluidos en condiciones de hacinamiento en la sede caraqueña del Sebin, conocida como El Helicoide, donde también se encuentra Zerpa. EFE