Si quedasen dudas acerca del absoluto y total desprecio sentido por la oligarquía militar civil en contra de la nación venezolana, la pretensión de validar una mal llamada asamblea “constituyente” termina por disiparlas. Los venezolanos somos testigos de cómo se mantiene imperturbable ante el empobrecimiento acelerado que arrojó sobre sus compatriotas, con sus secuelas de hambre y muerte; de cómo, con extrema crueldad, reprime la justa protesta, con más de 100 asesinatos por parte de Guardias desalmados y bandas fascistas; de la sevicia con que lanza razzias contra residencias, y saquea hogares y negocios, sin miramiento alguno por la ley; de cómo arma expedientes falsos para inculpar a opositores, muchos de los cuales somete a torturas, y les niega sus derechos al justo proceso. Ahora esta oligarquía nos aclara que estos no son “excesos”, sino potestades que se derivan del “derecho de propiedad” que han venido a reclamar sobre Venezuela con su esperpento de asamblea.
A ver si nos entendemos. Una congregación privada, escogida entre quienes integran mafias militares y del PSUV, cuyas prerrogativas, por ende, son de estricto ámbito privado, ¡pretende arrogarse poderes constitucionales sobre el país! Que tal escogencia se haya hecho a espaldas del pueblo, único autorizado para convocar una asamblea constituyente, que se haya realizado en desapego a lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Magna, “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”, que fue rechazado por 7,6 millones de venezolanos consultados el 16 de julio, y que se haya plasmado en el fraude más descomunal, notorio y desvergonzado que registra nuestra historia, ¡qué importa! Había que ponerle sello de propiedad a los espacios, riquezas, tierras e instalaciones que conforman el país “Venezuela” reclamado por las mafias y, para ello, la asamblea inconstitucional. Los que habitamos el territorio somos superfluos y absolutamente prescindibles, un estorbo. Que estemos a favor o en contra, que tengamos algo que decir al respecto, es totalmente irrelevante.
Un ente que podría ser la “Asociación de jugadores de bolas criollas de Pariaguán”, pero que es en realidad la “cofradía de guapos y apoyados que controlan las armas”, se arroga unilateralmente ser depositario del poder constituyente originario que el artículo 347 de la Constitución reserva exclusivamente al pueblo soberano. ¡Y para remachar semejante exabrupto, tiene los santos riñones de declarar que asumirá las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, elegida por 14 millones de venezolanos! Desde la época de Gómez no se conocía una dictadura tan descarada y desvergonzada en sus pretensiones absolutistas. Y hasta el propio Benemérito encontró conveniente ampararse en la figura del gendarme necesario como justificativo de sus poderes despóticos. Pero para éstos, ¡nada! Bastó un arrebato de fuerza puro y simple de la cosa pública. ¿Para qué molestarse con excusas?
Artífices de tan vil y desembozado golpe de Estado son la cúpula militar corrupta, los abogados mafiosos disfrazados de jueces y todos aquellos que le hacen comparsa a la usurpación del orden constitucional esgrimiendo propósitos “revolucionarios”. Que tal golpe haya seguido directrices de la tiranía cubana -el peor despotismo que recuerda América Latina en los últimos 100 años- no hace sino agravar su crimen, pues permitieron que intereses contrarios a la patria la destruyesen definitivamente.
La comunidad de intereses que llamamos Nación, consustanciados en torno a valores y objetivos compartidos, y prestos a defenderlos y enriquecerlos entre todos, da lugar a una propiedad de intereses estrechos, exclusivos y excluyentes. Para ello hubo que desmantelarse la institucionalidad republicana -la autonomía y el equilibrio de poderes, la vigencia del estado de derecho- para entregarle el país a una parcela privada. La soberanía nacional como expresión de la voluntad de los venezolanos es reemplazada por la de una mafia en guerra contra la nación, con su ejército de ocupación -la Guardia que dejó de ser “Nacional”- sin freno alguno en su depredación de la cosa pública.
En nombre de esa propiedad se contrata sin licitación y con sobreprecios, se inventan negocios para ponerse en dólares regalados, se arrogan derechos monopólicos de importación y comercialización de lo que se les antoja, se expropian y/o extorsionan empresas, se endeuda para engrosar bolsillos propios, se intermedia en la compra de armas, en negociaciones petroleras y en concesiones mineras y, last but not least, se cobra por el tránsito de estupefacientes a mercados internacionales. Y de ahí su talón de Aquiles: no puede sustentarse en derecho legal alguno, ni nacional ni internacional, pues su razón de existencia obliga a violentar todo derecho que no sea el que se deriva de la fuerza.
En sus apetencias desmedidas de lucro, la mafia colocó al país en caída libre. Maduro, totalmente limitado para ejercer funciones de presidente, indispuesto por su talante fascista a entablar acuerdos con la oposición democrática, y llevado por su mente sociópata a destruir antes que ceder, terminó por inventarse un ente que socava las pocas bases de sustento que le quedaban. La esperpéntica asamblea, sin programa, proyecto, NPI de qué hacer con el país, se erige en circo para la cacería de brujas que barrería toda resistencia al abuso desenfrenado de tan ilegítima propiedad. Cumple tan sólo un propósito: amparar, en nombre de autocomplacencias “revolucionarios”, los desafueros de la mafia.
Mientras las fuerzas democráticas le arrebataban espacios al fascismo en la lucha política, éste optó por desconectar a sus menguantes huestes de la contienda real para ahondar en ellas un espíritu de secta. Lo que se apreciaban como disparates estrafalarios que terminaría por hundirlo, devino -por complicidad de militares corruptos- en el diseño para el usufructo exclusivo y excluyente del poder! La mafia, en su insólita miopía, prefirió lanzarse en caída libre, sin paracaídas, detrás de las oportunidades de lucro que todavía quedan, v.g., el Arco Minero. Lamentablemente, arrastra consigo al país: “Apres moi le deluge”. Nos sumergimos, así en el reino de la anomia, de la ley del más fuerte, del dominio de las mafias militares que se han apoderado del país. ¡Pero el botín se les cae a pedazos! Han arruinado a la economía, se quedaron sin plata, nadie les quiere prestar, sus negocios ilícitos están cada vez más perseguidos internacionalmente y han perdido toda credibilidad. El país se les levanta como el proverbial cuero seco de Guzmán, porque nada de lo que se haga va a aliviar sus penurias.
Felizmente, la dirigencia democrática, empieza a recuperarse del salto al vacío Madurista. Ahora, más que nunca, toca defender el paracaídas constitucional que evite el estrellamiento definitivo del país. Esto implica recuperar el liderazgo que había construido tan arduamente encabezando las luchas contra la usurpación dictatorial. Retomar la iniciativa y sacudir el desconcierto debe basarse en la movilización de las fuerzas nacionales e internacionales que contribuyan a detener el atropello de las mafias. Las elecciones regionales pueden ser de importancia para ello. Hace falta, además, un programa coherente, sostenible y viable de recuperación del país, de anaqueles llenos, de precios al acceso de los salarios, de empleo productivo y creciente bienestar. Venezuela tiene con qué, si se saca a esa mafia parasitaria y criminal de encima. Importante es subirle los decibeles a la denuncia internacional, concertar apoyos aún más comprometidos por parte de los países vecinos y enfrentar en todos los tableros las pretensiones de la asamblea fraudulenta. Finalmente, debe conminarse a la Fuerza Armada y a los poderes constituidos de que se abstengan de ser brazos ejecutores de decisiones ilegales que acarrean penalizaciones que, tarde o temprano, serán cobradas. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.