Los ciudadanos panameños aprueban que se le imponga visado a los venezolanos que quieran ingresar al país a partir del 1 de octubre próximo, más agobiados por la situación interna que por lo que pasa en Venezuela, e incluso le dan poca importancia a la reciprocidad que anunció Caracas. EFE
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció el martes que los venezolanos necesitarán “visa estampada” para ingresar a Panamá, lo que implica que una solicitud será contestada probablemente en un mes, una vez pase los controles de las autoridades de seguridad, previo pago de 50 dólares.
En tanto, los 25.000 “chamos” que están censados en Panamá con un estatus no permanente, tendrán la oportunidad de regularizar su situación, en un gesto de solidaridad manifestado por Varela, aunque su ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, advirtió hoy que “no todos” reunirán los requisitos y tendrán que “salir del país”.
Otros 35.000 venezolanos tienen un estatus regular, muchos de ellos llegados al inicio del Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), con su familia, empresas y fortuna, quienes han invertido en este país.
Estos suramericanos no serán molestados con este requisito, ni tampoco los que tengan visa estadounidense, canadiense, australiana o japonesa, aclaró la Cancillería panameña.
“Al fin hace algo bueno este cobarde”, sentenció en un tuit el joven panameño José Pineda sobre su presidente, mientras su compatriota Jeannette A. pregunta “¿Y quien querría ir allá ahora?” en un mensaje dirigido a Efe sobre el anuncio del canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que obrará con “reciprocidad” ante la medida “antiintegracionista” de Panamá.
Muchos panameños creen sinceramente que el país está “invadido” por “venecos”, porque “los ven por todas partes” y “les quitan trabajo”, una percepción incentivada por políticos opositores y abogados que rechazan la política de apertura migratoria que tuvo la anterior administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y que Varela moderó por la presión ciudadana.
Pero los argumentos del gobernante pueden reforzar esta percepción porque “la ruptura del orden democrático en Venezuela”, según el mandatario, pone en riesgo “nuestra seguridad, nuestra economía y las fuentes de empleos” a raíz del masivo flujo migratorio de esa nación.
De cara al exterior, Venezuela acusó a Varela de seguir “órdenes” de Estados Unidos porque el endurecimiento de su política hacia Caracas se ha dado tras la reunión en abril pasado con el presidente Donald Trump y el anuncio de medidas migratorias se atisbó la semana pasada en plena visita del vicepresidente Mike Pence.
Y desde sectores políticos opositores panameños este miércoles se cuestionó la “utilidad” de la medida contra los venezolanos, los que se supone “víctimas” de la “dictadura de Nicolás Maduro”.
A esta situación se suma que la aerolínea venezolana Santa Bárbara (SBA Airlines) anunció que a partir del 1 de septiembre interrumpirá su ruta Caracas-Panamá por “reestructuración” de itinerario, mientras Copa Airlines se mantiene junto a Avior Airlines.
Probablemente una medida más efectiva contra su colega Maduro de parte de Varela sería prohibirle el ingreso a Panamá a él y a todo su gobierno, o congelarle fondos a ese régimen y a sus colaboradores si los tiene en el Centro Bancario Internacional, si se considera que están cometiendo delitos de lesa humanidad.
Ya desde el pasado 1 de abril la embajada de Panamá en Venezuela no acepta pago de trámites consulares en moneda local, solo en dólares estadounidenses, y que sean depositados exclusivamente en la cuenta de la “Autoridad Marítima de Panamá, Sección Consular Caracas Venezuela” en el Banco Nacional de Panamá, según publicó en su página web.
Mientras tanto, la colonia venezolana en Panamá mantiene prudente silencio y se espera que en los 38 días restantes que les queda de ingreso “libre” se de un movimiento mayor de emigrantes de ese país, que solo tienen que portar su pasaporte vigente, boleto de avión de ida y vuelta y 500 dólares de solvencia.