Caso emblemático de mediados de los sesenta del XX, la desaparición de Alberto Lovera movilizó a la opinión pública, al parlamento y a la administración de justicia que, después, descubierto el cadáver, estableció las debidas responsabilidades. Difícil denuncia, hubo libertad de prensa para ventilarla, cámara de diputados para investigarla y jueces para sentenciarla.
Iniciándose los noventa, prendió una intentona golpista con un saldo de numerosos muertos y heridos. Y el responsable de la operación en la ciudad capital, Chávez Frías, no sólo fue exhibido y escuchado por todo el mundo, sino conducido a un centro de reclusión con garantía plena de su integridad personal y la de sus socios de aventura.
Demasiado evidente es el contraste que ofrece la nueva y aterrorizada centuria, prevaleciendo la (auto) censura y el bloqueo informativo, la confabulación de poderes contra la Asamblea Nacional, utilizados los tribunales sólo para perseguir y encausar a disidentes y opositores. Y, para más señas, simbolizando al régimen, con un Defensor del Pueblo que es, a la vez, Fiscal General.
A nadie le responde la dictadura por el paradero de Rafael Isaías Baduel, quien puede considerársele como desaparecido aun encontrándose – paradójicamente – bajo la entera e inequívoca responsabilidad del Estado, y mucho menos ella expone al capitán Juan Caguaripano Scott, cuya invisibilidad facilita cualquier conjetura en relación a las torturas que padece. Por graves que fuesen los hechos, la suerte personal de uno y otro, añadido lo acaecido en el Fuerte Paramacay, únicamente cuenta con la escasa o nula versión oficial, sin oportunidad alguna para la más elemental indagación de periodistas y parlamentarios.
Por lo menos, el injusto e injustificado caso de Lovera contó con una legítima resonancia que evitó, por cierto, la fácil repetición de un crimen político. Caso que ahora interpela al de Baduel y Caguaripano Scott, pues, al momento de suscribir el presente texto, nada se sabe de ellos.
@LuisBarraganJ