El inventario más fresco de bienes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, detectado por la Fiscalía General, data apenas del 16 de julio pasado, reseñó el diario colombiano El Tiempo.
Ese día, investigadores de Policía judicial encontraron 27 predios de señalados testaferros de Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’, y del frente 48. Fueron en total 14 fincas en Puerto Leguízamo, Putumayo; 5 en Florencia y una hacienda en Cartagena del Chairá, Caquetá. Además, una lujosa propiedad en Garzón, Huila; cuatro casas en Bogotá y cuatro más en Medellín y en Bello, Antioquia.
Al listado se unieron 17 propiedades de un comerciante ligado a la empresa Multiservicios y Transporte La Dulzana S. A. S., en el Meta, a quien le atribuyen nexos con el frente 40.
En total, son más de 450.000 hectáreas de terreno, repartidas en 10 departamentos y valoradas en más de un billón de pesos, que no figuran en el polémico listado elaborado por las Farc, entregado a la ONU y revelado esta semana, desatando una tormenta.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue el encargado de alertar de que los activos entregados por la exguerrilla al gobierno Santos ni siquiera están identificados catastralmente, lo que impide su localización y uso para indemnizar a los cientos de víctimas.
Además, reveló que incluyeron en el inventario de activos desde exprimidores de naranjas hasta pocillos, platicos y sal de frutas, acto calificado como una burla por algunos sectores.
Y si bien hay total consenso de que las Farc cumplieron a cabalidad con el cese unilateral de hostilidades y con los acuerdos de concentración y desarme, la información que entregaron sobre su fortuna, inicialmente negada, tiene en un terreno fangoso ese punto del acuerdo de paz.
La controversia surge en la antesala de su lanzamiento como partido político, una apuesta que le costará al país 39.688 millones de pesos y en la que se medirá el compromiso de los jefes de esa organización con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Sobre el papel, las reglas están claras: el que mienta o trate de quedarse con la plata que debe ir a las víctimas perderá los beneficios de pena alternativa.
De hecho, el Gobierno se apresuró a anunciar la expedición de un decreto en el que creará una comisión adicional para verificar el listado de bienes entregado por las Farc.
Y la exguerrilla también reaccionó. Pastor Alape calificó de mentirosas las declaraciones del fiscal Martínez, a quien acusó de hacer una presentación amañada del inventario y de omitir que hay más de un billón de pesos en la relación de activos, incluido oro y efectivo. Según dijo, su listado incluye datos de 606 fincas, 42 casas, 292 medios de trasporte. Así mismo, de 20.724 cabezas de ganado, 587 caballos. También, 2.500 millones de pesos en efectivo y 450.000 dólares.
Contabilidad perdida
“El inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente (…); la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario”, dijo el exjefe guerrillero.
En efecto, en manos de la Fiscalía hay miles de tera-bytes de información desencriptada de los computadores de varios jefes guerrilleros, recuperados en operaciones militares.
Por esa vía, la fiscalía 30 especializada en extinción, en un trabajo conjunto con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ejército Nacional, ha logrado ubicar bienes de la red de apoyo del bloque Oriental y del bloque Sur.
Incluso, ya se trabaja en la desarticulación financiera de los frentes disidentes primero y séptimo, y el frente internacional, del que muy poco se habla.
En ese terreno, la Fiscalía tiene información sobre activos de la exguerrilla en los estados de Barinas y de Apure, en Venezuela, donde solían refugiarse sus jefes. Además, empresas en Panamá, Ecuador y Costa Rica.
De hecho, desde ese país centroamericano, y gracias a un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, se rastrean giros a Suecia y a Suiza, a través de un extranjero que llegó al país en la época del Caguán con pasaporte diplomático.
Con él como puente, ya están documentados movimientos en oro y divisas a través de empresas en Zúrich. Ómar Zabala, conocido como ‘Lucas Gualdrón’, miembro de la llamada Comisión Internacional de las Farc, es la clave.
En cuanto a Costa Rica, el abatido Raúl Reyes tuvo allí uno de sus centros de operaciones como jefe del frente internacional. Y en ese país están refugiados familiares de jefes guerrilleros, entre ellos los de Pablo Catatumbo.
De hecho, en una sola operación y gracias a la colaboración de sus autoridades, Colombia recuperó 480.000 dólares (suma idéntica a la del listado de Alape), de cuya existencia dio cuenta el famoso computador de Raúl Reyes.
A eso se unen los testimonios de desmovilizados y seguimientos a operaciones en sectores como la construcción, la ganadería y hasta la minería de coltán.
“Estamos rastreando también las marcas de hierro que traen las reses encontradas que están supuestamente ligadas a las Farc. A través de ellas se realiza una búsqueda masiva de bienes de los propietarios de esas marcas”, explicó el superintendente de Notariado, Jairo Mesa Guerrero.
Las trampas
La Superintendencia de Notariado identificó seis tipos de trampas a través de las cuales miembros de las Farc se apropiaron de 150.143 hectáreas en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Entre otras, hallaron suplantaciones de campesinos que aparecen vendiendo, falsedad documental de escrituras, modificaciones ilícitas de áreas y la adjudicación de bienes baldíos de la nación a ganaderos y comerciantes millonarios, identificados por pobladores como testaferros de las Farc.
La dimensión de ese comercio ilegal de tierra bajo el manto revolucionario la dan las cifras de bienes listos para extinción: solo entre el 2016 y lo que va del 2017, la Fiscalía ha ocupado bienes por 1,7 billones de pesos de señalados testaferros de las Farc. Y hay 15 órdenes de trabajo en similar sentido y cuantía.
Hace menos de un mes, se ocuparon predios tasados en 9.000 millones de pesos a nombre de Jaime Cuítiva Quintero y su núcleo familiar. Las propiedades están en San Vicente del Caguán (Caquetá), Cali y Tuluá (Valle del Cauca), así como en Bogotá, y el hombre asegura que los compró con dinero que cayó de una avioneta que sobrevolaba su finca en el Caguán.
La versión que dieron varios desmovilizados era bien diferente: los predios, en realidad, se compraron con plata de secuestros y narcotráfico de la columna ‘Teófilo Forero’, cuyo jefe es Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa.
Los expedientes ya iniciados tienen 3.961 propiedades, de las cuales hay 1.726 en el Meta, 809 en Cundinamarca, 629 en Caquetá, 262 en el Valle, 98 en Antioquia, 98 en Arauca y 60 en el Quindío.
Son en total 118 procesos: 23 ya tienen sentencia de extinción de dominio, hay 13 en juicio y los demás están en fase inicial.
Lo que muestran las investigaciones son inversiones y propiedades originadas en la explotación ilegal de tungsteno y coltán, en Guainía, de las que no se hablan en el inventario oficial. De hecho, más de cinco millones de dólares fueron lavados a través de una empresa minera, American Mineral World S. A. S., que también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio.
Caletas, pendientes
Y hay millonarias inversiones en el sector de la construcción, en casas de cambio y en estaciones de gasolina en los departamentos del suroriente del país.
Otra veta de la riqueza de las Farc que no se refleja en la relación de bienes entregada a la ONU es la de las caletas. La exguerrilla habla allí de 19.000 millones de pesos, y según Alape, se trata de dinero ya incautado por el Estado. Pero lo que muestran los computadores va mucho más allá de esos datos. Cada frente de las Farc manejaba un programa de Excel con gastos e ingresos denominado Contabilín.
En el 2015, cuando una quirúrgica operación de la Fuerza Pública acabó con el ‘Becerro’, jefe del frente 57, considerado uno de los grandes narcos de la guerrilla, también cayó su computador personal. Solo el frente 57 tenía una docena de caletas y se sabe que los frentes más ricos eran los de los bloques Sur y Oriental.
En la pestaña denominada ‘Caletas’ se reseña el origen de la plata, la cantidad exacta de billetes, la denominación en pesos o dólares y el ‘caletero’ o guerrillero que conoce la ubicación del entierro.
En noviembre del 2014, ya en pleno proceso de paz, estas eran las cuentas del ‘Becerro’: por lo que el frente 57 llamaba ‘caso Pichindé’, se relacionaban 1.050 billetes de 100 dólares (US$ 105.000), 11.800 billetes de 20 dólares (US$ 221.600) y 1.400 billetes de 50 dólares (US$ 70.000). En esa sola caleta había casi 400.000 dólares, casi lo mismo que reporta ahora toda la organización en su relación de bienes, además de 355 millones de pesos en efectivo.
Por el caso ‘Salinas Truandé’, la caleta tenía 6.368 billetes de 20 dólares (US$ 127.500) y 1.881 billetes de 100 dólares (US$ 188.100), además de 260 millones de pesos en billetes de 50).
A esos millonarios pendientes de las caletas se le une una polémica adicional. En el inventario en manos de la ONU figuran supuestos bienes ‘incautados a la mafia’, activos que claramente salen desde ya del mapa de la reparación de las víctimas. Igual sucede con los 210.000 millones de pesos que, según las Farc, vale el armamento entregado, y otros 196.000 millones que supuestamente costó la construcción de carreteras y puentes en sus zonas de influencia.
“Requerimos que a la mayor brevedad designen unos delegados que se encarguen del proceso de entrega material previa identificación e individualización; verificación de la concordancia entre su descripción y el inventario; en relación con todos y cada uno de los bienes anunciados en el inventario aludido”, le escribió a Rodrigo Londoño Echeverry, jefe de las Farc, el secretario de Casa de Nariño, Alfonso Prada.
Y tanto el país como la comunidad internacional esperan una respuesta.
Cerca de la mitad del inventario no puede usarse para reparar a las víctimas
La entrega de bienes para reparar a sus víctimas fue, de lejos, el compromiso más incumplido por los paramilitares que firmaron la paz con el gobierno de Álvaro Uribe en la década pasada.
Mientras el Estado colombiano ha invertido 8 billones de pesos en la reparación administrativa para las víctimas, los ‘paras’ han entregado, en los 12 años que lleva vigente la Ley de Justicia y Paz, bienes por un valor de 303.003 millones de pesos.
La mitad de esos bienes, además, sigue teniendo hoy líos legales, por lo que no se han podido destinar a compensar a los afectados por la violencia de las Autodefensas.
Impedir que esa historia se repita es, precisamente, uno de los grandes retos del proceso con las Farc. De hecho, hay alarmas encendidas porque en el inventario que entregó la guerrilla la mayor parte de propiedades no puede usarse para restituir a las víctimas.
Esos bienes, según las cuentas de las Farc, valen casi un billón de pesos. Pero, de facto, hay que descontar aproximadamente la mitad, porque corresponde a activos que no sirven para indemnizar a las víctimas: armas, infraestructura vial e inversión social.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, la mayoría de los predios rurales relacionados son baldíos, es decir, son propiedad de la Nación. La guerrilla declaró que sus inmuebles tienen un valor de 441.503 millones de pesos. Pero, según la Superintendencia de Notariado y Registro, de las 275.000 hectáreas que dicen tener las Farc, al menos 240.000 están en zonas protegidas y no pueden ser adjudicadas a campesinos.
Identificar el ganado será otro problema, pues, de acuerdo con el ente investigador, de las 20.724 reses presentadas una mínima parte –no más de 150– están claramente identificadas por su hierro y ubicación.
Por otra parte, 21.311 millones de pesos equivalen al valor de los ‘equipos y enseres’, uno de los temas que más levantó ampolla sobre el inventario, pues fueron incluidos desde uniformes hasta enseres como exprimidores de naranja, pocillos y platos.
Frente a las críticas, las Farc se defendieron y en un comunicado señalaron que “el inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas”.
UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA