El régimen socialista de Venezuela ha consolidado un control político casi total después de instalar una asamblea constituyente todopoderosa. Resolver la crisis económica y conseguir $3.500 millones para los pagos de bonos hasta noviembre resultará más difícil.
El presidente Nicolás Maduro logró superar las violentas manifestaciones callejeras, el discurso estadounidense sobre la fuerza militar y varias rondas de sanciones. Su nueva asamblea constituyente está eludiendo al congreso y se espera que comience a redactar una nueva Constitución esta semana.
Pero el resultado final puede ser que Maduro tenga la responsabilidad exclusiva del colapso financiero terminal de un país que fue rico.
Maduro ha estado buscando nuevos salvavidas financieros en Rusia en tanto ha reducido las importaciones, cancelado deudas y vendido o hipotecado activos con un fuerte descuento. Al 31 de julio, el gobierno había acumulado $2.800 millones para sus pagos de noviembre, según la firma consultora con sede en Caracas Ecoanalítica.
No pagar las deudas podría profundizar las restricciones económicas del país y los acreedores podrían comprar activos de Venezuela en el exterior —de todo, desde refinerías hasta buques petroleros y estaciones de servicio— debilitando aún más su capacidad exportadora.
No obstante, su director Asdrúbal Oliveros, se mostró escéptico respecto de que, más allá de este año, el gobierno pueda cumplir si continúa alienando a los inversores y a los líderes regionales. “El gobierno sigue atrapado en la misma dinámica, está sosteniendo un sistema insostenible”, dijo.
El nudo se sigue ajustando. La semana pasada, el gobierno de Trump prohibió la negociación de deuda nueva emitida por el gobierno venezolano y la compañía PDVSA, y bloqueó las operaciones en algunos bonos existentes que son propiedad del sector público del país. La prohibición está destinada a evitar que las entidades públicas venezolanas puedan vender bonos en el mercado secundario.
Dado que Venezuela se encuentra económicamente aislada, la inflación se ha disparado y el país se ha visto arruinado por la escasez de todo, desde repuestos para autos hasta medicamentos básicos. La mortalidad infantil y enfermedades como la malaria han aumentado, en tanto servicios deficientes y planes alimentarios poco confiables han impulsado una agitación violenta entre quienes fueron en su momento leales a Maduro y a su mentor, Hugo Chávez.
Venezolanos como Adriana Rangel, una secretaria de 39 años, acuden en masa todos los días a los cajeros automáticos ya que los retiros están limitados a unos pocos dólares. Esperando en la fila de un banco en el distrito de negocios en el este de Caracas, Rangel se quejó de las horas que pierde cada semana con esta rutina.
Maduro no ha dicho cómo mejorará los problemas de Venezuela, desde que asumió el mando después de la muerte de Chávez en 2013, Maduro, de 54 años, insiste en que los males del país no son consecuencia de una mala política, sino más bien de una ofensiva librada por los enemigos de su gobierno de izquierda. Se ha negado a relajar los controles económicos implementados por su predecesor pese a que el precio del petróleo, la savia de Venezuela, se desplomó.
Información de La República