El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, considera “una revolución” que la OEA celebre audiencias para determinar si se debe llevar a Venezuela ante el tribunal de La Haya. EFE
“Esto es histórico, que en este edificio hermoso de la OEA vengan víctimas venezolanas a discutir frente a los embajadores si el caso tiene que ir a la Corte Penal Internacional es histórico”, subraya el abogado argentino en una entrevista con Efe.
Moreno Ocampo fue el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012) y desde julio trabaja “ad honorem”, sin remuneración, como asesor especial para crímenes de lesa humanidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El jurista está a cargo de las audiencias que comenzaron esta semana en el organismo para recabar información sobre la actuación de las autoridades venezolanas y que un panel de expertos independientes dirima en octubre si hay base para llevar el caso a la CPI.
“Estamos combinando víctimas venezolanas, Estado venezolano, OEA, la corte de La Haya, esto es único, nunca pasó”, enfatiza el letrado.
“Y la consecuencia de eso puede ser que de pronto haya 10 o 20 Estados de las Américas que decidan que efectivamente hay que abrir una investigación en La Haya y ellos lo pueden hacer, un Estado que manda el caso a La Haya abre la investigación, por eso esto es histórico”, explica, recordando que nunca antes un Estado ha denunciado a otro ante esa corte.
En sus nueve años como primer fiscal de la CPI, Moreno Ocampo (Buenos Aires, 1952) siempre se preguntaba: “Por qué no hay nadie en el sector político que entienda lo que hacemos, cómo no toman ventaja”.
“Lo que estamos haciendo es fusionando dos mundos que no se fusionaban, esto que está acá es una revolución, puede ser una revolución para América del sur”, considera el abogado, que alcanzó la notoriedad como fiscal adjunto en el célebre “Juicio a las Juntas” de 1985, contra integrantes de las Juntas Militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura (1976-1983).
“Yo soy argentino -prosigue-, en mi país la CIDH de la OEA paró la masacre, veinte años después tenemos la posibilidad de que la OEA mezclándose con la Corte Penal Internacional ayude a Venezuela a encontrar su cauce, y que no haya crímenes y no haya violencia”.
Para ello, la OEA celebrará cuatro audiencias públicas en su sede de Washington: con representantes de la sociedad civil, con militares, con jueces y fiscales, y una última con diplomáticos y líderes políticos venezolanos.
“Estamos trayendo al seno de la OEA, frente a los embajadores, a personas que nos expliquen lo que ocurrió y tenemos que ver si se reúnen los requisitos que exige la ley de la CPI”, indica.
“No basta mostrar muertos en la televisión, hace falta mostrar que son delitos cometidos como parte de un ataque masivo o sistemático a la población civil”, precisa.
De las audiencias celebradas destaca la comparecencia del general mayor Hebert García-Plaza, quien explicó que el “Plan Zamora” adoptado el pasado abril “establece que civiles que no coinciden con la ideología (del Gobierno) son enemigos”, y narró cómo esto influye “en cómo se reparte la comida a la gente más pobre”.
“Esto yo nunca lo había visto así”, subraya.
En octubre declararán jueces y fiscales para ver “cómo funciona el aparato judicial”, porque, recuerda, “si hubiera investigaciones genuinas en Venezuela la Corte Penal no debería intervenir”.
“El mejor resultado posible sería que el Gobierno de Venezuela diga ‘hemos hecho las cosas mal, ahora vamos a investigar estos hechos’, y que haya investigaciones genuinas en Venezuela y no haya crímenes y que nunca intervenga la CPI”, señala.
“Cualquier proceso de paz debe incluir que va a haber justicia nacional genuina en Venezuela”, subraya.
Moreno Ocampo considera “obvio” que algunos embajadores de la OEA -incluso los críticos con Maduro- tengan sus reservas sobre esta iniciativa insólita en los casi 70 años de historia del organismo.
“Estamos inventando el camino mientras lo caminamos, cosa que a un embajador no le gusta, un embajador quiere estar seguro, pero está todo bien, es un proceso muy claro”, asegura.
El letrado tiene clara su motivación para este reto: “ayudar a otros actores, políticos, medios, a que entendamos un poco más cómo la CPI puede ser tan útil, en el mundo de hoy el único 911 de llamado de emergencia es la Corte Penal Internacional y no creo que estamos aprovechándola”, concluye.