El coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, denunció que el presidente de la República Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea nacional constituyente pretenden “enterrar la Constitución” al torcer las reglas del juego electoral del próximo domingo 15 de octubre. “Estamos ante una situación muy difícil para la democracia cuando se intenta profanar el derecho del elector a poder elegir”.
Nota de Prensa
Aseguró que el CNE coloca obstáculos, “a lo más sagrado de una democracia que es el elector quien ejerce el derecho constitucional del sufragio” cuando desde su posición de ente rector, “que en lugar de facilitar, vulnera y mutila la soberanía colocando una especie de cerco eléctrico para que el votante no se pronuncie”.
En su opinión, existe un discurso “hipócrita” por parte del gobierno cuando habla de la democracia en Venezuela. “Hablan de democracia a su manera cuando la cercena dando reubicaciones en forma ligera y caprichosa cuando faltan pocas horas para un proceso electoral que todos estamos esperando”.
El jurista destacó que todo esto ocurre mientras la población, “sufre de hambre y por falta de medicamentos y para colmo, es víctima de la zozobra y la represión, arrodillado por el temor de expresar sus ideas porque el gobierno las combate con balas y con cárcel”.
En cuanto al desempeño del Plan República, Rafael Narváez enfatizó que su función pasó del resguardo de los centros y el material electoral, “a un mecanismo lleno de trabas y amedrentamiento en contra del elector” cuando los efectivos militares que participan tienen muy poco conocimiento de la importancia de este derecho ciudadano. “Quien dirige hoy el Plan República es un hombre que se ha convertido en un activista político”, por lo que a su parecer, no hay confiabilidad ni la sensación del que el elector se sienta protegido mientras ejerce su derecho al sufragio.
Por otra parte, deploró el accionar del Fiscal general de la República designado, Tarek William Saab quien anunciara sacar a la calle a miles de funcionarios del Ministerio Público el próximo domingo para garantizar las elecciones. “Esa no es competencia del Ministerio Público. Como garante de la legalidad su función es la de monitorear y observar el comportamiento de los cuerpos de seguridad de Estado para que no perturben este derecho constitucional”.
Precisó que quienes si deben estar en la calle ese día son los representantes de la Defensoría del pueblo y de las ONG,s de activismo de los Derechos Humanos a fin de estar vigilantes de una jornadas electorales, “impregnadas de torceduras y obstáculos, además del discurso violento y encendido del Primer mandatario cuando amenaza con la juramentación que tendrán que hacer los gobernadores electos a la estafa que significa la Asamblea nacional constituyente”.