La comisión conformada a instancias del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realiza este martes la segunda ronda de audiencias para determinar si hay fundamentos para llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, en la que intervienen el alcalde destituido del municipio El Hatillo, David Smolansky, el alcalde de Campo Elías de Mérida, Omar Lares, y el coordinador político del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, entre otros.
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Al iniciar la sesión, Smolanky expresó que “lo importante no es solo denunciar, sino intentar proteger a los alcaldes que aún continúan en funciones para que no sean perseguidos. Más del 30% de ellos están siendo investigados. Ir en contra del ideal bolivariano estamos siendo perseguidos por Nicolás Maduro y Maikel Moreno (presidente del TSJ)”.
“Me llama la atención que en Venezuela se han asesinado más de 180 mil venezolanos por causa de la inseguridad”, aseguró.
Al ser consultado sobre la forma como salió de Venezuela, expresó que pasó por varias alcabalas en donde le revisaron su vehículo, pero no lograron identificarlo. Entretanto, la policía federal de Brasil lo esperaba para escoltarlo.
También destacó que “el TSJ es cómplice y ejecutor de las sentencias de los 12 alcaldes que han sido víctimas del Gobierno. No violamos la ley, solo protegimos a más de 10 millones de venezolanos. Responsabilizo a Maikel Moreno, Juan José Mendoza y a Nicolás Maduro por lo que pueda suceder a familiares de los alcaldes en Venezuela. Hoy los tribunales de Venezuela no están actuando de manera independiente sino que están a favor de una parcialidad política y perseguir a autoridades opositoras”.
Detalló que la persecución a los alcaldes opositores comenzó al ser convocados por Maduro a una reunión con las autoridades municipales. “Se quiere desmantelar a todas las alcaldías de Venezuela con el Plan de Patria y el plan comunal. Esa es una forma de desconocer a los alcaldes electos por el pueblo”, insistió.
Omar Lares, alcalde de Campo Elías, estado Mérida, también detalló el secuestro de su hijo Juan Pedro Lares Rangel, quien está privado de su libertad por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide desde el 30 de julio.
“Se presentó a la casa un grupo comando del Sebin y colectivos armados con la intención de capturarme. Estábamos mi hijo de 14 años, mi hijo de 23 años, mi esposa y yo. Fue torturado y esta situación me coloca entre la espada y la pared a pesar de mi experiencia política”, aseveró.
“Mi hijo tiene doble nacionalidad y estamos haciendo diligencias con embajada y consultado de Colombia para que ellos intervengan porque el delito de él es ser hijo de un dirigente político perseguido. Hay otros actores políticos que adversan al gobierno que sus familiares son perseguidos, como Lilian Tintori, el hermano de José Manuel Olivares, la hermana de Gilber Caro, entre otros casos. Hay un plan sistemático y reiterativo en contra de las autoridades legítimamente electas”, indicó Lares.
“Sabemos que está en Sebin de El Helicoide porque lo llaman ‘El Rehén del Helicoide’ y lo han visitado autoridades consulares, quienes nos detallan que tiene problemas de salud. Tememos que sea víctima de represión por estas declaraciones que estoy ofreciendo”, insistió.
“En el caso de mi hijo, hay una ‘orden superior’ de mantenerlo preso para que yo me regrese al país y me entregue. Mi asistente recibió una llamada telefónica por una persona que se identificó como General, quien le indicó que si yo me entregaba, liberarían a mi hijo. No tengo orden de aprehensión ni allanamiento de morada”, expresó.
Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, expuso la situación en la que se encuentran los actores políticos de esta tolda política.
“En el 2014, junto a Leopoldo López, estudiantes, María Corina Machado y Antonio Ledezma, advertimos a los venezolanos la situación que se nos avecinaba y en la que está actualmente. Eso fue el 14 de febrero y tras la marcha, resultaron varios hechos violentos en los que resultaron dos personas fallecidas, por lo que culparon a Leopoldo López”, detalló Vecchio.
“Cinco días después de la orden de captura a López, me llega la citación, solo por razones políticos. La juez Ranelyz Tovar -quien dictó la orden de captura- y el fiscal que se encuentra fuera de Venezuela- aseguran que la decisión fue por presión de Nicolás Maduro. Desde el 17 de febrero me encuentro en la clandestinidad”, detalló.
“Mi temor era mi hijo, que mi esposa perdiera el bebé. Fueron tres meses de resguardo, hasta que nos tocó tomar la decisión de dejar nuestro país por razones políticas. No soy el único que está en exilio, me siento preso porque quiero seguir luchando por mi país”.
“Lo que le ocurre a mi partido le sucede a todos los partidos opositores y a los venezolanos que piensan distinto. Si regreso a Venezuela puedo ser acusado de traición a la patria”, insistió.
Recalcó que “a través de los medios de comunicación del Estado nos someten al escarnio público. Los poderes públicos se utilizan para perseguir a los todos los dirigentes que piensan diferente. Señalo los casos de César David Pereira, José Gregorio Blanco, Geraldine Moreno, Neomar, Pernalete, venezolanos asesinados por pensar distinto”.
Aseveró que “quienes están presos en Venezuela están sometidos a una muerte en cámara lenta, por no recibir atención médica adecuada ni oportuna. Mientras hablo aquí hay 28 dirigentes de nuestra organización presos. Leopoldo López fue sometido a torturas, a tratos inhumanos, aislamiento, requisas diarias en la cárcel de Ramo Verde y continúa preso en su casa. Tenemos más de 159 con medidas cautelares que pueden ir presos en cualquier momento”.
Alertó que mientras conversan en la OEA, aumentará la presión en Venezuela. Todos los demócratas tenemos que ayudar a nuestros pueblos para mantener vivo el lema de ‘morir en nuestra tierra'”.
Consideró que “el carnet de la patria es uno de los mecanismos para generar sumisión y aplicar política de terror. Fue usado como medida de control en las elecciones regionales, así como también las bolsas de comida Clap”.
“Muchos de los ataques a los dirigentes políticos es a través de los medios de comunicación del Estado es incitación al odio. No podemos hablar de libertad de expresión en los medios de comunicación en Venezuela porque son sometidos por el régimen ya sea por cierre, no renovación de concesiones, compra de esos medios y/o persecución a periodistas. Estamos ejerciendo una profesión de alto riesgo por expresar nuestras ideas”, indicó.
Explicó que “desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, comenzó la desmantelación del país. En el 2003, con la firma del revocatorio, hemos sido discriminados por el Gobierno. El patrón de persecución se ha ido profundizado día a día. Cuando Maduro hace un llamado a actuar contra Voluntad Popular, nos dice que no puedo acudir a ningún poder y, por el contrario, somos sometidos a la persecución”.
Desde la OEA denunciando al gobierno de Maduro https://t.co/O6bLyoU0wx
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 17, 2017
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