Si me pidieran describir el modelo económico que el gobierno ha impuesto a los venezolanos en los últimos dieciocho años, es decir, durante las gestiones del Presidente Chávez y del Presidente Maduro, diría que son la aceleración de un proceso que se inició en los primeros años de la democracia venezolana (finales de los años 50s y comienzos de los años 60s del siglo XX), y que se acentuó a mediados de los 70s del siglo XX: la pérdida de libertades económicas por parte de la sociedad. Estos años recientes han sido la exacerbación de unos males que ya veníamos padeciendo.
El Estado se ha hecho cada vez más interventor en la actividad económica: propietario de los recursos naturales y el subsuelo, dueño de empresas en diversos sectores (principalmente petroleras y de industrias básicas: minería, etc., bancos, servicios públicos, salud, educación), es el mayor terrateniente, aumenta la regulación de la actividad privada, elevados impuestos, controles de precios y de tipo de cambio, barreras al libre comercio, proteccionista de la industria nacional, etc.
Se va desarrollando un entorno cada vez menos propicio y estimulante de la actividad económica, y privada en particular; menos propicio a la empresarialidad. Venezuela se ha hecho cada vez más dependiente del ingreso petrolero, menos diversificada, más mono-productora. Cada vez más vulnerable a la volatilidad del mercado petrolero mundial.
Un Estado cada vez más grande: un mayor gasto público, que en las épocas de bonanza petrolera (principal, por mucho, generador de divisas del país) es más fácil cubrir; aunque desde los años 70s del siglo XX, el déficit fiscal se hizo estructural. El déficit se cubre principalmente con endeudamiento público y con inflación.
La inflación se convirtió prácticamente en la política monetaria: fundamentalmente a partir de febrero de 1983, los gobiernos le “agarraron el gusto” a cubrir déficit inflando la moneda. El Banco Central de Venezuela, que en su historia desde sus inicios en 1940 ha venido perdiendo autonomía, dejó de cumplir su mandato constitucional de preservar el valor de la moneda; se alineó a los intereses del gobierno. La inflación anual es cada vez mayor y más volátil.
Un entorno como el descrito no puede sorprender que estimule la fuga de divisas: la Cuenta Capital se hizo estructuralmente negativa, se alejan los capitales y la inversión tanto de nacionales como de foráneos. Las reservas internacionales sólo crecen gracias a años positivos de la balanza comercial (básicamente gracias a los ingresos petroleros), y a emisión de deuda en moneda extranjera. De resto, los capitales se fugan, lógicamente. Desde hace un buen tiempo, los venezolanos no confiamos en que nuestra moneda pueda preservar el fruto de nuestro esfuerzo diario: preferimos ahorrar en una moneda extranjera “dura”, que en la nuestra. Y precisamente es por esta razón por la que a una moneda se le llama “dura”.
Se hicieron más frecuentes los controles de cambio, esperando que éstos pudieran frenar la fuga de capitales, cosa que lógicamente funciona por muy breve tiempo y al principio del control; es decir, no resuelve el problema de fondo.
Ahora, el gobierno del Presidente Chávez, y así el del Presidente Maduro, lo que hizo fue exacerbar los errores del pasado: más intervención, más estado-empresario, más controles de precio y de cambio, más regulación lesiva de la actividad económica empresarial, más burocracia, mayor gasto público, mayor y más compleja tributación, mayores déficit fiscales, mayor endeudamiento público (incluso en épocas de bonanza petrolera), más inflación, menos autonomía del banco central (modificación de sus leyes para: que el gobierno pueda hacer uso de las reservas y de los fondos creados para estabilización –anti cíclicos-; y para poder financiar directamente a las empresas públicas).
Influido en buena parte por su profesión y carrera de origen, el Presidente Chávez puso en práctica poner a efectivos militares, activos o exmilitares, en roles de gobierno: ministros, altos funcionarios, embajadores, presidentes de institutos, etc. Como no había pasado anteriormente, castrenses han ido ocupando funciones de gobierno, y hasta han hecho política y ganado elecciones regionales y municipales.
Sin duda Venezuela no estaba bien, económicamente hablando, en 1999. Veníamos mal. Pero dada la terapia empleada, en estos últimos dieciocho años, para tratar de corregir aquellos males, no debería sorprendernos que los resultados sean hoy peores que los de entonces. Como se diría coloquialmente: ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y lo reitero: no deberían sorprendernos los resultados económicos, dada la terapia empleada.
Brevemente describo la terapia de estos años y sus consecuentes negativos resultados:
Más estado-empresario: expropiaciones de empresas, empresas ineficientes que siguen en manos del gobierno. Prácticamente todas están quebradas. Se mantienen puestos de trabajo por clientelismo político. En particular la petrolera PDVSA, se ha diversificado a otras actividades distantes de su principal: alimentos, viviendas, agro-pecuaria, etc., descuidando la reinversión y el mantenimiento. Resultado: caída en la capacidad de producción de barriles. Su nómina más que se duplicó. Historia similar podemos decir de las empresas básicas de Guayana.
Más controles: ante la elevada inflación (y creyendo erróneamente que eso resuelve el problema), con el argumento de combatir la especulación, se imponen controles de precios, primero a productos básicos, luego se engrosa la lista. Se crearon organismos para fiscalizar el tema. Consecuencia lógica: escasez y más burocracia.
Más regulación lesiva de la actividad económica empresarial: irrespeto a la propiedad privada, inseguridad jurídica, legislación ineficiente.
La actividad bancaria está muy regulada: controles de tasas de interés, gavetas (obligación de otorgar créditos a ciertos sectores), tasas subsidiadas a ciertos sectores: turístico, viviendas, agrícola. El Estado (gobierno) es dueño de muchos bancos, la mayoría quebrados.
Con el argumento de detener la fuga de divisas y la depreciación de la moneda, y controlar la inflación, se crea el vigente régimen cambiario. Data de 2003 (tiene 14 años). Se impone un control del tipo de cambio y se limita la adquisición de dólares a las empresas y a las personas. Se penaliza el intercambio de moneda extranjera. Se crean tipos de cambio preferenciales (que con el tiempo se hacen mucho más bajos en relación al tipo de cambio del mercado), primero para todos los sectores y luego se van restringiendo hasta quedar para sólo los definidos como prioritarios (salud y alimentación). Resultados: ni ha detenido la fuga de capitales ni el ascenso vertiginoso del tipo de cambio o depreciación del bolívar, y menos la inflación; subsidios cruzados, captura de rentas y corrupción.
Se multiplica el número de ministerios, institutos y organismos del gobierno.
Se revierte el proceso descentralizador que se venía desarrollando en Venezuela desde 1989: el gobierno central retoma autopistas, peajes, puertos y aeropuertos.
Mayor y más compleja tributación: las recientes modificaciones de ley de impuestos tienen el objetivo de pechar más la actividad empresarial. Mayores gravámenes y reglamentación para-impositiva. Se amplían la base y las tasas, para recaudar más.
El gobierno en los últimos años viene legislando mediante leyes habilitantes y mediante el Tribunal Supremo de Justicia. No se puede decir que el gobierno haya tenido un parlamento boicoteando las políticas económicas.
Más irrespeto a la propiedad privada, menos Estado de Derecho y menos seguridad jurídica y personal.
La política monetaria es inflacionista: el Banco Central de Venezuela se alinea a los intereses del gobierno y financia el gasto público. La liquidez monetaria se multiplica.
Cada vez más aislados del mundo: los gobiernos en Venezuela generalmente han aplicado prácticas mercantilistas, y los presidentes Chávez y Maduro las exacerbaron lesionando el libre comercio con el resto del mundo, lo que termina perjudicando al ciudadano de a pie. Proteccionismo de la industria nacional: devaluación de la moneda, aranceles y cuotas de importación. Lo que además es incoherente con la persecución al empresario local. Consecuencias: más escasez, el gobierno se convierte en el mayor importador, corrupción, captura de rentas, ineficiencia, menos competencia, bienes más caros y de menor calidad, menos innovación.
Los resultados hasta ahora han sido malos, como era de esperarse. No deberían sorprendernos. A la crisis que justamente la terapia equivocada de más controles, mayor regulación lesiva de la empresarialidad, más impuestos, menos protección de la propiedad privada, ha causado, el gobierno le aplica más del mismo “remedio”, pretendiendo que funcione; pero no funciona ni funcionará. Y es que debimos saber a priori que no iba y que no va a funcionar. Esa terapia no puede causar resultados distintos, sino, en sólo pocos detalles: más empresas cerradas y más desempleo, mayor inflación y más escasez.
¿Qué debería hacer el gobierno? Por lo menos reconocer que esa terapia no funciona y cambiarla diametralmente.
¿Y por qué, si vemos que no sirve la terapia, la sigue aplicando el gobierno? Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué no cambia y por qué es difícil cambiar el statu quo.
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