Todas las encuestas evidenciaban que la popularidad del régimen estaba por el suelo, lo que se correlaciona con la situación de escasez de alimentos y medicinas en el país y con el hecho de que padecemos la inflación más alta del mundo. El espectáculo grotesco de ciudadanos buscando comida en la basura complementaba el deprimente cuadro, al cual se sumaba el repunte de enfermedades que se consideraban casi erradicadas. El 82% de las familias viven bajo la línea de la pobreza y el 50% en pobreza extrema (UCAB, UCV y Simón Bolívar). Bajo tales circunstancias todo indicaba que los candidatos a gobernadores del oficialismo sufrirían una estruendosa derrota.
Sin embargo algo ocurrió el día de las elecciones. Un sistemático y continuado fraude caracterizó la implementación de la consulta, incluyendo la inhabilitación de aspirantes y la prohibición de sustituir candidatos como prevé la ley. El régimen, valiéndose de todas las artimañas, confundió y desestimuló el voto opositor. En la medida en que la abstención fuese mayor, más oportunidades tendrían los candidatos del gobierno.
Quienes desde la oposición defendían la abstención alegando con razón que a una dictadura no se vence con votos, prestaron sin quererlo un valioso servicio a las tácticas abstencionistas que propiciaba el gobierno. La abstención tuvo un impacto decisivo, pues casi 3 millones de opositores se abstuvieron o no pudieron votar.
Se trata de una victoria empañada por mil vicios. Fuimos testigos de aberrantes mudanzas de centros electorales que llegaron a afectar a más de 700.000 electores. La confusión y la frustración contribuyeron a estimular la abstención. Muchos centros fueron mudados a sitios de alta peligrosidad. Centros ubicados en colegios de monjas y universidades, fueron mudados a barrios, alegando razones de “violencia”. Todo indica que hubo irregularidades de todo tipo, incluyendo “puntos rojos” desde los cuales se inducía el voto a cambio de CLAPS. Testigos que fueron obligados a retirarse. Más de un millón de votantes -como fue mi caso- sufrimos demoras de varias horas por la negligencia del CNE en resolver problemas con las máquinas de votación y muchos se retiraron.
Fueron tantas las irregularidades que numerosos países han desconocido esa victoria y muchos piden una revisión exhaustiva del proceso con expertos internacionales. Según el padre Virtuoso, rector de la UCAB, “se violaron los procedimientos y se prefabricaron los resultados”.
Sin embargo, no me voy a detener detallando las cosas que ocurrieron porque no es el objetivo de este artículo. Quiero más bien referirme a la victoria pírrica del gobierno. Ninguno de los problemas reales del país se solucionarán a partir de ese evento. Por el contrario se profundizarán con un elevado riesgo de que termine por producirse una ruptura del tejido social.
Todos salimos perdiendo. La MUD sostiene que se produjo un fraude y desconoce los resultados. Es probable que el TSJ en el exilio tome cartas en el asunto y sin duda será escuchado por la comunidad internacional.
Simultáneamente cursan acusaciones ante la Corte Penal Internacional. Otros casos podrían prosperar en la Corte de Palermo. Además, están las denuncias que viene presentando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
La Unión Europea se apresta a aplicar sanciones que reforzarán las aprobadas por EEUU y Canadá. Cerca de 120 países congregados en San Petersburgo en la Asamblea de la Union Interparlamentaria Mundial, han desconocido la Asamblea Constituyente.
El aislamiento internacional no tiene precedentes. Se completó el círculo de pérdida de legitimidad de desempeño y de origen. Desapareció la democracia. Coincide todo esto con un colapso económico y con el cierre de las fuentes de financiamiento externo. Incluso Rusia está dispuesta a revisar el cronograma de pagos, pero nada de dinero fresco. El país está al borde del default y la producción petrolera en picada.
Enfrentados a un déficit fiscal inmanejable, sólo les queda la vía del financiamiento inorgánico del BCV que es como arrojarle gasolina al fuego de la inflación. El FMI estima para el 2018 una inflación del 2,530%. El aparato productivo está destruido y desarticulado.
El oficialismo está montado en una burbuja de ficción que está a punto de estallar. Lo que pretende quizá lo podría lograr un gobernante con altos niveles de ingresos, con una institucionalidad fuerte o una elevada popularidad. Todos estos factores brillan por su ausencia. A punta de fuerza bruta, sin recursos, sin credibilidad interna ni externa, sin apoyo popular real, creo que lo ocurrido el domingo abona las condiciones para un colapso político.
@josetorohardy