El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, decidió este jueves avanzar en el camino de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al poder centrar ejercer la autonomía de una región si esta incumple la ley.
El gobierno tomó la decisión al darse por insatisfecho con la respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, a su requerimiento de deponer su objetivo independentista.
Puigdemont señaló este jueves en una carta a Rajoy que el parlamento catalán no declaró la independencia, pero que lo hará si el gobierno central no dialoga y pone fin a “la represión”.
¿Qué dice la Constitución?
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.
En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.
Los independentistas dicen haberlo ganado con el 90,18% de los votos, lo que a su juicio los legitima para declarar unilateralmente la independencia.
Para bloquearla, el Gobierno central planea aplicar el artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado hasta ahora.
El 155 permite tomar “las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.
En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
¿Cuáles son las “medidas necesarias”?
El artículo no especifica cuáles son esas “medidas necesarias”, de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.
Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, podría implicar la suspensión temporal de la autonomía de la región, y significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.
Así, Puigdemont podría ser reemplazado por el delegado de Gobierno español en Cataluña, principal representante del Estado en la región.
Al mismo tiempo, el Gobierno central podría asumir competencias trasladadas a Barcelona como el orden público y los servicios públicos, poniendo a los Mossos d’Esquadra (policía catalana) a las órdenes del ministerio de Interior, e incluso cerrar el Parlamento.
Finalmente, el gobierno central podría convocar elecciones regionales.
Pero sectores de la población catalana podrían resistir a esta toma de control, agravando las tensiones.
¿Cómo se activa el artículo 155?
El jefe de Gobierno español ya cumplió con el primer requisito para activar el artículo 155, al enviar el requerimiento a Puigdemont para que confirmara si había declarado la independencia e instándolo a volver “a la legalidad”.
El consejo de ministros extraordinario del sábado elevará al Senado cuáles son las medidas que piensa tomar bajo el artículo 155. El Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy posee mayoría en la Cámara Alta.
Los letrados piensan que primero se tendría que reunir una comisión del Senado y luego, todos los senadores en sesión plenaria. Si una mayoría absoluta aprueba el plan, Rajoy tendría las manos libres para aplicarlo.
Pero el proceso podría tomar tiempo, de una semana a diez días, según un senador consultado por AFP.
¿Otros recursos?
Aunque parece decidido a usar el 155, el Gobierno cuenta con otras herramientas a su disposición. Podría decretar el “estado de alarma”, el “estado de excepción” o el “estado de sitio”.
La aplicación de alguno de esos instrumentos puede principalmente afectar la libertad de circulación o de reunión.
Por último, la ley de “seguridad nacional” promulgada en 2015 permite al Gobierno decretar que el país se encuentra en una “situación de interés para la seguridad nacional”.
Según Rajoy, este procedimiento es una “figura intermedia” para situaciones entre “crisis ordinarias” y “estados de alarma, excepción y sitio”. Permite legislar por decreto y, por ejemplo, controlar directamente a la policía catalana. AFP