Una dictadura militar gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Según aquel régimen, el país estaba sufriendo la agresión de grupos armados, agentes del marxismo internacional. Buscaban la toma del poder a efectos de implantar un orden social y político contrario a la historia argentina y sus tradiciones. Así pregonaba la propaganda oficial del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Dio forma a una nueva concepción de la guerra dentro de la institución militar. El enemigo no era un país extranjero planeando una invasión. No portaba bandera ni vestía uniforme. Estaba en casa, con atuendo civil y confundido con el resto de la población. Por ello se trataba de un estado de guerra interna. Para vencer había que actuar clandestinamente, tal como lo hacía ese enemigo.
La represión fue ilegal e indiscriminada. Ocurría generalmente por las noches, atemorizando a la población. Estaba a cargo de personas sin uniforme, conduciendo vehículos sin identificación con los que secuestraban y llevaban a sus víctimas a centros de reclusión secretos. Allí eran torturadas y luego ejecutadas, desaparecían. No era una guerra convencional, repetían los jerarcas militares, sino una guerra “sucia”.
Tan sucia que el General Ibérico Saint Jean, prominente funcionario de aquel régimen, la describió en mayo de 1977 con una verdadera confesión de parte: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.
Así operaba el terrorismo de Estado. El enemigo a eliminar era todo aquel que pensara de otro modo. O aún quien no quisiera involucrarse, los indiferentes y los tímidos.
Junto a otros oficiales, Saint Jean fue procesado por 61 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y 33 casos de homicidio, crímenes imprescriptibles y de jurisdicción universal. A la espera de la sentencia, falleció en octubre de 2012.
Crímenes como aquellos, en Argentina y en otras latitudes, motivaron la elaboración del Estatuto de Roma en 1998, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Allí se definen y tipifican los crímenes de lesa humanidad: ataque sistemático contra una población civil que comprenda, entre otros, el asesinato, la deportación y desaparición forzada de personas, los actos de violencia sexual, y la encarcelación, tortura y persecución de un grupo basada en motivos políticos.
Inevitablemente, el ejemplo argentino viene a la memoria cuando se discute si los abusos del régimen de Maduro califican como crímenes de lesa humanidad. Ocurre que los testimonios de las víctimas, los documentos del régimen y las propias declaraciones de los altos funcionarios chavistas son un viaje a la Argentina de Videla, solo que en el espejo: lo que esta a la derecha se ve a la izquierda y viceversa.
En Venezuela también existe un estado de guerra interna contra la población civil. El llamado Plan Sucre, elaborado en secreto y filtrado en 2012, convierte a la institución militar en un ejército de milicianos, fijándose el objetivo de alistar dos millones de ellos hacia el año 2019. Divide al país en regiones militares, concibiéndolo como un teatro de guerra, “popular y prolongada” es el argot usado.
La influencia cubana es más que lenguaje. El soldado profesional y apolítico deja su lugar al combatiente. El enemigo está adentro, es el civil en posesión de “otra” ideología. Dichos cambios conceptuales reaparecen en el Plan Zamora de abril de 2017. Elaborado por Maduro para contener las protestas, sin embargo, a través de él se ejecutan los principios doctrinarios expuestos con anterioridad en el Plan Sucre.
El Plan Zamora recrea al país como “teatro de operaciones” con el objetivo de restaurar el orden frente a enemigos internos. Se incluyen en esa categoría a las fuerzas opositoras y los partidos políticos, supuestos agentes del imperio “desleales a las ideas e intereses del país”.
Maduro también libra una guerra sucia contra civiles desarmados. Así lo afirmó el pasado 18 de julio al lanzar “Un Plan Especial de Justicia de Emergencia combinado con el Tribunal Supremo de Justicia, la justicia militar, los órganos policiales, el Mayor General Reverol, la Vicefiscal General de la República, para la búsqueda, captura de todos estos conspiradores, y para el castigo ejemplar”.
La metodología represiva entonces cobra sentido: es ilegal e indiscriminada, sistemática. Persigue objetivos políticos. Se auto-justifica por las protestas de 2017, pero la noción de guerra interna las precede. Es el componente central en el diseño de un orden político totalitario; orden político que comienza a tomar forma concreta con la Asamblea Constituyente pero que fue pensado mucho antes. En tal caso, la revuelta de este año es la excusa conveniente y oportuna.
Como con Videla, Saint Jean y las otras dictaduras del cono sur, como con el Plan Cóndor y la coordinación represiva sudamericana, persiste en América Latina el crimen como estrategia política. Los planes Sucre y Zamora son el Cóndor de hoy, pero de Venezuela y Cuba.
@hectorschamis