La firma estadounidense de custodia DTC informó el jueves a acreedores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que recibió los fondos para empezar a procesar el pago del capital de un bono que venció la semana pasada, dijeron tres fuentes del mercado.
Reuters
DTC ahora deberá transferir el dinero a los sistemas de compensación, que enviarán el pago a los clientes, dijo una de las personas con conocimiento de la operación, quien agregó que el abono podría tardar uno o dos días más.
Los tenedores aguardan desde hace cuatro días el pago de la amortización de capital e intereses del bono Pdvsa 2017, luego que la estatal anunció el viernes que inició las transferencias bancarias por unos 1.169 millones de dólares por el papel que se venció hace una semana y no permitía dilación.
En la antesala de una reestructuración de deuda propuesta por el Gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, la demora preocupó a inversores, que han expresado dudas sobre si participar en un primer encuentro para definir los términos que regirán los pagos de ahora en adelante.
DTC no informó sobre el pago de los intereses, que entraría en un período de 30 días de gracia. La firma no respondió de inmediato a una solicitud de información.
Los acreedores de la estatal consiguieron el jueves que una asociación del mercado aceptara evaluar el viernes si Pdvsa cayó en incumplimiento de pago, en vista del retraso en la amortización.
No quedó claro de inmediato si ISDA (la Asociación Internacional de Swaps y Derivados) continuaría con el proceso de evaluación, que de ser positivo permitiría cobrar a quienes tienen seguros contra incumplimiento (CDS).
Según los estatutos del bono, no se podría considerar que la petrolera cayó en cesación de pagos si el dinero del compromiso ha sido recibido por el agente de pago.
Los bonos de la deuda venezolana y su firma, que han tenido amplias pérdidas en las últimas de semanas de incertidumbre, cotizaron mixtos durante la jornada del jueves.
El marcador de la deuda de Pdvsa, el bono a 2022 cerró con un alza de 1,8 por ciento, mientras casi todo el resto de los papeles de la estatal retrocedieron.
Invitación de deuda
Autoridades del Gobierno de Venezuela prometieron a inversionistas invitados a viajar a Caracas para discutir la reestructuración de deuda que funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en el primer encuentro, dijeron tres fuentes del mercado el jueves.
En Nueva York, dos de las fuentes confirmaron que Caracas estaría buscando atraer más participantes a la reunión que, según uno de los consultados, se planifica que sea privada.
La medida se conoce una vez que el Tesoro estadounidense advirtió lo “problemático” que sería para los inversionistas tratar con dos negociadores principales de Venezuela que están en listas negras de Washington.
La promesa de Caracas sería una concesión a los términos que el presidente Maduro ofreció la semana pasada cuando convocó a los inversionistas que poseen unos 60.000 millones de dólares de bonos del país y de la petrolera al encuentro el 13 de noviembre.
Aún así, muchos inversionistas estaban manifestando sus reservas sobre viajar a Caracas, una de las capitales más peligrosas de Latinoamérica.
“Personalmente no conozco a nadie que haya aceptado la invitación”, comentó un inversionista estadounidense el jueves. “Puedo decir en este momento que no hay manera de que mi esposa -y mi madre- me dejen ir”, agregó.
Maduro ordenó al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, presidir el comité que creó para las negociaciones. El funcionario está en una lista negra por narcotráfico de Estados Unidos. También otro de los miembros del comité, Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, está sancionado por presuntos actos de corrupción.
Ni el Ministerio de Información ni la petrolera estatal respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Las fuentes tampoco ofrecieron mayores detalles sobre quiénes liderarán el encuentro.
El Tesoro estadounidense no prohibió a los acreedores asistir a las reuniones, pero dijo que no pueden hacer tratos con funcionarios afectados por sanciones.
El jueves, Washington agregó a diez funcionarios venezolanos a su lista de sancionados, acusados de “debilitar los procesos electorales, censurar los medios, o incurrir en corrupción”. Entre los nombrados están dos rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano señalado por la oposición de manipular unos comicios recientes donde los aliados de Maduro arrasaron.
Además incluyó a dos miembros de la polémica asamblea constituyente, que ha suplantado las funciones del Parlamento, al expresidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, al ministro de Agricultura Urbana, a un exministro de Alimentación y a un exministro de Información, entre otros.