El tema no resulta fácil. Proporciona pistas la profesora Gloria Cuenca, quien intuyo que comenzó a trajinarlo desde que en sus tiempos de estudiante, caminaba de los debates en la FCU a la atención de Ernesto en el cafetín de Medicina Tropical.
Su discernimiento es importante para aclararnos si quienes dudan en votar o ya han optado por un abstencionismo problematizado, pueden validar en motivos éticos la renuncia a un derecho que es consustancial a la existencia de la democracia. La pregunta seguirá allí, cada vez que despertemos: ¿es la abstención una respuesta para incrementar fracasos y desconfianzas que nos lleven a una fuga colectiva de los asuntos públicos?
Había leído que uno de los méritos de Maquiavelo radicó en separar la política de la religión y los preceptos morales. Esa separación funda la naturaleza específica de la política como lucha para dirimir e imponer intereses y es la que permite ejercerla de acuerdo a sus propias reglas.
Darle su lugar a la política evita enfrentar la consolidación de una dictadura como si estuviéramos viviendo en democracia. En ese combate lo decisivo es si persiste la voluntad de cambiar al régimen, aun bajo condiciones injustas. El problema es si se puede perforar o no la estructura dictatorial e imponerle que respete la voluntad de los electores, como ocurrió en las parlamentarias. Pero uno de los requisitos para derrotar a las distintas modalidades de ventajismo del Estado es la participación masiva de la oposición, imposible de materializar si ella misma la boicotea y la impide mediante la abstención.
Por eso el gobierno montó la trampa caza osos de la juramentación. Induce a la abstención y sustituye la lucha para derrotarlo por una exigencia de que resolvamos anticipadamente el falso dilema si juramentarse ante la ANC constituye un reconocimiento al ilegal doble poder legislativo montado por el régimen.
En términos estrictamente constitucionales no existe reconocimiento si él es producto de un hecho de fuerza y vulnerando la ley. En términos políticos no hay reconocimiento sin consentimiento y rendición ante el poder. Y en términos de la estrategia democrática no parece justo desconocer la voluntad real de los electores por negarse a cumplir un requisito formal que inventa la dictadura para evitar ser desalojado del poder desde abajo, desde los municipios célula fundamental de la democracia.
La oposición no debería trasladar la línea insurreccional al terreno electoral y tomar conciencia de que la mayoría de la población exige un cambio democrático, pacífico y sin bayonetas. Ahora los ciudadanos tienen el chance de hacer una doble elección: por Alcaldes leales a sus comunidades y por la estrategia para salir constitucionalmente de Maduro.
Lo ético es defender el interés público, pero ¿cuál es ese interés si cada partido, institución y organización tienen versiones distintas? Sigamos al sentido común para admitir la pluralidad como legítima, fortalecer los esfuerzos por recomponer alguna forma de unidad entre los partidos y lograr una armonía autónoma de las organizaciones no partidistas con los partidos democráticos unidos.