Algunos sectores radicalizados de la oposición -especialmente varios de los que se encuentran en el exterior, para más señas en Florida, tecleando con furia y odio el teclado de sus computadores- han celebrado con júbilo sádico, diría yo, que haya abortado el diálogo previsto para realizarse en Santo Domingo, y que los eventuales acuerdos entre la oposición y el gobierno hayan caído en un limbo, del cual difícilmente saldrán en el corto plazo.
De este fracaso no hay nada que celebrar y sí mucho que lamentar, pues los más perjudicados por el naufragio de las conversaciones son los pobres y la clase media, arruinada y decadente, luego de haber sido la más sólida y amplia, en términos relativos, del continente. Mientras el gobierno y la oposición no se sienten a discutir sobre la grave crisis nacional y traten de buscar una salida concertada al descalabro global, la situación de los grupos más vulnerables seguirá deteriorándose a un ritmo frenético
Obtener condiciones electorales que garanticen la equidad de los factores participantes en los procesos comiciales, atenuar el descalabro de la salud y retornar a un mínimo equilibrio institucional que les permita a los poderes públicos actuar dentro de la atmósfera de respeto y cooperación que manda la Carta del 99, pasa porque se sienten a debatir los líderes del régimen y los dirigentes opositores. En ese encuentro ninguno de los dos bandos logrará aplastar al otro, y ninguno renunciará a que se le acepte como fuerza real.
En el fracaso del diálogo, la responsabilidad del régimen es esencial. Son Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes poseen las palancas para remover los obstáculos. Son ellos quienes tratan de perpetuarse en el poder a costa de la destrucción de la economía nacional, la demolición de las organizaciones opositoras y el secuestro de la democracia. De su comportamiento autoritario e incluso pandillero ya no queda ninguna duda. La organización Human Right Watch dijo hace pocos días que a la democracia venezolana ya no le queda ni la fachada. Tiene razón. La democracia fue devastada por un tsunami autoritario que se gestó hace casi dos décadas y que ha seguido una trayectoria inexorable. Este dato empírico puede constatarse simplemente con un rápido recorrido por el panorama político nacional: presos políticos, líderes nacionales inhabilitados, diputados y gobernadores electos defenestrados, alcaldes perseguidos y apresados, Asamblea Nacional ignorada, control de los medios de comunicación, terrorismo de Estado, colectivos utilizados para amenazar y coaccionar, uso recursos públicos de forma discrecional para favorecer al oficialismo. El madurismo exhibe todos los rasgos de una dictadura.
Ahora bien, ¿esas características niegan la conveniencia de negociar con los verdugos? Para nada. Al contrario, hacen más necesario y urgente el encuentro, pues la permanencia de los felones en el gobierno asegura la destrucción del país, el aumento de la miseria y la extinción total de la democracia. No es cierto que la comunidad internacional desapruebe que -en un momento en el cual el gobierno recibe presiones de múltiples frentes, y se encuentra más aislado y desprestigiado que nunca- la oposición acuda a una mesa de negociaciones. La comunidad internacional está suficientemente informada acerca de lo ocurrido en los países de Centro América, donde las fuerzas en pugna tuvieron que ir a negociar en Contadora y Esquipulas después de que los enfrentamientos violentos durante años habían provocado centenas de miles de muertos. La Unión Europea, los países agrupados en la OEA y todas las naciones que han manifestado preocupación por lo que sucede en Venezuela, aspiran a que los acuerdos se produzcan antes de que se imponga la brutal lógica de la violencia y el país siga rodando por la empinada cuesta de la miseria, la inseguridad personal, la pulverización de la economía y el deterioro de los servicios públicos y la aniquilación de las libertades.
En nombre de los millones de venezolanos que han sido lanzados a la más extrema pobreza, al desempleo y a vivir de la migajas que les da el régimen, los dirigentes opositores están obligados a demandar que el gobierno acceda a dialogar. En ese encuentro con el adversario no hay que exigir que Maduro renuncie ya o demandar un gobierno de transición inmediato. Esos objetivos están fuera del rango de posibilidades reales de una oposición que no pudo triunfar el 15 de octubre y que ahora se encuentra desconcertada y dividida. Hay que demandar, como se ha planteado, que las elecciones presidenciales del año entrante tengan lugar ajustadas a las normas que plantea la Constitución y la Ley Electoral, que se habilite el canal humanitario y se respete la Asamblea Nacional. Para alcanzar esas metas se cuenta fuerza interna y respaldo internacional. El gobierno necesita una puerta de salida. Las negociaciones pueden abrirla. Sería dialogar por Venezuela.
@trinomarquezc