Este jueves continúan en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) las sesiones para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El Panel Independiente de Expertos Internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá, según una nota de la OEA.
Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa del preso político desde 2014, Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, relató el momento cuando su esposo fue detenido, señaló que no supo nada sobre el procedimiento, los familiares no fueron informados. Se les acusó de instigación a la rebelión militar, de “golpista y traidor”, por lo que les otorgaron 3 meses en los sótanos del Dgcim estaba acusado junto a nueve funcionarios más y se les atribuía además que estaban financiados por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.
Luego de esto fueron trasladados le hicieron un juicio express, fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión, pena que debe pagar en el anexo militar de la Pica, estado Monagas.
“Es duro que para que mi hija menor de edad pueda entrar a ver a su papá tenga yo que levantar su camisa, quitar su pantalón y mostrar su cuerpo por delante y por detrás” expresó la señora de Sánchez.
Reveló que su esposo fue diagnosticado con cáncer linfático y se les ha hecho difícil a los familiares poder pasarle los medicamentos.
El segundo en intervenir fue Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, víctima de la represión en Venezuela en las recientes protestas, quien fue asesinado por funcionarios policiales con un impacto de bala.
“Mi hijo fue asesinado por pensar distinto al Gobierno, tenía 17 años y nunca pudo votar” añadió.
El señor Urbina denunció además la crisis en el sector salud por la que atraviesa Venezuela, es una de las razones por las que su hijo luchaba por un mejor país, a lo que añadió que “soñaba con una Venezuela libre y en democracia”.
Pidió además justicia, que los funcionarios implicados en el asesinato de su hijo sean sentenciados, pues las tres audiencias del caso han sido diferidas.
Explicó que la Comisión de la verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente lo contactó para recabar información para llevar el caso, Urbina aclaró que esa misma comisión de la verdad fue quien “determinó” que los funcionarios de la Guardia Nacional no habían tenido nada que ver con la muerte de su hijo, a pesar de que hay fotos y videos que evidencian a los GNB apuntando y disparando hacia los manifestantes, específicamente hacia donde se encontraba su hijo.
Los terceros en intervenir fueron los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las recientes protestas de Venezuela por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, su padre, José Pernalete relató que les preocupaba que su hijo asistiera a las manifestaciones, pues en los días de protesta transcurridos, varios jóvenes habían sido asesinados.
La madre de Pernalete explicó que el encargado de darles la noticia de la muerte de su hijo fue el propio alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. El joven había sido trasladado hasta Salud Chacao para brindarle atención médica, pero éste no resistió.
Detalló ante la OEA que en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el para ese entonces ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas mostró una supuesta arma tipo “perno” que supuestamente era el arma homicida. Hipótesis que fue desmentida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien luego de una exhaustiva investigación se comprobó que el joven había fallecido por el impacto de bomba lacrimógena en su pecho.
“6 meses después no han individualizado al GNB que asesinó a nuestro hijo”, explicó José Pernalete, acusa además a funcionarios del Gobierno por daños morales, obstrucción a la justicia y de las pruebas e investigación sobre la muerte de su hijo.
Para finalizar, la madre de Pernalete añadió que hoy muchas madres lloran las muertes de sus hijos, quienes fueron asesinados simplemente por pensar distinto al gobierno de Nicolás Maduro.
El señor y la señora Pernalete solicitaron medidas de proteccción a la OEA, pues no saben qué va a pasar con ellos cuando lleguen nuevamente a Venezuela, detallaron que siguen llamando delincuente a su hijo, a pesar de haberse comprobado que fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena.
Los testigos encargados de cerrar la audiencia fueron los representantes de la Cruz Verde, organización encargada de atender a los heridos durante las recientes protestas.
El doctor George Simon y Federica Dávila relataron cómo fue su labor durante las protestas y el equipo de profesionales y estudiantes de medicina que conforman la Cruz Verde.
Detallaron cómo eran las heridas causadas a los jóvenes, entre ellas heridas con metras, balas de goma capaces de ocasionar heridas graves y muerte en la persona que recibía el impacto.
