El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes su informe especial “Ni olvido, ni impunidad”, en el que se detallan los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la fuerza pública, durante la toma del Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas (CDJA), el pasado 16 de agosto de 2017, hecho en el cual perdieron la vida 39 privados de libertad y 5 funcionarios policiales y militares resultaron heridos, reseña OvePrisiones.
El reporte presentado en rueda de prensa junto a familiares de las víctimas y el Obispo de Amazonas, Jhonny Reyes, fue elaborado por el equipo de investigación del OVP a partir de la recopilación y sistematización de la información aportada por funcionarios del Estado que de manera directa tuvieron participación en los sucesos, testimonios de víctimas sobrevivientes, privados de libertad y familiares de las víctimas, además del monitoreo de la información publicada en medios públicos y privados de alcance regional y nacional.
Entre los principales hallazgos destaca que los mandos militares y policiales que estuvieron al frente de la operación de toma del centro de reclusión, no agotaron los mecanismos de persuasión con la población reclusa para evitar el uso de la fuerza y las consecuencias derivadas de la toma violenta del penal, por el contrario, los funcionarios actuantes no mostraron interés alguno en emplear mecanismos alternativos al uso de la fuerza y su actuación develó una clara intención de generar el mayor daño posible a las víctimas. Un operativo policial-militar realizado en horas nocturnas, sin intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público -instituciones que no fueron notificadas de la operación para que sirvieran de mediadoras y constataran el respeto a la vida e integridad de los privados de libertad-, revela un patrón de premeditación y alevosía por parte de los agentes de la fuerza pública. No hubo ninguna voluntad de dialogar con los reclusos para que se permitiera, como mínimo, la salida de tres niños menores de cuatro años que se encontraban en el recinto, uno de ellos de seis meses, y de las diez mujeres que eran parte de la visita.
El equipo de investigación del Observatorio Venezolano de Prisiones logró individualizar a los cuerpos militares y policiales que actuaron en la toma del CDJA y que son directamente responsables de los abusos cometidos contra la población del penal, ellos son: Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC); Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) adscrito al Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios; y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana. Entre los mandos que el OVP logró individualizar destacan el Mayor General Néstor Reverol, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Comisario General del CICPC Wilfredo Vargas Ferrer; el Comisario de Investigaciones del CICPC Argenis Castillo; la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios Mirelys Contreras Moreno; y el General de la GNB Eduardo Peña. Estos y otros funcionarios involucrados en los hechos, deben ser investigados por su responsabilidad en lo ocurrido.
En las entrevistas sostenidas por el equipo del OVP con familiares de las víctimas, estos indicaron que varios privados de libertad que resultaron asesinados, habrían establecido comunicación con sus familias para indicarles que se encontraban fuera de peligro ya que se habían rendido. Información aportada al OVP por sobrevivientes de la masacre, indica que los reclusos que habían sido heridos en la refriega fueron posteriormente ejecutados. Además, muchos privados de libertad fueron torturados antes de ser asesinados. Algunos reclusos fueron asesinados con más de 10 impactos de bala, muchos de ellos a la altura de la nuca y la cabeza. Buena parte de los reclusos sobrevivientes fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sumado a las golpizas que les propinaron los funcionarios militares y policiales, fueron sometidos a simulacros de ejecuciones, se les desnudó por completo y algunos de ellos fueron humillados por los funcionarios con amenazas de violación. A los reclusos sobrevivientes que pudieron observar las ejecuciones se les amenazó de muerte si informaban lo sucedido, y se les privó por más de 12 horas de agua y alimentación.
En los sucesos ocurridos en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas (CDJA), el 39% de la población reclusa fue asesinada por funcionarios del Estado, ello, sin duda alguna, configura una de las peores masacres registradas en las cárceles venezolanas. Adicionalmente a los abusos cometidos contra la población privada de libertad, los agentes de la fuerza pública sometieron a los familiares de los reclusos a tormentos psicológicos al negarles información de lo sucedido de manera oportuna, y al tener que escuchar los disparos y explosiones que se realizaban contra el centro de detención, en medio de burlas, amenazas y agresiones por parte de funcionarios policiales y militares. Algunos familiares fueron agredidos físicamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y cuatro de ellos fueron detenidos por reclamar a las autoridades información sobre si sus familiares estaban vivos o muertos.
Desde el momento en que ocurrieron los hechos y empezaron las autoridades a distorsionar la verdad de lo ocurrido, se presentaron los primeros síntomas de querer ocultar la verdad. Aunque formalmente tanto el Ministerio Público, como la Asamblea Nacional y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente anunciaron que investigarían los hechos, no se tiene conocimiento que tal investigación se esté realizando. Tampoco se conoce que la Defensoría del Pueblo adelante un proceso de investigación. Hasta el momento ningún privado de libertad sobreviviente, ni ningún familiar de los reclusos asesinados, ha sido llamado a declarar.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron el pasado 16 de agosto en el CDJA. Es obligación del Estado prestar apoyo psicológico a los sobrevivientes, así como a los familiares de los reclusos fallecidos, brindar reparación integral a los familiares de las víctimas y adaptar a los estándares internacionales las condiciones de las cárceles. El Estado debe cumplir la sentencia emitida por la Corte IDH del caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, del 05 de julio del 2006, que le impone la obligación de entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad, para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de la fuerza y “la no repetición de estos hechos tan lamentables que dejan sin vida a muchos venezolanos bajo la responsabilidad del Estado”, enfatizó Humberto Prado, Coordinador General del OVP.