La corrupción es un fenómeno moralmente criticable. No es una realidad moderna, ha existido desde muchísimo antes. A Judas se le critica por venderse, por recibir unas monedas a cambio de una información. Se le destruye moralmente acusándolo de traidor.
Por lo general la corrupción se asocia con la función pública “…en el cual un funcionario público es impulsado a actuar de un modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa.” Así las cosas, es un fenómeno atribuido a las relaciones que acontecen entre funcionarios públicos y actores privados que, una vez concertados, actúan, alejados de una supuesta ética y moral pública, para quedar ambos favorecidos, pero en detrimento de aquellos a quienes se pretende servir desde la posición que le fue confiada.
Los cuerpos legislativos suelen revisar y promover nuevas normas jurídicas para salvar a la administración pública, a los dineros públicos, de individuos inescrupulosos que amparados en los privilegios que le brinda una posición de poder, terminan aprovechándose de la confianza concedida enriqueciéndose vertiginosamente.
Las legislaciones y algunos estados actúan con especial rigor contra la corrupción, dotándose de normas y leyes que castigan severamente estos delitos. En Estados Unidos la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), en vigencia desde 1977, busca juntos a otras medidas controlar y penar a sus compañías, independientemente de donde se encuentren, si propician directa o indirectamente prácticas moralmente indeseables como el soborno.
En esa misma orientación en el Reino Unido se anunció la creación del Centro Coordinador Internacional de la Lucha contra la Corrupción, con sede en Londres teniendo como países cooperantes a EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y la Interpol.
En Venezuela, se han aprobado leyes y hasta creados tribunales específicos para combatir y castigar la corrupción, sin embargo, la simple existencia de un cuerpo jurídico puede resultar insuficiente cuando no hay voluntad política para que éstas se cumplan.
Los informes de Transparencia Internacional revelan el grado de opacidad de la lucha contra la corrupción en Venezuela; del 2012 al 2016 el país ha oscilado del rango 19 al 17, siendo la nación con más bajo nivel en todo el continente americano. Una verdadera vergüenza continental y mundial.
La apariencia que intenta dar el gobierno con la detención de funcionarios de PDVSA nada dicen de un cambio en su conducta en la lucha contra la corrupción. Lo que se observa, suerte de show para lavar sus pecados, representa la cosecha que sembró Chávez. Los detenidos de ahora y los que vengan son parte de la “nueva PDVSA” que se edificó a lo largo del gobierno chavo-madurista.
Este nuevo episodio de detención-espectáculo en nada contribuirá a mejorar los indicadores del gobierno en términos de la transparencia que debe observar. La larga lista, muy extensa, de irregularidades denunciadas, nunca investigada públicamente y los evidentes signos exteriores de riqueza de unos cuantos, se convierten un inmenso muro que impide un cambio de percepción respecto de la moral de la que pretenden vestir.
Lo que el país percibe, siente y presume es que se trata de una rivalidad entre pares, entre iguales, que arropados del poder que les confiere las debilitadas instituciones públicas buscan echar a un lado a competidores del botín estatal.
@LeoMoralesP