El caos de desabastecimiento de alimentos y medicinas originado por la administración de Nicolás Maduro y que es consecuencia de todos estos años de chavismo será cada vez peor. El gobierno no hace nada por solventar el problema y se opone con todo al paliativo de permitir asistencia foránea. A esto que produce víctimas reales en la población responden con argumentos políticos tratando de imponer la tesis de una “invasión” encubierta, publica vertice.news
Por Oscar Medina |@oscarmedina1
En septiembre pasado se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación del derecho a la salud en Venezuela durante el periodo 2014 y 2017. Esa breve y concentrada descripción de hechos elaborada por la ONG Provea y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, debería haber sido suficiente para que quienes tienen en sus manos la posibilidad de aliviar el drama colectivo tomaran algunas decisiones a favor de la gente. A favor de las víctimas. Pero ya sabemos que no ha sido así. Como siempre, el gobierno antepone sus intereses políticos: lo único que cuenta es el poder y la imagen del poder.
Obviamente esos que mandan no necesitan de ese informe para conocer las dimensiones del caos que ellos mismos han originado. Lo saben bien. Lo conocen mejor que los autores del documento pero no les importa. No está en sus prioridades poner fin a la angustia y el sufrimiento de la gente porque eso afecta su poder y sus negocios.
“En el marco de un sistema de políticas de monopolio en distintos planos de la vida económica y social del país, desde hace varias décadas el Estado venezolano usó intensivamente los recursos públicos en importaciones que redujeron las inversiones en el sector salud y exacerbaron la dependencia externa del abastecimiento en materias primas, medicinas, insumos, equipos y repuestos para la industria farmacéutica y el sistema sanitario público y privado, en más del 90%”, dice el informe: “A través de los controles cambiarios, el gobierno se ha reservado durante años las divisas para uso exclusivo de una gran cantidad de programas y sistemas paralelos, empresas públicas de importación y sistemas de distribución fallidos, excluyendo a proveedores, farmacias y clínicas privadas, y dejando acumular enormes déficit financieros del gasto público en salud, el deterioro de la infraestructura sanitaria y de saneamiento, y la paralización de los programas de salud”.
Estas líneas a continuación apuntan a la descripción de un crimen: “En condiciones extremadamente vulnerables, el sistema sanitario fue impactado por la decisión en 2014 de aplicar severos recortes de divisas para salud en más del 60% ante la aguda contracción económica del país, sin las previsiones necesarias para resguardar a la población de estos impactos”.
Y estas a evidenciar la ineficiencia de la administración chavista: “Desde 2016, el gobierno comenzó a dictar decretos de emergencia económica y estado de excepción de forma consecutiva que, en el caso de salud, se usaron para impulsar alianzas nacionales e internacionales con el fin de estimular la producción de medicinas y racionalizar las importaciones. Sin embargo, en la práctica, las medidas sólo han servido para implementar un sistema centralizado de severo racionamiento, prevaleciendo una escasez general y prolongada de medicinas e insumos y el cierre o inhabilitación de la mayoría de los centros de salud públicos, que ha generado una inhumana privatización del acceso a las pocas medicinas y servicios de atención disponibles que la mayoría de la población no puede pagar”.
Sobre estas otras ya ni sabe uno qué decir: “La escasez general y prolongada de medicinas e insumos básicos de salud afecta a toda la población, en particular a unas 3 millones de personas de todas las edades en diversas condiciones de salud crónicas quienes han pasado al menos un año sin acceso a casi ningún tratamiento. Esta grave situación no ha sido reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes, escogiendo en su defecto aplicar medidas de racionamiento a través del retiro arbitrario de medicinas e insumos de las listas de compras públicas y la reducción de cantidades sin criterios epidemiológicos, científicos ni médicos. Es así como, mientras la industria, las farmacias, el personal de salud, los trabajadores del sistema sanitario, las organizaciones de derechos humanos y las personas denuncian más de un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional, el gobierno y las autoridades sanitarias sólo admiten un 15% de fallas”.
Sobre ese panorama angustiante el Gobierno planea con arrogancia, desidia e indolencia.
Víctimas de la situación somos todos, aunque Codevida hace la precisión de que hay al menos 3 millones de venezolanos puntualmente afectados. Por ejemplo: 5.668 mujeres con cáncer de mama, 4.990 personas con hemofilia y diversos trastornos de la coagulación, la gente que ha recibido trasplantes de órganos, quienes tienen problemas cardiovasculares, las 77 mil personas con VIH registradas en el programa de suministro de antiretrovirales, los niños hijos de madres con VIH que no pueden recibir leche materna y requieren de sucedáneos que no se encuentran disponibles. Y si se quieren más ejemplos, baste con pasearse un rato por Twitter para toparse con demasiada frecuencia con el desespero de usuarios buscando medicinas para todo.
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