La alcaldía de Porto Alegre, ciudad brasileña en la que será realizado el juicio en segunda instancia por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy refuerzos del Ejército para garantizar la seguridad el día de la audiencia ante el temor de protestas violentas.
EFE
El juicio está previsto para el 24 de enero próximo en el Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, en medio de manifestaciones en defensa de Lula convocadas por los dirigentes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y de varios movimientos sociales como el de los campesinos sin tierra (MST).
La solicitud de envío de refuerzos tanto del Ejército como de la Fuerza Nacional de Seguridad fue hecha en un oficio formal enviado hoy al presidente brasileño, Michel Temer, por el alcalde de Porto Alegre, Nelson Marchezan, informó la alcaldía en un comunicado.
El objetivo de la petición es “garantizar la seguridad de la población y la preservación del patrimonio público, especialmente en el área central de la ciudad, durante el juicio del expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva”, explicó la alcaldía en un comunicado.
Marchezan, citado en el comunicado, alegó que “ante las articulaciones explícitas para la ocupación de los espacios públicos por miles de integrantes de movimiento políticos y sociales, es nuestro deber requerir la actuación de las fuerzas de seguridad para preservar la integridad de los ciudadanos y del patrimonio público”.
En las redes sociales Marchezan agregó que decidió pedir refuerzos del Ejército debido a que “líderes políticos están convocado a una invasión (de manifestantes) en Porto Alegre”.
El presidente del PT, Rui Falcao, respondió inmediatamente también en las redes sociales y atribuyó la petición del alcalde de Porto Alegre a un intento de “intimidar a los manifestantes” que marcharán en defensa del exmandatario.
Lula fue condenado en primera instancia en julio pasado a nueve años y medio de prisión en un proceso por corrupción en el que se le acusó de haber sido favorecido por una de las constructoras que se adjudicó millonarios contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
Según el juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación del gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras y que condenó al exjefe de Estado, las pruebas demostraron que la constructora OAS, beneficiada por las corruptelas, le entregó al antiguo dirigente sindical un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos.
La prisión del exjefe de Estado depende de que la condena sea confirmada en segunda instancia, decisión de la que también dependen las aspiraciones del exmandatario a disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Lula, que lidera todas las encuestas de intención de voto de cara a las presidenciales, ha manifestado repetidamente su deseo de aspirar nuevamente al cargo que ocupó entre 2003 y 2010, pero una condena en segunda instancia puede inhabilitarlo y dejar al PT sin candidato viable para las próximas elecciones.
Según los últimos sondeos, el exmandatario obtendría un 34 % de los votos en la primera vuelta y vencería a cualquiera de sus rivales en la segunda vuelta.
No obstante, el expresidente, de 72 años, también lidera las encuestas de rechazo de los electores y se encuentra cercado por la justicia, ya que, además de la condena que le fue impuesta, enfrenta otros seis procesos, en su mayoría por corrupción.
Lula, uno de los líderes más carismáticos de Brasil, considera que las imputaciones en su contra son resultado de una persecución política y judicial que busca impedir su vuelta a la Presidencia.
En diciembre pasado un juez federal de Porto Alegre ya había determinado mediante una cautelar que los militantes convocados por los partidos de izquierda y los movimientos sociales podrán manifestarse en un área próxima a la sede del tribunal en el centro de Porto Alegre, pero les prohibió montar un campamento como tenían previsto y determinó que la sede judicial sea resguardada por un amplio cerco.
Ello debido a que el MST planeaba montar un campamento para sus militantes en una céntrica plaza de Porto Alegre desde algunos días antes del juicio.
La decisión del juez fue criticada por el PT, que la calificó como “un ataque a la democracia” por intentar impedir actos a favor de Lula que siempre fueron “pacíficos y legítimos”. EFE