Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano cumpla con juzgar al exmandatario por estos casos, según anunciaron hoy sus abogados en Lima, reseña EFE.
La abogada María Ysabel Cedano, de la organización Demus, informó que ha solicitado una audiencia en la próxima sesión de la Comisión Interamericana, del 22 de febrero al 2 de marzo, para pedir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano sobre el caso de las esterilizaciones forzadas.
“Queremos advertirle a la Comisión Interamericana para que le diga al Estado peruano que no es posible que la gracia presidencial (otorgada a Fujimori) impida que la investigación prosiga, concluya y denuncie” a los responsables, según declaró Cedano a Efe.
La abogada recordó que hay 2.166 denunciantes en una investigación preliminar a cargo del fiscal Luis Landa, dado que el caso de las esterilizaciones forzadas tuvo al menos dos archivamientos previos en el Ministerio Público.
Cedano agregó que buscan que la CIDH “le diga al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia”.
Fujimori fue indultado el 24 de diciembre, con lo cual se le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión, y además recibió el derecho de gracia, que lo excluye de juicios en curso y a futuro.
Desde 2002 cuando empezó la investigación preliminar, la Comisión “le ha recordado al Estado peruano que tiene un compromiso de hacer justicia adquirido por el acuerdo de solución amistosa por el caso de Mamérita Mestanza”, muerta a consecuencia de las complicaciones de una esterilización forzada.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompa y 22.004 vasectomías como parte de un programa estatal de control de la natalidad, aplicado en su mayoría a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales.
En 2016 se archivó la denuncia por la presunta autoria mediata de Fujimori y sus exministros de Salud, aunque se reconoció que hubo una grave violación a los derechos humanos en siete casos de esterilizaciones y se procesó a los médicos y personal de salud.
El abogado Milton Campos explicó, en rueda de prensa, que desean que el indulto otorgado por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a Fujimori “sea materia de análisis de la Comisión” porque las mujeres víctimas tienen derecho a la verdad.
“Es necesario acudir a un sistema de protección supranacional cuando vemos que en el sistema interno peligra la asistencia legal” para las víctimas, agregó Campos.
La representante de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima sur, María Elena Carbajal, denunció que el ministerio de Justicia ha cancelado el presupuesto destinado a las víctimas para darles atención médica y psicológica a partir de este año.
“Estamos desamparados, han cerrado la atención psicológica y médica en el SIS (Sistema Integral de Salud). Estamos registradas como víctimas y nos están desamparando”, exclamó en medio de sollozos.
Por su parte, Victoria Vigo, otra víctima de esterilización forzada, reclamó porque nunca se les dio el derecho a un juicio justo y agregó que tampoco han tenido “en ningún momento una disculpa (de Fujimori), lo que hemos tenido son insultos”, de allegados al exmandatario que han negado los presuntos abusos.
Las asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas en varias ciudades de Perú se unirán hoy a la marcha de protesta contra el indulto a Fujimori convocada por organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales.