El régimen de Nicolás Maduro mata a culpables e inocentes por igual en barrios pobres, a menudo con disparos en el corazón, publica The Wall Street Journal.
Por Juan Forero y Maolis Castro
Fotografías de Fabiola Ferrero para The Wall Street Journal
Los jóvenes ya habían sido torturados en una base militar cuando los soldados los apilaron en dos jeeps y los transportaron a una zona boscosa a las afueras de la capital venezolana.
Tropezando en la oscuridad, con camisetas tiradas sobre sus caras y manos atadas a la espalda, fueron conducidos a un pozo abierto. Los soldados luego usaron machetes para lanzar golpe tras golpe en la base de sus cuellos. La mayoría sufrió heridas abiertas que los mataron antes de tocar tierra.
Otros, sangrando profusamente pero aún vivos, se desplomaron en la tumba poco profunda mientras sus asesinos amontonaban tierra sobre sus cuerpos para ocultar el crimen.
“Creemos que estuvieron vivos un buen rato cuando murieron de asfixia”, dijo Zair Mundaray, un veterano fiscal que dirigió la exhumación y la investigación que reconstruyó cómo se desarrollaron los asesinatos. “Tuvo que ser algo terrible”.
Para Mundaray y su equipo de investigadores, la masacre en esta área al este de Caracas en octubre de 2016 fue la más sanguinaria de las fuerzas de seguridad en un país dividido por la violencia indescriptible.
Fiscales, criminólogos y grupos defensores de los derechos humanos dicen que fue solo uno de los muchos y recurrentes ataques letales perpetrados por la policía o los soldados.
El alcance total de las presuntas atrocidades está empezando a aparecer públicamente ahora. Luisa Ortega, una incondicional del Partido Socialista que fue fiscal general hasta que huyó a la vecina Colombia en agosto, está divulgando datos sobre los homicidios, al igual que grupos independientes de derechos humanos y periodistas venezolanos.
Su oficina registró los asesinatos de 8.292 personas por parte de la policía, la Guardia Nacional, el ejército y la versión venezolana del FBI, desde 2015 hasta los primeros seis meses de este año, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal. Según su versión, las operaciones se dirigen a los barrios pobres que tradicionalmente han formado la base de apoyo para el Chavismo, el movimiento de izquierda radical en el poder desde 1999 que lleva el nombre de su difunto fundador, Hugo Chávez. Ella y otros activistas de los derechos humanos los critican por sus intentos equivocados y torpes de enfrentar el crimen que prolifera en esos vecindarios.
“Es una política sistemática contra un sector social”, dijo la Sra. Ortega. Ella dijo que la policía y las fuerzas armadas ingresan a barrios pobres fuertemente armados en gran número, “nivelando todo lo que está en su camino”.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que respeta los derechos humanos, pero que debe responder con fuerza para combatir una creciente ola de crímenes que él y sus ministros dicen que surgió del extranjero para desestabilizar el país. Whipsawed por las pandillas y la cocaína, Venezuela ha visto los homicidios en espiral de 25 por cada 100.000 personas en el primer año del gobierno de Chávez a 70 por cada 100.000 en 2016. Esa es la segunda más alta en el mundo fuera de El Salvador, según los datos recogidos por el fiscalía general y criminólogos.
“No podemos bajar la guardia”, dijo Maduro en un discurso exaltando las operaciones.
Las llamadas y los correos electrónicos al sucesor de Ortega en la oficina del fiscal general, Tarek William Saab, así como a la oficina del presidente y la policía, el ejército, la Guardia Nacional y otras agencias no fueron contestados.
Según el recuento de Ortega, los servicios de seguridad venezolanos cobraron aproximadamente el mismo número de vidas civiles en el año que terminó el 30 de junio al igual que la controvertida campaña antidrogas de Rodrigo Duterte en Filipinas, un país tres veces más grande que Venezuela.
La evidencia forense de tiroteos y un coro de quejas de los barrios más pobres indica que la gran mayoría no fueron actos de autodefensa de las fuerzas de seguridad.
Un grupo independiente de derechos humanos en Caracas, el Comité de Familias de Víctimas, o Cofavic, registró 6.385 ejecuciones extrajudiciales desde 2012 hasta los primeros tres meses de este año, lo que llama operaciones de limpieza social por fuerzas estatales en las que todas las muertes fueron legalmente injustificadas, dice el grupo.
Despedida por Maduro, Ortega huyó de Venezuela en una lancha rápida para evitar el arresto antes de llegar a Colombia. Recientemente presentó un informe de 495 páginas sobre abusos contra los derechos humanos en la Corte Penal Internacional en los Países Bajos, afirmando que “la población civil es víctima de estos ataques criminales”. El Diario revisó una copia del informe. Ahora opera una fiscalía paralela, atendida por Mundaray y otros fiscales leales exiliados de Venezuela, en una calle arbolada de la capital colombiana. Trabajando con evidencias y documentos sacados de contrabando de Venezuela, los fiscales dicen que están avanzando en casos de presuntos abusos de derechos y corrupción por parte de los ex camaradas de Ortega.
Durante el año pasado, Venezuela entró en una severa recesión económica. La producción de petróleo, su elemento vital, ha disminuido durante 13 meses, la inflación disparada ha dado paso a la hiperinflación, la moneda es prácticamente inútil y millones luchan por alimentarse. En este contexto, un régimen cada vez más autoritario ha recurrido a tácticas usadas durante mucho tiempo en países disfuncionales para generar apoyo público: ataques al estilo militar en barrios pobres y un creciente recuento de personas que los funcionarios afirman que fueron criminales.
“La política del estado no es atrapar al criminal”, dijo Mundaray. “Debido a la corrupción policial y el control de las cárceles o los tribunales, optan por matarlos”.
Venezuela intensificó su uso letal de la fuerza en 2015, cuando lanzó una nueva estrategia llamada Operación para Liberar y Proteger al Pueblo, u OLP. El objetivo declarado, utilizar varias unidades policiales y militares a la vez para inundar los barrios, era defender a los ciudadanos de los criminales extranjeros y los pistoleros, aunque el gobierno nunca ofreció evidencia de tal amenaza.
“Este es el concepto: Liberar a la gente, proteger a la gente”, dijo Maduro en un discurso ese año.
Los ataques de OLP fueron una de las muchas estrategias poco estrictas que, según los criminólogos, fueron empleadas por el estado. Lo que tenían en común era el alto recuento de cuerpos.
Para culpar a los asesinatos de “resistencia contra las autoridades”, la policía altera las escenas del crimen y los informes de incidencia para hacer que parezca como si los oficiales estuvieran en peligro, dicen los investigadores del equipo de Ortega, criminólogos y familiares de los muertos.
Mundaray dice que personalmente ha examinado los cuerpos y ha visto repetidamente disparos directos y limpios al corazón y la parte superior del pecho en ángulos rectos, lo que dice que choca con los informes que describen tiroteos salvajes.
“Siempre es un disparo al pecho, perpendicular, adentro y afuera, torso superior”, dijo. “Eso no ocurre en los enfrentamientos. Estadísticamente, eso no sucede “.
Elibeth Pulido dijo que eso es exactamente lo que le sucedió a su hijo, un electricista de 27 años llamado José Daniel Bruzual. El 22 de agosto, un enjambre de oficiales que dijeron que estaban buscando secuestradores irrumpieron en su casa, según la gente del vecindario.
Dos testigos dijeron al WSJ que escucharon a Bruzual gritar repetidamente: “¡Llama a mi madre, ellos quieren matarme!”
La víctima sufrió un disparo en el pecho superior, muestra un certificado de defunción. El cuerpo de Bruzual fue enrollado en una sábana y sacado de la casa. Las balas perforaron paredes dentro y fuera de la pequeña casa de la Sra. Pulido, lo que apunta a un tiroteo. La policía dijo que se recuperó un arma. La Sra. Pulido dijo que se plantó y que su hijo no era un criminal.
Los objetivos de la represión a menudo están en los focos de apoyo del gobierno, como el vecindario del 23 de enero, que está cerca del palacio presidencial y fue allanado en octubre de 2016.
Rossinis del Valle, una mujer de 40 años y madre de seis hijos, dijo que los agentes irrumpieron en la valla de su casa y puerta de entrada, sacando a su esposo, a su hermano y a un amigo con sus camisetas sobre sus cabezas. Los oficiales dispararon y mataron a los tres, dijeron ella y otros parientes.
“Todos estos casos son iguales, es el mismo modus operandi, y no les importa si tienen antecedentes penales o no”, dijo la Sra. Del Valle, quien dijo que sus familiares no estaban involucrados en actividades delictivas. “No matan personas en barrios ricos”. Matan gente en barrios “.
No muy lejos de su casa, Yanderson Granados, de 25 años, fue arrestado en la misma redada, de acuerdo con los informes de su familia y la policía. Un conocido líder de la comunidad fue testigo y describió en una entrevista cómo las fuerzas de seguridad vestidas de negro llevaron a Granados a un callejón entre dos edificios. Dispararon disparos y su cuerpo sin vida fue llevado a cabo.
“Todos aquí lo saben”, dijo el testigo.
Como en otros casos revisados por el Journal, los asesinatos en el vecindario del 23 de enero tenían similitudes con otras operaciones de las fuerzas de seguridad. Los objetivos fueron filmados a corta distancia y en ángulos directos en el tórax o el abdomen, mostró la revisión del Journal. Los testigos describen a las fuerzas de seguridad con máscaras de calaveras. Agujeros de bala salpicados de muros y edificios.
Los que murieron en la operación del 23 de enero fueron descubiertos por sus familias en un hospital público, sus ropas fueron descartadas y sus cuerpos desnudos. Los investigadores de derechos humanos dicen que quitarse la ropa es una forma común de ocultar el hecho de que un arma fue disparada a corta distancia.
“Cuando hay un tiroteo, uno tiene aquí su cuerpo, el arma allí, los casquillos allí”, dijo el padre de Yanderson, Asdrúbal Granados, que recolectó informes policiales y presentó quejas a innumerables agencias sobre la muerte de su hijo. “Se supone que nadie debe tocarlo” hasta que lleguen los investigadores. En cambio, dice, su hijo fue llevado a la morgue del hospital y “arrojado allí como un perro”.
En un discurso el día de esos homicidios, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció que 19 personas habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en lo que llamó una “nueva fase” de operaciones lanzadas el 23 de enero y otros distritos.
“Vamos a continuar con las actividades necesarias para garantizar la paz”, dijo. “Nuestra victoria es y será la paz”.
Los policías que participaron en las operaciones dicen que solo una mano de hierro puede controlar a los barrios rebeldes. “Para ellos, somos un trofeo: matar a un policía es conseguir un trofeo”, dijo un oficial.
Sentado en un restaurante de un hotel en Caracas frente a un plato de huevos, el policía, un veterano de las calles más pobres de Caracas, dijo que sorprendía a los criminales que la policía planeaba atacar rápidamente, a las 4 a.m., cuando los que estaban siendo atacados aún dormían. “Imagina el peligro”, dijo. “No podemos esperar una orden de arresto”.
Le molestaban las preocupaciones que los grupos de derechos humanos mostraban sobre los asesinatos de delincuentes en los barrios. “Se preocupan por sus derechos y no por los nuestros, cuando somos nosotros los que nos matan”, dijo.
El número de policías asesinados es alto para un país del tamaño de Venezuela, con al menos 1.700 oficiales muertos entre 2012 y 2016, según datos compilados por Keymer Ávila, criminólogo que estudia los homicidios de civiles por la policía y el asesinato de oficiales. En los Estados Unidos, que tiene diez veces la población de Venezuela, 62 oficiales fueron asesinados a tiros en 2016, dijo el FBI, con otros cuatro oficiales en servicio asesinados.
El Sr. Ávila y otros destacados criminólogos argumentan aquí que las circunstancias relacionadas con la muerte de muchos policías sugieren que las fuerzas de seguridad están involucradas en actividades delictivas, no que estén bajo sitio.
El estudio de 2016 del Sr. Ávila sobre los asesinatos de la policía en Caracas mostró que siete de cada 10 policías muertos estaban fuera de servicio. Descubrió que más de la mitad estaban relacionados con algún tipo de actividad criminal por parte del oficial. El Sr. Ávila también encontró que el 31% de los homicidios fueron cometidos por otros oficiales. Solo el 7.1% fueron asesinados claramente en cumplimiento del deber, dijo.
Sin otro lugar a donde ir para quejarse, cientos de familias de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante meses inundaron las oficinas de la congresista opositora Delsa Solórzano. Dirigió un comité especial que celebró audiencias en las que personas de los barrios hablaron sobre lo que les había sucedido a sus seres queridos.
“Todos comenzaron a venir”, dijo Solórzano, cuya oficina recopila informes policiales, certificados de defunción y otra documentación oficial de operaciones letales del gobierno. “Tristemente, estas cosas no nos sorprenden”, dijo la congresista.
El caso más notorio en Venezuela, reportado por primera vez en detalle por un equipo de reporteros del sitio web de noticias de Caracas Runrunes, involucró la muerte de 13 jóvenes aquí en Barlovento, 10 de los cuales fueron asesinados con machetes y enterrados en una fosa común. Otros dos recibieron disparos, uno fue torturado hasta la muerte y cinco siguen desaparecidos.
Comenzó cuando las fuerzas de seguridad creían que había “una creciente conspiración contra el gobierno bolivariano”, según un documento del ejército visto por WSJ. Las autoridades militares creían que “una subversión interna” estaba conduciendo al narcotráfico, los secuestros, los robos y la extorsión, según el documento.
“El resultado final deseado es que los grupos que generan violencia sean neutralizados lo más rápido posible”, dijo el documento, que está marcado como secreto y fue escrito antes de la operación.
Una vista del cementerio local en Barlovento donde enterraron a Eliezer Ramirez.
El hijo de Carmen Cordero, Eliezer Ramírez, de 22 años, se encontraba en su casa en Barlovento con licencia de la marina mercante cuando fue arrestado en redadas militares el 16 de octubre del año pasado junto con docenas de otros. Los fiscales que más tarde investigaron el caso y dos de los hombres detenidos dijeron al Journal que todo el grupo fue llevado a una base del ejército, donde los golpearon con cascos y puños. Los soldados exigieron saber sobre un gángster local.
“Pedimos agua”, dijo un joven, “y me pusieron una pistola en la boca”.
Otro hombre que fue detenido dijo en una entrevista con WSJ que por la noche “se podía oír a la gente gritar”.
Solo después de que uno de los soldados fue interrogado y le dijo a los investigadores que lo que había ocurrido era el crimen descubierto; Varios soldados han sido acusados y están a la espera de juicio.
“Intentaron decir que mataron a una pandilla, cuando eran buenos niños que estaban limpios”, dijo la Sra. Cordero. Una sirvienta en Caracas, la Sra. Cordero ahora pasa su tiempo libre asegurándose de que la tumba donde está enterrado su hijo esté bien cuidada y se pregunte cómo esta tragedia podría ocurrirle a su familia.
“Siempre digo que el gobierno tiene mucho que ver con esto: no atraparon a un solo criminal”, dijo. “Lo que nos preguntamos es, ‘¿Por qué? ¿Por qué harían esto?’ ”
-Mayela Armas y Anatoly Kurmanaev en Caracas, Venezuela, contribuyeron a este artículo.
Juan Forero
Juan.Forero@wsj.com