Definitivamente la fraudulenta ANC cubana carece de competencia para convocar elecciones; es írrita por tanto su imposición al CNE de realizar las presidenciales adelantadas para el 8 de abril de este año. La ANC es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. Se viene erigiendo en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales. La Constitución y las leyes estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. El régimen ominoso legisla delincuencialmente con arreglo a los intereses propios del poder.
Categóricamente la Conferencia Episcopal expresa que es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población.
En Democracia la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras, a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. Para ello se necesitan instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo.
El CNE es la institución llamada a velar por las garantías electorales de los ciudadanos, de ahí la necesidad de su reestructuración para que cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución. Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo.
Si realmente vivimos en democracia, la institución electoral debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector. El Papa Francisco, en su reciente discurso al Cuerpo Diplomático, manifestó: “La Santa Sede, mientras exhorta a responder sin demora a las necesidades primarias de la población, desea que se creen las condiciones para que las elecciones previstas para el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes, y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad”.
La dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación: la comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del régimen es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales.
Hoy se cumplen 26 años del atentado a la democracia, una fecha luctuosa que entronizó el robo, crimen, barbarie y lujuria del poder por el poder.
¡No más prisioneros políticos, asesinados, torturados ni exiliados!