El Gobierno de Donald Trump está evaluando endurecer el acceso a la residencia permanente para los extranjeros que viven en Estados Unidos y hayan recibido ciertos beneficios públicos como asistencia alimentaria, en una medida que restringiría fuertemente la inmigración legal en el país, reseño Reuters.
El Departamento de Seguridad Nacional ha delineado una propuesta de nuevas normativas, a la que Reuters tuvo acceso, que permitiría a los funcionarios de inmigración controlar el potencial uso de los extranjeros de ciertos beneficios estatales financiados por los contribuyentes, para determinar si podrían implicar una carga pública.
Por ejemplo, las autoridades estadounidenses podrían chequear si el solicitante de la residencia permanente ha inscripto a un hijo en programas preescolares del Gobierno o recibido subsidios en tarifas de servicios públicos y/o descuentos en la cobertura de salud.
El borrador de la normativa es una drástica modificación respecto de los lineamientos actuales, que han estado vigentes por casi dos décadas y prohíben explícitamente a las autoridades evaluar esos beneficios que no implican la entrega directa de efectivo para decidir si un extranjero en Estados Unidos puede convertirse en residente del país.
“Los no-ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del Gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos, en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, indica el documento.
“La recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos”, agrega el texto.