Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, alertó que la grave situación de salud y alimentos que viven los venezolanos como consecuencia de no aplicar la Constitución por un Estado que está desaparecido, “ha empezado a sustanciar un expediente que conducirá a una investigación penal nacional e internacional bajo la figura de crímenes de lesa humanidad”.
Nota de prensa
Para el jurista, “la negación, la falta de corazón y de tolerancia del Jefe de Estado” son tres elementos claves que definen la situación que atraviesa la población venezolana en estos momentos. “Esto al no permitir la posibilidad de que otros países colaboren con el drama que estamos viviendo, tal como lo establece nuestra Carta magna y como signatarios de Estado que somos, en los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos”.
Aseguró que el agravamiento en el nivel de salud y alimentación de la población coloca al Estado como “el violador sistemático en materia de Derechos Humanos” estimando que solo puede ser calificado como un “acto criminal” que el Primer mandatario no acepte ni siquiera la ayuda de la Cruz Roja internacional, como institución mediadora para la conformación de un canal humanitario en el país.
Advirtió que en cuanto al tema del derecha a la salud, el presidente Maduro olvidó que es un Derecho Humano fundamental en donde el Estado, “está en la obligación de protegernos, de promoverlo y buscar la forma de satisfacer el déficit que se produce cuando los pacientes acuden a hospitales públicos o a una farmacia y no consiguen los medicamentos básicos para contrarrestar una simple fiebre, por ejemplo”.
Deploró que hasta el momento, hayan fallecido más de 14 pacientes renales por falta de los insumos de quienes sin ellos, están condenados a la muerte como es el caso de los más de 16.000 pacientes, “que tienen derecho a la vida” y que esperan por el funcionamiento de unas 36 máquinas de diálisis que se encuentran fuera de servicio en la actualidad.
Por otra parte, Narváez celebró el reciente planteamiento de la Corte Penal Internacional de estudiar un expediente que fue construido a raíz de las manifestaciones que se iniciaron en el país a partir del 4 de abril de 2017, momento en el cual, en opinión de Narváez, el presidente Maduro, “de una forma emocional, sin haber evaluado y sin recibir orientación de su Procurador, y su consultor jurídico, lanzó un decreto criminal denominado el Plan Zamora, que no vino a disuadir manifestaciones sino a cometer delitos que no figuran en nuestras leyes nacionales”.
Recordó que esta instancia abarca la posibilidad de investigar a altos funcionarios de gobierno, tal como lo establece el Estatuto de Roma, “e incluso, no excluye a los Jefes de Estado”, concluyó.