Trascendió que en el operativo se incautaron cuatro FAL, un fusil R-15, dos granadas, siete pistolas, tres revólveres y una escopeta. Todos los cadáveres presentan heridas por armas de fuego y aún no están identificados. Se trata de una nueva matanza que tiene su origen en la anarquía minera al sur del estado Bolívar por el control de los yacimientos, que hoy son reclamados por el Estado para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco, publica Correo del Caroní.
Diecisiete hombres y una mujer fueron asesinados durante una incursión del Ejército Nacional en la mina Cicapra de Guasipati, en el municipio Roscio del estado Bolívar. El operativo se ejecutó la mañana de este sábado y fue realizado por efectivos de la 51 Brigada de Infantería de Selva.
“Todos presentan heridas por arma de fuego; esto producto del intercambio de disparos que hubo entre los funcionarios y el grupo armado que dirige el sector”, precisó una fuente militar a Correo del Caroní. Agregó también que en el procedimiento se incautaron armas, explosivos y municiones.
En total fueron 4 fusil de asalto ligero (FAL), un fusil R-15, 7 pistolas de diversos calibres, 3 revólveres, una escopeta y 2 granadas.
“Cada arma con su respectiva cacerina y municiones”, indicó sobre el operativo enmarcado en defensa del Arco Minero del Orinoco.
Una de las víctimas
Hasta el cierre de esta edición se desconocían mayores datos sobre los fallecidos, los mismos fueron llevados por un convoy militar al Fuerte Yocoima y posteriormente a la Subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Trascendió que la mujer fallecida pudiese ser una de las hermanas de Anderson Rodríguez Cuevas, quien asumió el control de Cicapra después que el hombre fuera asesinado junto a otras dos personas el 24 de septiembre de 2017 en las afueras del Edificio 303 de Puerto Ordaz.
“Anderson quedó con el control de esa zona minera después del secuestro y asesinato -el 2 de enero de 2015- de su hermano Hussni, conocido como el Menor y quien dirigió Cicapra, Campanero, El Caolín y Florinda durante 14 años”, recordó el funcionario sobre la zona en cuestión.
Arco Minero anclado en la minería ilegal…
La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco. El reportaje, que fue el resultado de una alianza con el Centro Pulitzer y Correo del Caroní, ofrece un panorama que incluye violencia, bandas armadas, oro, deforestación, trasnacionales, guerrilla, inflación, escasez de efectivo y malaria, es decir, todo lo que rodea al Arco Minero del Orinoco.
Y estaría incompleto si no se sirviese con militares y con corrupción.
Al margen de este contexto, el gobierno de Maduro avanza en su plan de ejecutar el proyecto Arco Minero. La pasada semana, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico aprobó 23 nuevas áreas para la explotación minera durante 20 años en los municipios Roscio, El Callao, Sifontes, Piar, Cedeño y Padre Pedro Chien, que estarán bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la Empresa Nacional Aurífera (ENA), ambos entes adscrito al despacho minero desde hace un año.
La aprobación fue publicada en la Resolución N° 0013, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.329 del viernes 26 de enero de 2018. Parte de los yacimientos, un poco más de 35 mil hectáreas, habían sido asignados en diciembre de 2012 a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que, en la práctica, nunca operó formalmente en la zona.
Las áreas se encuentran ubicadas dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco a lo largo y ancho del estado Bolívar y son especificadas con coordenadas y botalones en el documento oficial.
La ENA, presidida por Nino Jesús Angulo Vargas, también titular de la estatal Minerven, ejercerá exclusivamente en tres zonas delimitadas en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes, en las que tendrá el derecho a las actividades de exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, incluyendo su aprovechamiento.