Fatou Bensouda, la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el pasado 8 de febrero que se abrirá un examen preliminar sobre posibles violaciones a los derechos humanos y uso de fuerza excesiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Por José Ignacio Hernández / The New York Times
Cuando las protestas llenaron las calles de Caracas de abril a julio del año pasado, 124 personas murieron, más de 10.000 resultaron heridas y aproximadamente 5000 personas fueron detenidas arbitrariamente, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Por qué importa el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela? En un país que ya ha agotado todas las vías constitucionales para solucionar la actual crisis política y frenar el totalitarismo de Maduro, la decisión de la CPI es una buena noticia: no puede solucionar todos los problemas de Venezuela, pero sí podría ayudar a ejercer presión sobre el presidente venezolano y los funcionarios de su gobierno.
Lo que hará la CPI es evaluar si existen bases para iniciar una investigación formal sobre los posibles delitos que pudieron haber sido cometidos por miembros del gobierno venezolano, un proceso que podría tardar años en resolverse. Pero, en el corto plazo, esta decisión podría traer efectos positivos para la democracia en Venezuela.
Los exámenes preliminares generan una especie de “periodo de observación” sobre el país en cuestión, en el cual la fiscalía de la CPI podrá analizar la conducta del régimen y recabar información gubernamental. Podrá también recabar testimonios orales y escritos; designar misiones a Venezuela para conocer, de primera mano, los detalles de la investigación, y tendrá mecanismos para promover investigaciones independientes en Venezuela y evitar nuevos episodios de violencia. La CPI incluso tendrá autoridad para interrogar a los funcionarios del gobierno y abrir investigaciones de casos particulares. Esto sería una presión real para disminuir algunas políticas autoritarias del gobierno de Maduro.
En su libro Poliarquía, Robert A. Dahl explicó que la democratización de regímenes autoritarios, como el venezolano, está asociada al incremento de los costos de represión del gobierno y la reducción de los costos de tolerancia. Esto es, la transición a la democracia es incentivada cuando al gobierno se le hace más oneroso reprimir —por las sanciones derivadas de tales actos— y, a la vez, cuando los funcionarios del gobierno tienen alicientes para colaborar con el cese de los actos de represión. A los funcionarios del gobierno de Maduro, muy especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas, les será más difícil reprimir protestas en pleno periodo de observación y evitarán recurrir a tácticas que violen los derechos humanos. A eso contribuirán los exámenes preliminares de la CPI en Venezuela.
Cuando la fase preliminar termine, el tribunal internacional podría iniciar una investigación formal cuyo ámbito será mucho más específico, pues podrán identificarse presuntos responsables dentro del gobierno de Maduro. La última etapa, de acuerdo con los resultados que se obtengan y las conclusiones de la investigación formal, iniciaría un juicio penal –de donde surgirían decisiones vinculantes, es decir, que deben ser cumplidas– ante la Sala de Primera Instancia de la CPI. Ese proceso también puede ser largo.
No hay un límite específico de tiempo para los exámenes preliminares. Aunque suelen tardar en promedio tres años, ha habido casos como el de Colombia, donde las investigaciones sobre el conflicto armado se iniciaron en 2004 y aún no concluyen. En el caso de Venezuela podrían pasar hasta tres años antes de que la fiscalía en La Haya decida si inicia una investigación formal a funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Maduro, o incluso al propio presidente.
Quizás el ejemplo más revelador de las investigaciones de la CPI a líderes políticos sea el de Omar Al Bashir, presidente de Sudán desde 1993. Al Bashir sigue gobernando su país —con el reconocimiento de otros gobiernos— pese a que hay dos órdenes de detención en su contra dictadas por la CPI en 2009 y 2010. Este antecedente demuestra que los procesos de la CPI no necesariamente inciden en la permanencia en el poder del gobernante sancionado.
Así que no parece probable que el inicio del examen preliminar en Venezuela derive en el corto plazo en alguna medida judicial contra Nicolás Maduro o altos funcionarios de su gobierno.
Pero el sistema de la CPI, regulado por el Estatuto de Roma, fue también diseñado para desalentar nuevas violaciones a los derechos humanos y promover cambios dentro de los Estados que eviten nuevas crisis políticas y sociales. No es descabellado asumir que los exámenes preliminares sobre Venezuela tomarán esa dirección, más que impulsar la salida de Maduro.
A partir de ahora el gobierno chavista será observado con minuciosidad por la CPI. Esto le hará más difícil mantener y agravar acciones de represión contra sus opositores. El gobierno también podría verse empujado a iniciar investigaciones independientes, lo cual exigiría reformas legales para rescatar la independencia del poder judicial y del Ministerio Público, tomando en cuenta que actualmente no existe en Venezuela la separación efectiva de poderes.
Asimismo, las investigaciones podrían afectar la cohesión dentro del “madurismo”. Si los aliados del presidente son objeto de las investigaciones de la CPI, tendrán una buena justificación para no participar en nuevas violaciones de derechos humanos o, en su caso, para contribuir con las investigaciones de la fiscalía del tribunal de La Haya.
Como advertía Dahl, las investigaciones pueden frenar ciertas prácticas autoritarias de los gobiernos. El temor de los funcionarios a verse involucrados en una investigación formal de la CPI, vuelven ahora más costosos a la represión y el uso de la fuerza. El examen preliminar llega en un momento preciso en Venezuela: a principios de febrero se adelantaron de manera inesperada las elecciones presidenciales; serían celebradas en abril.
Actualmente no existe en Venezuela una salida electoral a la crisis, pues el sistema electoral venezolano carece de integridad electoral. Tampoco es previsible esperar alguna salida por parte de la Asamblea Nacional, la legislatura controlada por la oposición, ante el bloqueo impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto de falta de salidas constitucionales, las indagatorias de la CPI abren una vía inexplorada.
Los exámenes preliminares, en sí mismos, son insuficientes para impulsar un cambio político. Pero en una Venezuela marcada por el autoritarismo, el examen del tribunal internacional representa una oportunidad para desatrancar el bloqueo institucional que impide garantizar elecciones justas o un diálogo serio con la oposición. Desde esta perspectiva, la observación cercana de la corte internacional, más por temor que por convicción, ayudará a reinstaurar ciertas prácticas democráticas que se han perdido a lo largo de diecinueve años de revolución bolivariana.