El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) ha registrado en su organización, al menos, 31 demandas por difamación las cuales han sido ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación en últimos 15 años.
LaPatilla.com
El más reciente, es el caso de cuatro periodistas de Armando.info, quienes han sido demandados por un empresario colombiano.
En tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 por difamación e injuria, que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017.
En menos de dos semanas, la justicia aceptó la solicitud de investigar a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación. Fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.
De acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018, el hecho ocurrió luego de la publicación del reportaje “De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro”, que se difundió el 3 de septiembre de 2017, en el que los periodistas revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, a través de negociaciones que involucran al Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la empresa Group Gran Limited, que ha suscrito contratos con el gobierno nacional, por más de 120 millones de dólares para la venta de toneladas de alimentos importados, de acuerdo a la investigación. La investigación encontró vinculaciones con otros funcionarios venezolanos, así como la relación con empresarios colombianos investigados por, supuestos, delitos de narcotráfico.
En este trabajo de investigación se descubrió la relación de Alex Saab, cercano a la senadora colombiana Piedad Córdoba, con el negocio de la venta de las bolsas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela, y que había sido denunciada anteriormente por la abogada y ex-fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.
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— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) February 16, 2018
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