La decisión de la oposición democrática venezolana de no acudir a las elecciones convocadas por el régimen chavista para el próximo 22 de abril está más que justificada. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de la oposición, no quiere ser una comparsa de una farsa electoral cuyo único objetivo es dotar de apariencia de legitimidad a la perpetuación de Nicolás Maduro en poder.
La convocatoria electoral no puede ser considerada seriamente como una verdadera elección presidencial. Se trata de un proceso en el que no se dan las mínimas garantías ni de igualdad de condiciones ni de transparencia. Se produce además con la vergonzosa existencia de presos políticos o bajo arresto domiciliario y con decenas de miles de venezolanos en el exilio.
Maduro se ha negado a aceptar las condiciones requeridas por los Gobiernos de México, Chile, San Vicente, Bolivia y Nicaragua en el transcurso de las negociaciones celebradas el pasado diciembre en la República Dominicana entre el chavismo y la oposición. Y eso que estos tres últimos países acudían invitados por el régimen venezolano. El documento propuesto incidía en la transparencia, la necesidad de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la revocación de inhabilitaciones políticas tanto sobre partidos como sobre personas, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el derecho a voto de los venezolanos en el exterior y la invitación de observadores internacionales independientes. Nada de esto se ha cumplido.
Quien debería ser el árbitro imparcial del proceso, el Consejo Nacional Electoral, es un órgano totalmente controlado por el chavismo, que ya ha dado sobradas muestras de arbitrariedad. El martes, el Consejo propuso que el expresidente de Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero liderara una misión de observadores electorales de la ONU. Es un buen botón de muestra de cómo funcionan las cosas en la Venezuela bajo Maduro: se acepta una misión de observación pero se dice quién debe dirigirla. Tal vez Naciones Unidas tenga otra idea. Mención aparte merece el cada vez más confuso papel de Zapatero en la crisis venezolana. El expresidente español ha dilapidado un prestigio mediador ganado en los primeros compases del conflicto y se está prestando a su utilización por el régimen como valedor de un proceso incompatible con una elección democrática.
Impasibles, Maduro y su círculo prosiguen con su plan para hacerse con el poder absoluto en Venezuela al precio de sumir al país en unos límites inconcebibles de miseria. Que el 64,3% de la población afirme haber perdido once kilos de peso durante 2017 mientras un tercio de la población recibe bolsas de comida a precios regulados por el Gobierno es indicador de algo impensable en uno de los países más ricos de Latinoamérica: el hambre. Esto unido a un sistema sanitario destruido, una economía comatosa y un sistema educativo que se hunde, han colocado al país sudamericano al borde de la emergencia humanitaria. Las decenas de miles de personas que ya han abandonado el país no son, desde luego, unos traidores, como afirma el régimen, sino venezolanos que ya han votado, con sus pies.