La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador destituyó este viernes a su presidente, el oficialista José Serrano, e inició un juicio político de censura contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca, tras una larga sesión que pone de manifiesto la inestable situación política en el país, reseñó AFP.
Enfrentados ambos por un escándalo de supuesta conspiración mutua, 103 asambleístas, de 106 que estaban presentes en la cámara, decidieron hoy que había lugar para sancionar a ambos.
Los legisladores decidieron así aprobar la moción del opositor Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, para cesar en sus funciones a Serrano.
Serrano, que conservará su escaño, consideró en Twitter que la decisión es “inconstitucional” y una “ilegalidad”, y que viola sus” derechos humanos” y devuelve al Congreso a la situación de 2007.
El pleno del Parlamento decidió al mismo tiempo iniciar un juicio político de censura contra el fiscal general, quien divulgó una grabación de audio que comprometía a Serrano en una supuesta trama de conspiración para deshacerse de él.
Tras la votación, el vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Carlos Bergmann, clausuró la sesión, pero no adelantó cuándo continuará la reunión del pleno para designar al nuevo presidente del Legislativo.
Antes de la votación, ambos funcionarios comparecieron ante el pleno del Parlamento para rendir sus versiones sobre la polémica grabación de audio revelada por el fiscal, en la que se escucha al jefe del legislativo hablar con el excontralor Carlos Pólit -prófugo de la justicia por corrupción- sobre la posibilidad de deshacerse del titular del Ministerio Público.
El escándalo llegó hasta el presidente de la República, Lenín Moreno, quien esta misma semana instó a Serrano a “asumir sus errores” y “echarse a un lado”.
Durante su presentación de hoy ante el pleno, Serrano admitió que cometió un error al hablar con el excontralor, pero dijo que lo hizo sobre la base de que le había ofrecido información relevante sobre casos de corrupción que supuestamente salpicaban al fiscal.
“Mi gran error fue confiar en que esa llamada correspondía a un acto espontáneo. Confieso haberme equivocado en atender esa llamada”, reconoció.
Aseguró que debía haber hablado con Pólit en una cárcel, por estar vinculado en un caso de corrupción relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht.
“Soy el primer fiscalizador del pueblo y ningún peligro me puede hacer retroceder”, sostuvo y se preguntó el por qué la Fiscalía absolvió a los directivos de Odebrecht, que admitieron haber pagado sobornos para beneficiarse de contratos de obras en Ecuador y en otros países de América y África.
“Yo no negocio con prófugos de la justicia, no he sido yo el que dejó a Odebrecht exculpada y a sus funcionarios exculpados de la corrupción”, agregó.
Serrano también aseguró que Baca no ha podido rebatir sobre varias denuncias de peculado o malversación cuando integró una comisión encargada de investigar el caso “30-S”, una protesta policial por temas salariales que el anterior ejecutivo de Rafael Correa interpretó como un intento de golpe de Estado.
De su lado, el fiscal Baca, ratificó ante el pleno del Parlamento sus denuncias contra Serrano y Pólit.
También arremetió contra la fiscal que le releva, Thania Moreno, por haber abierto un proceso penal en su contra por supuesto “fraude procesal”, que se suma a otra indagación por malversación por el caso “30-S”.
Recordó que integró la comisión que investigó el violento levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010 en el que se registraron cinco personas muertas, un centenar de heridos, daños a bienes públicos y privados y la paralización en 22 de las 24 provincias del país.
Baca, que en sus nueve meses de gestión ha abierto varias causas contra la corrupción en el país, rechazó las denuncias y pidió a los legisladores echarle una mano al país contra esta lacra y en favor de la justicia.
Pero tanto sus argumentos como los de Serrano fueron rechazados por los ponentes de los distintos grupos parlamentarios.
Cucalón, que promovió la moción, dijo en su discurso que “ninguno de los dos nos convencieron”, en tanto que la asambleísta Gabriela Rivadeneira, de la oposición correísta y excorreligionaria de Serrano en el movimiento gobernante Alianza País, dijo que “el pueblo ecuatoriano merece respuestas claras y dar inicio al cumplimiento del plan de gobierno”.
La decisión de hoy refleja la inestabilidad política en la que sigue el país desde que Moreno asumió sus funciones el 24 de mayo de 2017, después de diez años de gobierno por Rafael Correa.
En este período, Moreno ha cambiado o reemplazado al 40 % de los integrantes del gabinete ministerial, según un análisis difundido el jueves por el diario Expreso.