Phill Gunson, autor de más reciente informe sobre el impacto externo de la crisis en Venezuela, de International Crisis Group, se refirió al basamento de este documento al resaltar que la crisis en Venezuela afecta a todos los países de Latinoamérica, y a muchos países del resto del mundo.
LaPatilla.com
En una entrevista concedida a La Voz de América Gunson indicó que, dentro del informe, se plantea que la crisis venezolana en algún momento fue un asunto interno en el que la comunidad internacional tenía un papel para ayudar a resolverla, e indicó que actualmente el mundo no solo tiene el deber de ayudar sino un interés propio.
Cuestionó que el gobierno de Maduro trate de buscar la reelección en medio de la actual crisis social. “El gobierno culpa de la crisis a los países que están imponiendo sanciones y se niega a abrir una salida política democrática ala crisis”, dijo.
A continuación el informe íntegro:
¿Qué está pasando??Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se prepara para buscar la reelección, la implosión socio-económica del país se ha convertido en un problema mayor para sus vecinos. Cientos de miles de venezolanos están huyendo del hambre y la pobreza, mientras que las enfermedades y el crimen se están extendiendo a través de las fronteras.
¿Por qué sucedió??Los bajos precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión estatal han devastado la economía. Un gobierno profundamente impopular, consciente de que ya no puede ganar elecciones competitivas, ha optado por la represión. Los intentos de negociar un acuerdo entre el gobierno y la oposición han fracasado.
¿Por qué es importante??El colapso financiero y la hiperinflación convierten a Venezuela una zona de desastre económico. La crisis ya no está limitada confinada a una nación: los refugiados y migrantes fluyen hacia los países vecinos. Las epidemias y el crimen violento también permean las fronteras, poniendo en peligro el frágil proceso de paz colombiano en las regiones fronterizas.
¿Qué debe hacerse??La prioridad es el apoyo internacional para la asistencia humanitaria a lo largo de las fronteras. Una transición negociada es esencial para restablecer un sistema político más representativo y el bienestar social y económico. Eso requiere una presión externa, que incluya amenazas de sanciones específicas y exigencias realistas al gobierno de Maduro, de parte de una coalición liderada por los gobiernos regionales pertenecientes al Grupo de Lima.
Resumen ejecutivo
Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro busca consolidar su poder, su país se sume en un hoyo de miseria. La hiperinflación ha agravado la escasez de alimentos y medicinas. Las epidemias de enfermedades prevenibles y la crisis de desnutrición infantil son cada vez más mortales, mientras que el crimen violento se ha disparado. Se estima que cuatro millones de venezolanos han emigrado y que decenas de miles cruzan la frontera con Colombia cada mes en busca de un nuevo hogar. Los vecinos de Venezuela, que una vez optaron por mantenerse al margen de sus tensiones internas, hoy enfrentan una catástrofe en sus fronteras. Los gobiernos de América Latina, la ONU, la Unión Europea y los EE.UU. deben redoblar sus esfuerzos para manejar la crisis humanitaria, incluso garantizando que los países vecinos tengan los recursos para hacerle frente. También deberían presionar, idealmente junto con China, para que se reanuden las conversaciones entre el gobierno y la oposición con el objetivo de llevar a cabo reformas que permitan una política más representativa y la recuperación económica; amenazar con nuevas sanciones podría ayudar a empujar al gobierno hacia concesiones.
La turbulencia del 2017 ha magnificado el sufrimiento que padece Venezuela y la dificultad de encontrar soluciones. Mientras que el gobierno sí logró extinguir los disturbios civiles después de varios meses, despojar de su poder a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y establecer una nueva Asamblea Nacional Constituyente con autoridad sobre todas las instituciones venezolanas, poco ha hecho por aliviar los problemas económicos del país. Sin embargo, afirma que está protegiendo al pueblo venezolano contra las potencias extranjeras y sus aliados internos, y denuncia que los reportes acerca de la muy real crisis humanitaria son mentiras destinadas a provocar una “intervención imperialista”, bloqueando bajo esta lógica los esfuerzos por proporcionar alimentos y asistencia médica.
La turbulencia del 2017 ha magnificado el sufrimiento que padece Venezuela y la dificultad de encontrar soluciones.
El progresivo autoritarismo de los últimos años del régimen del presidente Hugo Chávez y los primeros años del régimen Maduro hizo metástasis hacia un abierto abuso partidista de las instituciones estatales y judiciales. Cualquier información que desafíe una versión oficial es desechada: el Estado no publica cifras económicas ni estadísticas de salud pública confiables. El incumplimiento a gran escala de la deuda externa parece ser solo una cuestión de tiempo. La escasez y el hambre han llevado a más saqueos, aunque sigan siendo esporádicos.
El deterioro del sector público ha dejado una marca profunda en las regiones periféricas. En su afán por obtener divisas fuertes, el gobierno ha destinado más de 100.000 kilómetros cuadrados para minería, donde la falta de regulación fomenta la colusión entre los militares, las bandas criminales y las guerrillas colombianas. Los migrantes que se dirigen a Colombia tienen que eludir a las fuerzas de seguridad estatal y a grupos armados en las zonas fronterizas. Después de cruzar, los más pobres quedan relegados a ganarse la vida como puedan en una región con una de las tasas de desempleo más altas de Colombia. La malaria volvió a ser común y está cruzando fronteras. Enfermedades que habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria, también han regresado.
Hubo un modesto optimismo alrededor de las conversaciones entre el gobierno y la oposición durante diciembre de 2017 y enero de 2018. Las potencias latinoamericanas, preocupadas por la gravedad de la crisis, su extensión hacia países vecinos y la subversión del estado de derecho por Maduro con la creación de la Asamblea Constituyente, se involucraron de lleno en el esfuerzo. Las conversaciones arrojaron algunos indicios de consenso, notablemente en el compromiso del gobierno, en principio, de reformar la autoridad electoral y permitir la presencia de observadores electorales internacionales en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el llamado unilateral a elecciones anticipadas por parte del gobierno– antes de llegar a un acuerdo sobre una fecha o condiciones–en efecto frustró las conversaciones, que terminaron agriamente y con textos antagónicos de un supuesto acuerdo en circulación. El Grupo de Lima, un cuerpo de trece gobiernos latinoamericanos y caribeños, más Canadá, establecido para encontrar una solución a la crisis venezolana, rechazó el llamado unilateral de Maduro a elecciones.
A pesar de su lamentable gestión económica, el gobierno ocupa una posición fuerte. La oposición venezolana está dividida y sin rumbo. Un segmento considerable del electorado votará por Maduro, ya sea por lealtad, o porque depende del gobierno para recibir raciones de alimentos esenciales y otros bienes subsidiados. La autoridad electoral permanece bajo el control del ejecutivo, y ha demostrado su disposición a doblegar las reglas a favor del partido gobernante e incluso, en una ocasión, a cometer un supuesto fraude redondo.
Los gobiernos latinoamericanos, junto con potencias occidentales e internacionales, deberían aprovechar el fuerte consenso internacional y regional que existe sobre la difícil situación de Venezuela para intensificar sus esfuerzos por resolverla.
La oposición de línea más dura anhela un embargo petrolero de los EE.UU. o una intervención extranjera como un atajo hacia la transición, pero los riesgos que conllevan estas acciones en un país ya sitiado por la violencia y el hambre son inaceptables. En cambio, los gobiernos latinoamericanos, junto con potencias occidentales e internacionales, deberían aprovechar el fuerte consenso internacional y regional que existe sobre la difícil situación de Venezuela para intensificar sus esfuerzos por resolverla.
La primera prioridad es aliviar el sufrimiento humano. El gobierno de Maduro debería aceptar la creación de un grupo tripartito, de acuerdo con una propuesta hecha por grupos humanitarios, compuesto por representantes del Estado venezolano, la sociedad civil y organismos especializados de la ONU, que coordinaría la provisión de asistencia humanitaria. Dicho cuerpo debería abordar los temores del gobierno de que permitir que agencias de ayuda entreguen alimentos daría paso a la injerencia externa. La ONU debería trabajar con los vecinos de Venezuela para ayudarlos a brindarles asistencia a los venezolanos que salen de su país.
La segunda es reactivar las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Idealmente, el gobierno pospondría las próximas elecciones presidenciales, pero incluso si los comicios siguen adelante, la prioridad posterior debería ser un retorno rápido hacia unas negociaciones sustantivas. Los EE.UU., Canadá y la UE han sancionado al gobierno, y varios líderes regionales están considerando hacer lo mismo. Tales sanciones raramente resultan efectivas en sí mismas. Pero en el caso de Venezuela, la amenaza de nuevas sanciones, especialmente las impuestas por gobiernos latinoamericanos, podría mejorar las perspectivas de la negociación, siempre que esa amenaza esté acompañada de una revitalizada diplomacia y vinculada a concesiones realistas exigidas al gobierno de Maduro.
Las conversaciones deberían centrarse no solo en reformas electorales específicas, sino en medidas de transición más amplias, incluida la representación de la oposición en instituciones estatales claves, reforma económica y garantías para los altos funcionarios del régimen si eventualmente perdieran el poder. Aunque las rondas pasadas fracasaron, las negociaciones entre el régimen y la oposición, facilitadas por líderes regionales u otros, respaldadas por una presión internacional concertada, y que apunten a establecer un orden político más inclusivo y a restablecer los controles y equilibrios, siguen siendo la única salida de la crisis.
Recomendaciones
Para abordar la crisis humanitaria derivada de la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y la consiguiente migración masiva a países vecinos:
El gobierno venezolano debería facilitar que organizaciones humanitarias puedan proveer alimentos, medicinas y otros suministros necesarios para salvar vidas humanas, entre otras cosas, relajando los controles de importación y cambio, y cesando la persecución de aquellos que buscan aliviar el sufrimiento.
Éste debería comprometerse con la formación de un grupo tripartito, propuesto por organizaciones humanitarias, que sería integrado por representantes del Estado, de la sociedad civil y de organismos especializados de las Naciones Unidas, con la misión única de coordinar la prestación de asistencia humanitaria, con base en los principios de estricta neutralidad.
La ONU debería darle seguimiento al compromiso del Secretario General António Guterres de proporcionar asistencia a los vecinos de Venezuela para ayudarlos a enfrentar la crisis migratoria, y también debería proporcionar información clara y pública sobre temas como salud, bienestar social y programas sociales.
Los vecinos inmediatos de Venezuela deberían trabajar con organismos multilaterales, particularmente la ONU, para garantizar que se cumpla adecuadamente con las necesidades de los migrantes, y que aquellos en riesgo de caer en el tráfico de personas, incluidas mujeres y niñas, están protegidos de la mejor manera posible.
Colombia debería adaptar su ley de migración y las regulaciones que rigen los servicios educativos y de salud para eliminar los obstáculos burocráticos a proveer éstos a migrantes.
Para ayudar a resolver la crisis política y reducir el riesgo de nuevos derramamientos de sangre:
El Grupo de Lima (con el apoyo de EE.UU. y la UE) deberían aprovechar el fuerte consenso internacional que existe sobre la gravedad de la crisis y redoblar sus esfuerzos para que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones. Aquellos gobiernos y organizaciones que ya han impuesto sanciones– Canadá, los EE.UU. y la UE – podrían amenazar con intensificar esas sanciones contra personas que ya figuran en la lista, e imponer sanciones individuales adicionales.
Los gobiernos latinoamericanos parte del Grupo de Lima están contemplando sanciones propias. La amenaza, por parte de los gobiernos de la región, de sanciones similares a los de las potencias occidentales, incluidas potencialmente las restricciones financieras, la congelación de activos y la prohibición de viajar a personas, seríacasi sin precedentes. Podría traer una presión adicional sobre el gobierno, que ya se ha visto sacudido por las sanciones de la UE y los EE.UU.
Cualquier amenaza de sanciones debe estar claramente relacionada con pasos realistas que el gobierno debería tomar para evitar tales medidas y potencialmente lograr el levantamiento de las sanciones existentes. Éstos incluirían, primero, el retorno del gobierno a las conversaciones facilitadas internacionalmente y podrían incluir medidas adicionales, como la liberación de presos políticos y la eliminación de prohibiciones arbitrarias para los líderes políticos y los partidos de participar en las elecciones; garantías de integridad y neutralidad en instituciones electorales y judiciales claves, lo que significaría la representación de la oposición en esos órganos; la restauración de los poderes del parlamento; y medidas para estabilizar la economía.
Ninguna potencia extranjera debería imponer embargos de amplio alcance, por ejemplo sobre la industria petrolera, que probablemente harían más daño al público en general antes que cambiar los incentivos para los líderes venezolanos.
El Grupo de Lima debería alentar a China, con quienes muchos miembros tienen lazos económicos estrechos, a usar su influencia sobre el gobierno de Maduro para convencerlo de participar en negociaciones genuinas con la oposición, bajo el entendimiento de que la estabilidad política y económica en Venezuela no se puede lograr sin un gobierno con base en un amplio consenso popular.
Las conversaciones renovadas entre el gobierno y la oposición deberían centrarse no solo en las reformas electorales, sino en medidas de transición para incluir la representación de la oposición en las instituciones gubernamentales, reformas económicas y garantías para los altos funcionarios si perdieran el poder en elecciones
Todas las potencias externas deben estar preparadas para apoyar dicha transición con ayuda financiera, tanto bilateral como multilateral.
Caracas/Bruselas, 21 de marzo de 2018
I.
Introducción
La larga crisis política de Venezuela, que hasta hace poco había sido tratada por la mayoría de potencias extranjeras como un asunto interno, se ha convertido en una emergencia social y económica de múltiples facetas con consecuencias cada vez más preocupantes para la región . Bajo el mando del presidente Hugo Chávez (1999-2013), el gobierno consolidó su poder subordinando las instituciones estatales del país, en principio autónomas, al ejecutivo. Esta erosión de los contrapesos constitucionales no sólo fue tolerada por los líderes de todo el continente, sino que en algunos casos fue emulada .
Sin embargo, en los últimos cinco años la preocupación regional y mundial por los asuntos internos de Venezuela se ha intensificado. El cambio comenzó con la muerte prematura de Chávez a raíz de un cáncer a principios de 2013 y la subsecuente caída del precio del petróleo. El apoyo externo menguó bajo su sucesor elegido, Nicolás Maduro, particularmente después de que dos aliadas regionales claves – las presidentes Cristina Fernández de Kirchner de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil – perdieran el poder en 2015 y 2016. La elección del ex canciller uruguayo Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 también intensificó el escrutinio regional. Aunque Almagro había sido elegido con los votos de Venezuela y sus aliados, trazaría un rumbo diferente al de su predecesor, José Miguel Insulza, quien admitía que Venezuela estaba en violación de la Carta Democrática Interamericana, pero afirmaba que no podía hacer nada sin el apoyo de los Estados miembros . Por el contrario, Almagro comenzó una campaña activa para hacer que el gobierno de Maduro rindiera cuentas por lo que él consideraba como comportamiento antidemocrático
En marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela votó por despojar a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, de todos sus poderes, el Consejo Permanente de la OEA prometió tomar medidas bajo los términos de la Carta Democrática . Pero la presión regional no ha logrado ni controlar el autoritarismo del gobierno de Maduro, ni remediar los problemas económicos subyacentes en un desastre humanitario cada vez más profundo. Otros países latinoamericanos ahora se ven azotados por las ondas de choque que emanan de un país atrapado en las garras de la hiperinflación y el deterioro crónico de las condiciones de vida.
Con base en investigaciones de campo realizadas en Caracas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y en los distritos mineros de los estados de Bolívar y Amazonas, este informe examina los últimos giros en la crisis venezolana y su impacto sobre la región. Esboza cómo las potencias extranjeras y regionales podrían responder para ayudar a minimizar la violencia y el sufrimiento, y generar las condiciones para una restauración de la salud económica de Venezuela y un cuerpo político más incluyente y estable.
II.
Los contrapesos democráticos desaparecen
A lo largo de casi dos décadas en el poder, el autodenominado gobierno “revolucionario bolivariano” de Venezuela fue llenando la Corte Suprema, la autoridad electoral y otras ramas del Estado con funcionarios cada vez más incondicionales en su lealtad, erosionando así los controles y equilibrios. Este proceso se ha intensificado mucho en los últimos tres años . El envilecimiento del sector público ha dejado al Estado de derecho en ruinas, como reconoció la fiscal general, disidente del gobierno, semanas antes de huir al exilio en agosto de 2017 . Bajo Chávez, cuando el precio del petróleo era alto, el gobierno podía ganar elecciones sin fraude manifiesto, aunque el campo de juego sí estaba fuertemente inclinado a su favor . Las primeras elecciones parlamentarias bajo el presidente Maduro, en diciembre de 2015, vieron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora, ganar dos tercios de los escaños, lo que representó un desafío sin precedentes para el gobierno y lo obligó a recalibrar sus medios de supervivencia política.
Posteriormente, el gobierno usó una serie de subterfugios legalistas para volver impotente a la Asamblea Nacional . Bloqueó un intento de la oposición de llamar a un referendo revocatorio contra Maduro y suspendió sin nueva fecha las elecciones regionales y locales que deberían haberse celebrado en 2016 . A fines de octubre de ese año, el Vaticano intentó facilitar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, que colapsaron luego de unas semanas en medio de recriminaciones mutuas . Cuando el Tribunal Supremo decidió asumir todas las funciones de la Asamblea el año siguiente, la MUD anunció que organizaría manifestaciones masivas en un intento por obligar al gobierno a honrar los compromisos que había adquirido durante las negociaciones. Las protestas, que tuvieron lugar en todo el país varias veces a la semana durante cuatro meses, dejaron más de 125 muertos y miles más heridos y encarcelados, en medio de denuncias generalizadas de tortura por parte de agentes de seguridad y uso excesivo de la fuerza.
Las manifestaciones terminaron evaporándose después de que el gobierno celebró elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, supuestamente con el fin de reformar la Constitución de 1999. La MUD la boicoteó alegando que Maduro había llamado a las urnas unilateralmente sin consultar al electorado, y que el sistema de votación había sido manipulado para darle al gobierno una mayoría automática . El 16 de julio, la Asamblea Nacional organizó un referendo no oficial en el que participaron siete millones de personas, según afirmaron los líderes de la oposición . Más del 90 por ciento de los que votaron rechazaron la elección de la Asamblea Constituyente y respaldaron la “renovación” de las instituciones estatales y la creación de un “gobierno de unidad nacional” .
Las conversaciones entre los principales líderes de la MUD y los representantes de Maduro […] no lograron unir a las dos partes.
Este referendo no oficial tampoco logró detener la elección de la Asamblea Constituyente. Las conversaciones entre los principales líderes de la MUD y los representantes de Maduro, en los que el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel, no lograron unir a las dos partes. El 30 de julio, tras la votación salieron elegidos 545 representantes progubernamentales a la Asamblea Constituyente. El gobierno afirmó que se habían emitido más de ocho millones de votos. Sin embargo, nunca se publicaron resultados detallados. La compañía a cargo del software utilizado en las elecciones, Smartmatic, estimó que el número real era “al menos un millón” menos. Otras fuentes citaron cifras aún más bajas . Sin testigos de la oposición ni observadores independientes, fue imposible determinar la participación real.
La Asamblea Constituyente –que según el gobierno tiene poderes supraconstitucionales y autoridad sobre todas las instituciones existentes– pronto demostró ser un activo más en la apuesta del gobierno por mantener el control. La Asamblea Constituyente convocó a elecciones regionales en octubre, y las autoridades electorales ordenaron a los partidos políticos que inscribieran a sus candidatos dentro de las siguientes 48 horas, para luego negarse a eliminar del tarjetón electoral a aquellos que perdieron subsecuentemente las primarias de la MUD. Esta maniobra llevó a que se emitieran muchos votos inválidos, pero fue sólo una en una serie de irregularidades que, según un grupo nacional de observación de elecciones, “imposibilitó considerar [el resultado] una expresión fiel de la voluntad de los ciudadanos” .
Los conteos oficiales dieron 18 de los 23 estados al reinante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con 61 por ciento de la votación, invirtiendo las predicciones de la mayoría de encuestadoras . Las razones detrás de la derrota de la oposición siguen siendo un tema de debate; pero, en esencia, el gobierno maximizó con éxito su propio voto– en parte por la aparente coerción y compra de votos– mientras que muchos antiguos partidarios de la MUD se quedaron en casa . Pero en particular, haber vinculado explícitamente un documento de identidad emitido por el gobierno (conocido como el carnet de la patria) con la provisión de alimentos subsidiados y otros beneficios sociales, así como con el proceso de votación, hizo que muchos temieran que votar en contra del partido gobernante podría conducir a la pérdida de estos beneficios .
En el estado sudoriental de Bolívar, el resultado tardó días en ser anunciado, y por primera vez en la era chavista surgieron pruebas claras de que el recuento electrónico de la autoridad electoral no coincidía con el número de votos registrados en hojas de papel producidas por máquinas de votación. En otras palabras, las autoridades parecen haber alterado el resultado, transformando una estrecha victoria de la oposición en una victoria aun más estrecha para el candidato del gobierno . Las protestas fueron en vano, la autoridad electoral se negó incluso a responder a una denuncia formal de la oposición.
Muchos temieran que votar en contra del partido gobernante podría conducir a la pérdida de estos beneficios [sociales].
Fortalecido por la victoria en las elecciones regionales, el gobierno de Maduro actuó con prontitud y convocó las muy postergadas elecciones municipales para el 10 de diciembre. La mayoría de los principales partidos de la oposición boicotearon los comicios, y el gobierno ganó 308 de las 335 alcaldías en juego. Esta serie de derrotas para la oposición llevó su popularidad y cohesión a su punto más bajo. La decisión de los líderes de los cuatro partidos más grandes de la MUD, el llamado G4, de entablar nuevas negociaciones con el gobierno– en un intento por obtener mejores condiciones para las elecciones presidenciales previstas para 2018– dio lugar a amargas acusaciones por parte de otros líderes opositores afirmando que los primeros tenían la intención de negociar una forma de “cohabitación” con el gobierno .
A fines de noviembre, un grupo de políticos se alzó contra lo que vieron como la traición de la MUD al mandato del referendo del 16 de julio y crearon Soy Venezuela, un movimiento paralelo comprometido con “restaurar la República lo más pronto posible” . Soy Venezuela se opone a las negociaciones entre el gobierno y la oposición, a menos que éstas estén precedidas por la disolución de la Asamblea Constituyente y la liberación de todos los presos políticos, y se centren exclusivamente en los términos para remover al gobierno. Sus líderes más visibles son María Corina Machado de Vente Venezuela, el exiliado ex alcalde de la zona metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, y Diego Arria, un ex embajador venezolano ante la sede de las Naciones Unidas, quien actualmente reside en Nueva York. Han recibido algún apoyo internacional a sus posturas, notablemente del secretario general de la OEA, Luis Almagro .
III.
El impacto económico
Venezuela, una vez la economía más rica de América Latina, ha sufrido un declive económico precipitado bajo el presidente Maduro. Estrangulada por rígidos controles de cambio y de precios, la economía se ha contraído en más de un tercio desde 2012, mientras que la inflación ha comenzado a subir casi verticalmente. Empresas estatales corruptas e ineficientes se tragan los recursos mientras producen poco que sea de valor. La mayoría de personas y empresas no tienen medios para obtener divisas fuertes, mientras que el incumplimiento parcial de la deuda externa de Venezuela es ya una realidad. El comercio se ha desplomado, afectando a otras economías de América Latina. Algunas, incluidas las de Colombia y Brasil, habían experimentado un notable aumento de sus exportaciones a Venezuela durante el boom petrolero de 2003-2013, solo para verlas colapsar a medida que la recesión avanza. Otras se beneficiaron de subsidios energéticos que el gobierno ya no puede permitirse mantener a niveles anteriores, en parte debido a la caída estrepitosa en la producción de petróleo .
El Banco Central dejó de publicar cifras del PIB y la inflación hace algún tiempo, pero según la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, dirigida por la oposición, la tasa mensual superó el 50 por ciento en octubre de 2017– considerado convencionalmente como el umbral de la hiperinflación. La oposición coloca la inflación acumulada para 2017 en 2.616 por ciento. El Fondo Monetario Internacional proyecta la inflación para el año 2018 en 13.000 por ciento, y algunas estimaciones son aún más altas . A pesar de la media docena de aumentos en el salario mínimo en doce meses, para enero de 2018 su poder adquisitivo había caído a una quinta parte de su valor al principio de ese periodo. Igualmente, la producción de petróleo– que representa casi todas las ganancias por exportaciones– cayó en un 29 por ciento .
Venezuela está al borde del incumplimiento pleno de su deuda externa, que sería la primera en la región desde la crisis de la deuda argentina de 2001. A principios de noviembre de 2017, el presidente Maduro anunció que buscaría “reestructurar y refinanciar” la deuda de la nación e invitó a los tenedores de bonos a una reunión en Caracas. Pero a fecha de hoy no ha presentado ningún plan y las negociaciones no han comenzado. Las posibilidades de una reestructuración ordenada son prácticamente nulas, porque las sanciones de los Estados Unidos vigentes desde mediados de 2017 tipifican como delito federal prestar dinero al gobierno venezolano o a Petróleos de Venezuela (PDVSA), excepto enciertas, muy limitadas, circunstancias .
Venezuela está al borde del incumplimiento pleno de su deuda externa, que sería la primera en la región desde la crisis de la deuda argentina de 2001.
Hasta ahora, los tenedores de bonos se han mostrado reacios a hablar de “default”, al menos mientras Venezuela continúe cumpliendo con algunos pagos. Pero es probable que llegue un punto de no retorno en el cual un incumplimiento a gran escala– ya sea de bonos soberanos o de PDVSA, o de ambos– sea inevitable. Unos $10 mil millones en reembolsos y pagos de intereses vencen en 2018, y a pesar de que el precio del petróleo está otra vez por encima de los $60, la veloz caída de la producción y otros problemas estructurales significan que Venezuela seguirá teniendo un enorme déficit presupuestario. Incapaz de sostenerse sin ayuda externa, el país será empujado a depender cada vez más de un puñado de aliados– principalmente Rusia y China.
Las crisis de deuda son eventos desestabilizadores para los mercados financieros, particularmente cuando se trata de una economía relativamente grande. En el caso de Venezuela, el efecto dominó financiero hacia el exterior puede verse limitado porque el resto de la región se encuentra en mucho mejor condición y el mercado ha tenido en cuenta desde hace años la probabilidad del incumplimiento. Gracias al enorme potencial del país de atraer inversiones en petróleo y otras industrias básicas, su recuperación interna podría ser bastante rápida. Pero ésta– e incluso un acuerdo de reestructuración inicial para la deuda externa– requeriría que el gobierno tome medidas para reformar la economía. Bajo Maduro, y con las sanciones en firme, dicha reforma es prácticamente inconcebible. El presidente insiste en que el problema económico es el resultado de una agresión externa dirigida a un cambio de régimen, mientras que las fuentes de nueva financiación se van reduciendo drásticamente por la falta de acceso al sistema financiero de los EE.UU.
El comercio exterior de Venezuela también sigue cayendo. En el primer trimestre de 2017, el comercio entre Colombia y Venezuela se contrajo en un 58 por ciento, según la cámara binacional de comercio, Cavecol. La causa principal fue la fuerte disminución de las exportaciones colombianas debido a la depresión económica en Venezuela. Las importaciones venezolanas desde Colombia solo sumaron $70 millones, en comparación con los $255 millones del primer trimestre de 2016 . En 2008, con un comercio bilateral anual de más de $6 mil millones, la tasa de crecimiento de Colombia era del 5-6 por ciento anual; ahora está alrededor de tres puntos menos, debido en parte a la reducción masiva en el comercio con Venezuela .
En el caso de Argentina, las exportaciones a Venezuela cayeron casi un 70 por ciento entre 2013 y 2017. Esa caída siguió a un período de crecimiento extraordinario entre 2003 a 2013 – los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habían desarrollado estrechos vínculos con Chávez – en donde las exportaciones aumentaron de apenas $139 millones a $2,15 mil millones, convirtiendo a Venezuela en el quinto mercado exterior más importante de Argentina, pero también provocando una serie de escándalos de corrupción que involucraron a un fondo bilateral multimillonario . Un patrón similar afectó a otros miembros del bloque comercial Mercosur, al que Venezuela se unió en 2012, pero del cual fue suspendido indefinidamente en agosto de 2017 cuando los otros cuatro miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron no reconocer a la Asamblea Constituyente . El comercio entre Venezuela y los países del Mercosur cayó un 66,7 por ciento entre 2012 y 2016 .
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