El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) se pronunció este miércoles sobre las graves situaciones de violación del derecho a la salud y la vida en los estados Cojedes y Carabobo.
Este miércoles se registró un motín en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en Valencia, en donde al menos cinco reos resultaron muertos y dos efectivos policiales heridos.
LaPatilla.com
Datos extraoficiales ofrecidos por familiares en el lugar indican que la situación habría iniciado luego de una requisa. La periodista en el estado Carabobo, Heberlizeth González, indicó a través de Twitter que los privados de libertad fallecieron debido a las quemaduras sufridas producto de un incendio.
A continuación el comunicado íntegro de Cadef:
Con alta preocupación observamos el deterioro sostenido del sistema de salud público en los estados Carabobo y Cojedes y las violaciones sistemáticas del derecho a la salud y a la vida en estos estados, generadas en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela. En Tinaquillo, el hospital Joaquina de Rotondaro, con 81 años de fundado y principal hospital público del municipio industrial de estado Cojedes, y el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas (Maternidad del Sur) en Carabobo, padecen precariedades mayores a las que presentaban en el año 1937.
En febrero de 2016 comenzó a agudizarse la situación salud en Tinaquillo, cuando el laboratorio del Hospital Joaquina de Rotondaro se quedó sin reactivos[1]. El problema fue agravándose y sumando privaciones que las victimas no quisieron denunciar por temor a represalias y los medios tampoco reseñaron por autocensura. Un año después, en febrero de 2017, los medios de comunicación regionales si visibilizaron las penurias que vivían las personas recién operadas y mujeres recién dadas a luz al no encontrarse operativo el ascensor de este recinto hospitalario[2]. El 20 de marzo del 2017, en el programa radial “Gente que habla” transmitido por la emisora local VIVA 93.3 FM, en Cojedes, un grupo de trabajadores del hospital expresaron su inquietud por la falta de insumos médicos en el área de emergencia y de hospitalización. Los trabajadores narraron que en horas nocturnas los pasillos y habitaciones estaban a oscuras, porque los bombillos se habían quemado, y el personal de enfermería se alumbraba con los celulares para preparar y aplicar medicamentos a las personas en cama. Asimismo, denunciaron que las personas y familiares preferían ir a un servicio privado, por la gran precariedad del servicio de emergencia. En el mismo mes de marzo, los medios de comunicación regionales reseñaron la contaminación en la que se encontraban los quirófanos del hospital.
El estado Carabobo no está lejos de la misma realidad. En el hospital materno infantil Dr. José María Vargas, conocido por los carabobeños como maternidad del sur, se repite el mismo patrón de deterioro en su infraestructura y dotación de medicamentos e insumos médicos. En marzo de 2016 los enfermeros denunciaron la insalubridad en la que se encontraba la maternidad [5]. En abril del mismo año fue suspendido el servicio de alimentación para las personas atendidas motivado a que no contaban con recursos suficientes para sostener tal servicio. La escasez de insumos médicos para que los profesionales de la salud puedan llevar a cabo su trabajo ha sido una constante denuncia hecha por los ciudadanos. En octubre de 2016, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, reiteró la denuncia a través de los medios de comunicación.
El Dr. Jorge Pérez, quien se ha caracterizado por ser defensor de los derechos de los niños, niñas y de las mujeres embarazadas, denunció en varias oportunidades el deterioro en el que se encuentra la maternidad y por ello ha sido perseguido por quienes quieren silenciar su voz exigiendo garantía del derecho a la salud y a la vida. En mayo de 2017, fuimos testigos de cómo el gobierno regional de Carabobo sin ningún tipo de procedimiento legal previo, suspendió por 60 días al galeno[8], impidiéndole el ingreso a la maternidad del sur. El pasado 8 de marzo de 2018, el Dr. Pérez solicitó a través de redes sociales la dotación del servicio de agua con camiones cisternas[9] para la atención de mujeres en proceso de parto y, cuando fue a cumplir su guardia, se le impidió la entrada por “órdenes superiores” e incluso los guardias de seguridad le amenazaron con retirarlo a la fuerza llamando a una comisión del CICPC.
Estos hechos no son aislados. Ya en reiteradas ocasiones Cadef ha señalado la ineficiencia de las medias tomadas por parte del Estado venezolano, así como la falta de voluntad para realizar cambios significativos en el sistema de salud. Es una obligación del Estado garantizar el acceso a la salud de forma gratuita, y esto no solo se refiere a la existencia de infraestructura. El derecho a la salud, en realidad exige una cantidad de requerimientos mínimos para poder tener acceso a servicios, a los insumos necesarios, a profesionales capacitados y a medidas sanitarias y de saneamiento, de acuerdo con la Constitución y los tratados internaciones suscrito por la República. Esta exigencia es justa y urgente, ya que como indican los hechos anteriores la situación va en vías de agravarse por la inacción del Estado. Sin embargo, observamos propagandas que ocultan estas realidades, negándolas en cualquier declaración, y como si fuera poco amenazando a quienes señalan y denuncian lo que padecen las personas que necesitan atención, incluyendo las mujeres para poder traer a sus hijos al mundo, sin riesgo para sus vidas.
El derecho a la salud es un derecho humano y un derecho social fundamental conforme a nuestra Constitución. En el año 2018, Cadef realizó un trabajo en el sector joven tinaquillero, encuestando a 183 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) sede Tinaquillo, en donde se les preguntó ¿Cuál considera usted que es el problema más grave en el municipio?. A lo cual un 80% respondió: el desabastecimiento de medicinas, insumos médicos y el deterioro de la infraestructura del hospital. El otro 20% estuvo dividido en escases de alimentos e inseguridad. En nombre de estos jóvenes y de las nuevas generaciones, Cadef rechaza la terrible situación que se vive hoy en la salud de los venezolano, cobrándose la vida de muchas personas y dejando a familias impotentes frente al deterioro físico y mental de seres queridos o quedándose si medios económicos para comprar las medicinas e insumos por ellos mismos, teniendo entre otras consecuencias que los más jóvenes abandonan sus estudios para trabajar. El ejemplo más palpable son los 25.000 estudiantes que se han retirado de la Universidad de Carabobo.
Desde Cadef, Exigimos al Estado venezolano se cumplan las garantías que exige este derecho y que nos corresponden como personas y ciudadanos. Cada estado y municipio en Venezuela debe contar con instituciones públicas de salud, autónomas y suficientemente dotadas y equipadas para cubrir las necesidades de todas las comunidades, garantizando medicinas, servicios y personal calificado. También queremos expresar nuestra solidaridad con el Dr. Jorge Pérez, una vez más ejemplo de la lucha que debemos seguir para elevar la voz y hacer valer nuestros derechos. De parte de la sociedad civil organizada y sobre todo por parte de la juventud exhortamos al Estado venezolano que cesen las persecuciones y que inicien un plan para poder cubrir las necesidades de los ciudadanos, aun cuando esta ayuda deba ser internacional.
Dignifiquemos de nuevo la salud, que nuestros jóvenes de nuevo sueñen con estudiar y dedicarse a la profesión de la medicina o la enfermería, y no tengan miedo de que puedan formar parte de las victimas por el hecho de no tener acceso a servicios de salud.