El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) expresó este lunes su apoyo a una investigación en el país sobre Odebrecht, tras aclarar que no fue durante su Gobierno cuando se adjudicaron contratos a esta empresa brasileña salpicada por un escándalo de corrupción.
Carlos Mesa, en un comunicado, se refirió al anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de que una comisión parlamentaria llevará a cabo esa investigación.
“Respaldo plenamente la decisión de llevar adelante una amplia y profunda investigación sobre este tema por las instancias jurisdiccionales que correspondan”, manifestó Mesa.
El político añadió que el objetivo es que “se esclarezca cualquier duda respecto a las denuncias de corrupción difundidas en medios internacionales, que pudieran tener relación con las obras aludidas”.
“Queda claro que en mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia”, precisó.
Al respecto, agregó que “fue el gobierno que nos sucedió el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes”.
El comunicado detalló que el proceso de adjudicación se realizó con el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).
Morales comunicó que hoy mismo iba a pedir a la Asamblea Legislativa de Bolivia una comisión investigadora sobre “exautoridades” que pudieron participar en aquel proceso.
El anuncio se produjo tras informaciones en Brasil acerca de supuestas comisiones por parte de un servicio estatal de carreteras de Bolivia ya extinto, que tuvo relación con adjudicaciones de obras al conglomerado de empresas de Odebrecht.
El mandatario subrayó que “el Gobierno, el presidente no está implicado en ningún acto de corrupción con las empresas, menos con Odebrecht”.
Odebrecht, junto con otras quince constructoras brasileñas, protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil al participar de una red que desvió, por medio de licitaciones fraudulentas y contratos inflados, millonarios fondos de una petrolera estatal.
El caso se expandió por otra decena de países de América y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a políticos de parte de la constructora.
La compañía cerró acuerdos de colaboración con la Justicia en Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Ecuador en los que, además de pagar millonarias multas, reconoció haber cometido actos ilícitos y se comprometió a no repetirlos.
EFE