La mayoría independentista del Parlamento de Cataluña aceptó este martes que el expresidente catalán Carles Puigdemont, preso en Alemania, pueda delegar el voto como diputado regional, en abierto desafío a las medidas dictadas por el Tribunal Constitucional y a los servicios jurídicos de la cámara legislativa.
La decisión fue tomada por la Mesa (órgano rector parlamentario), donde la coalición electoral JxCat -encabezada por Puigdemont- y ERC (izquierda republicana) disponen de mayoría.
Los letrados de la cámara habían avisado verbalmente de que esta decisión podría contravenir las medidas cautelares que el Tribunal Constitucional (TC) dictó cuando Puigdemont había huido a Bélgica para eludir la acción de la Justicia española y pretendía ser reelegido presidente catalán “a distancia”.
El exgobernante catalán fue detenido en Alemania el domingo 25 de marzo, tras cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden del juez español Pablo Llarena, que lo había procesado por rebelión en relación con el proceso independentista catalán de 2017, al igual que a otros 12 líderes separatistas.
Puigdemont está en prisión preventiva a la espera de que la Audiencia Territorial de Schleswig (Alemania) resuelva su caso. La Fiscalía alemana se manifestó hoy favorable a que se tramite la entrega a España y, mientras tanto, siga encarcelado por riesgo de fuga.
Según fuentes parlamentarias catalanas, las fuerzas independentistas argumentan que ahora sí se dan las condiciones para que el expresidente catalán pueda delegar el voto.
A juicio de estos grupos, su situación en Alemania se asimilaría a la de los dirigentes independentistas que cumplen prisión preventiva en España, a los que sí se ha permitido delegar el voto en otro diputado.
De esta manera, Puigdemont podría votar por delegación en una eventual sesión parlamentaria para elegir un presidente de Cataluña tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado.
Mientras tanto, sigue corriendo el plazo de dos meses que comenzó el 22 de marzo pasado para la elección de un presidente regional. Si no fuera así, se convocarían nuevas elecciones.
Puigdemont y Jordi Sánchez -en prisión preventiva- tuvieron que renunciar a ser candidatos a presidente catalán por sus circunstancias judiciales, mientras un tercero, Jordi Turull, no pudo someterse a una segunda votación -perdió la primera el 22 de marzo- porque fue procesado y encarcelado por el juez Llarena. Los tres pertenecen a JxCat.
En esa primera votación, no pudieron participar Puigdemont ni otro diputado catalán, Antonio Comín (ERC), también huido en Bélgica.
Turull necesitaba al menos 68 de los 135 diputados regionales (mayoría absoluta), pero solo logró 64 votos, con 65 en contra y 4 abstenciones, mientras que le habría bastado mayoría simple en una segunda votación.
Mientras se dirime quién será el próximo presidente regional de Cataluña y el futuro de Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos o encarcelados, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) siguen movilizados en protesta por la situación de todos ellos.
La Fiscalía española anunció hoy que investigará si puede haber un delito de rebelión en dichas actuaciones, centradas en los últimos días en el corte de carreteras y la ocupación de peajes de autopistas, coincidiendo con el final de la Semana Santa, para reivindicar la libertad de los políticos presos.
Durante el pasado fin de semana, activistas de los CDR ocuparon varios peajes y levantaron las barreras para permitir que los vehículos pudieran circular sin tener que pagar.
El Ministerio Público explicó en un comunicado con esos actos, los CDR pretenden subvertir el orden constitucional y que, como garante del mismo, “actuará con contundencia” para llevar a sus autores ante la Justicia.
El anuncio de la Fiscalía fue replicado rápidamente por los CDR que denunciaron, en otro comunicado, “los intentos de criminalización, sea de la prensa o la fiscalía, todos ellos poderes fácticos de un estado represor y fascista”.
EFE