La muerte de al menos 68 personas tras un incendio en un calabozo del estado Carabobo, en la región central de Venezuela, dejó en evidencia las fallas de la justicia del país caribeño y que llevó el colapso del sistema carcelario con violencia y hacinamiento.
El Ministerio Público (MP) abrió la investigación para determinar las causas del incendió registrado el pasado miércoles que provocó la muerte de 66 reclusos y dos mujeres que estaban de visita y que, según el fiscal general, Tarek Saab, se debió a una requisa.
“El incendió comenzó con una especie de requisa (…) que luego provocó un incendio por parte de los privados de libertad, que al parecer queman unos colchones”, sostuvo Saab en una entrevista en Unión Radio.
El titular del MP pidió “declarar en emergencia” el sistema de justicia “en pleno”, al que atribuyó la principal responsabilidad del hacinamiento de los centros de reclusión que llevó a las muertes.
El funcionario afirmó que la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias propició el hacinamiento en los calabozos de este centro y pidió que el suceso “sea una gran alerta nacional para que comencemos un trabajo realmente definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de Policía”.
El que también fuera defensor del Pueblo reveló que en la actualidad “hay más de 25.000 privados de libertad en estaciones de Policía”, de los que 3.000 “ya están condenados” y “no deberían estar ahí” sino ya en una cárcel.
Aunque los órganos oficiales no tienen datos actualizados de la población carcelaria, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró a Efe que el hacinamiento de este centro alcanzó el 670 %, un número que, asegura, mantiene sintonía con los demás del país.
El director del OVP, Humberto Prado, detalló que el centro de detención preventiva de Carabobo albergaba a aproximadamente 200 reclusos, pese a que “su capacidad instalada es de 30 internos”.
Prado, al igual que Saab, atribuye las causas del hacinamiento al “retardo procesal”, y añade además “la falta de otorgamiento de medidas alternativas de libertad”.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, respondió a la ola de críticas que se han desatado en contra de su despacho asegurando que no es su competencia lo ocurrido el pasado miércoles y pidió que continúe la investigación del caso.
Varela rechazó las criticas y señalamientos por el suceso y señaló que Venezuela “hoy exhibe el mejor sistema penitenciario del mundo”.
La ministra, que ha impulsado durante los últimos años la reforma del sistema penitenciario venezolano, bajo la concepción de “el hombre nuevo”, explicó que los centros de detención policial son competencia del Gobierno regional y no del Ejecutivo.
La penitenciaría de la Policía de Carabobo está bajo la tutela de la Gobernación del estado, y en consecuencia del gobernador chavista Rafael Lacava, que en los últimos días se refirió a lo ocurrido con un comunicado informando del inicio de una investigación al respecto.
En Venezuela no se había registrado un evento de tal magnitud por un incendio en un centro penitenciario desde 1996, cuando 26 presos murieron en la cárcel de La Planta, y otro anterior, en 1994, cuando 109 personas murieron también quemadas en la antigua cárcel de Sabaneta, en el estado Zulia.
La Asamblea Nacional, controlada por los opositores y cuyas decisiones son consideradas nulas por el Estado, debatirá mañana la tragedia ocurrida hace casi una semana, según informó la diputada Delsa Solórzano.
“Mañana en plenaria vamos con el tema del debate de Carabobo y con algunos anuncios muy importantes con relación a ese tema que no queremos adelantarlos hoy”, anunció en rueda de prensa. EFE