Consternado por el asesinato de dos periodistas y un chofer del diario El Comercio a manos de disidentes de la exguerrilla colombiana de las FARC implicados en el narcotráfico, Ecuador busca recobrar los cadáveres mientras descarga su furia contra los asesinos. AFP
En su editorial del sábado, el diario pide a los gobiernos de Ecuador y Colombia “todas las explicaciones” de lo ocurrido desde que los tres ecuatorianos fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la población costera de Mataje, en la convulsa frontera colombiana, donde realizaban un reportaje sobre violencia.
“Con verdad y detalle, por el derecho que tiene la opinión pública, las familias de nuestros compañeros y la sociedad”, señala el rotativo, uno de los más influyentes del país.
Ni Quito ni Bogotá pudieron determinar dónde murieron ni dónde están sus cádaveres, y ambos gobiernos tienen además versiones opuestas sobre el lugar donde ocurrieron los hechos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que Ecuador, Colombia y las familias de las víctimas pidieron su colaboración para recuperar los cadáveres del periodista Javier Ortega (32 años), del fotógrafo Paúl Rivas (45) y del conductor Efraín Segarra (60).
El organismo agregó que también el “grupo liderado por Guacho”, responsable del crimen, le solicitó colaborar con la entrega.
Esos operativos humanitarios suelen hacerse con mucha reserva y trascienden pocos detalles. El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, se anticipó a pedir comprensión sobre la “naturaleza confidencial de gran parte de la información”.
Visiblemente dolido e indignado, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la muerte de los periodistas el viernes, tras la aparición de unas fotos que prueban su ejecución.
La última vez que se les vio con vida fue en un video difundido el 3 de abril, en el que aparecían con cadenas al cuello, clamando por un trato con los captores.
Su caso, condenado por la comunidad internacional, sume en el dolor a un país que jamás había sufrido con tanta crueldad los problemas derivados del narcotráfico en Colombia.
La información, que ha llegado en cuentagotas, los rumores y los datos falsos le han dado más dramatismo.
Hasta la medianoche del viernes un centenar de personas, mucha de ellas con velas en las manos, se concentraron en silencio frente a la casa de gobierno, en el centro de Quito, en una vigilia en homenaje a los muertos.
A por Guacho
Tras la divulgación de las fotos, Moreno había dado el jueves un plazo de doce horas para que los captores entregaran una prueba de vida.
Vencido el ultimátum cerca del mediodía del viernes, Colombia y Ecuador iniciaron una cacería de los responsables en la porosa y selvática frontera, uno de los puntos estratégicos en la ruta del Pacífico para transportar cocaína a Estados Unidos a través de Centroamérica.
El gobierno decretó cuatro días de luto oficial.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas indicaron por la noche que en la zona de Mataje arrestaron a nueve “sospechosos” e incautaron armas y municiones.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, que llegó a Quito con las máximas autoridades militares y policiales de su país, informó que del lado colombiano se lanzaron operaciones “desde Tumaco y Cali”, en el suroeste.
“Mantendremos ese despliegue coordinadamente con Ecuador a través de helicópteros, de aviones, de personal de Ejército”, agregó.
En la mañana de este sábado no se conocían más detalles de las operaciones.
Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra, que se apartó del proceso de paz firmado con las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, y se dedica al narcotráfico.
Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está bajo las órdenes de Guacho, por quien los dos países anunciaron una recompensa de 230.000 dólares.
El catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Fernando Carrión advierte de que un enfoque exclusivamente militar contra las drogas puede desatar una gran pérdida de vidas humanas, secuestros y extrema violencia como sucedió en México en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
“En zonas deprimidas como esta frontera se requiere una política económica para que haya sustitución de cultivos, para que los ingresos de sus habitantes no vengan a partir de los narcóticos, sino a partir de las economías legales. Hay que hacer una política multilateral, donde haya cuestiones de economía, de política y obviamente de cuestiones militares”, explicó este experto en seguridad.
La inusitada violencia que vive Ecuador, que ha dejado por ahora siete muertos y cuatro decenas de heridos, es una secuela del acuerdo de paz que condujo al desarme de las FARC, organización que controlaba territorios que ahora están en disputa entre desertores rebeldes y bandas de origen paramilitar.