España está afianzando su sistema de visados exprés, que se resuelven en 10 días y otorgan la residencia a inversores, emprendedores y profesionales altamente cualificados, frente a las largas esperas de los procesos de asilo y el rechazo en 2017 de dos tercios de las solicitudes de ese tipo recibidas.
Los programas de visados exprés o “dorados”, diseñados para atraer a inmigrantes con solvencia económica o talento – o ambos criterios juntos – llevan décadas implantados en Canadá y Estados Unidos, y en los últimos años se han popularizado fundamentalmente en países caribeños y europeos.
En el caso de España están recogidos en la llamada Ley de Emprendedores, vigente desde octubre de 2013.
Hasta diciembre de 2014 esa ley permitió obtener la residencia en España a un total de 5.581 extranjeros – inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y personal de multinacionales expatriado – y sus familias.
El total acumulado de visados exprés concedidos hasta el 31 de diciembre del año pasado asciende a 41.094, según los datos facilitados a Efe por la Secretaría de Estado de Comercio.
El visado se puede conseguir en un plazo breve, de apenas 10 días, si el extranjero acredita haber destinado un mínimo de 500.000 euros a la compra de bienes inmuebles o, en el caso de las inversiones de capital, poseer dos millones en títulos de deuda pública española o un millón en depósitos bancarios o acciones.
Ciudadanos chinos (un 37,3 %) y rusos (26,6 %) encabezan las inversiones inmobiliarias, que representan un 93,7 % de todas las realizadas bajo el paraguas de la Ley de Emprendedores, mientras que los venezolanos lideran, con un 12 %, entre quienes han logrado la residencia como profesionales altamente cualificados, seguidos de brasileños e indios.
Varias ONG e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevan tiempo alertando de los riesgos de que proliferen casos de tráfico de influencias y corrupción fiscal asociados a los programas de visados exprés.
Frente a la rapidez de emisión de un “visado dorado” si se cumplen los requisitos, el promedio de resolución de las peticiones de asilo o refugio en España en 2017 fue de unos 380 días.
Así lo explicó a Efe Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Hasta el pasado 28 de febrero, España acumulaba unas 42.000 peticiones de ese tipo pendientes de resolver, según la CEAR, que se sirve para sus análisis de los datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE).
Las cifras de Eurostat muestran que España es el país de la UE donde más han crecido proporcionalmente las solicitudes de asilo, al pasar de 15.600 en 2016 a 30.400 el año pasado, en su mayoría de venezolanos (un tercio del total), sirios, colombianos y ucranianos.
Leopoldo López Gil, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López, comentaba este mismo mes durante un acto en Sevilla que España debe reconsiderar su política sobre las solicitudes de asilo de venezolanos, adoptando medidas de carácter provisional para dar una solución a los miles que huyen de la crisis en el país suramericano.
Del total de 13.300 peticiones de asilo resueltas por España en 2017, muchas de ellas presentadas en años anteriores, como resalta Favieres, dos tercios fueron rechazadas.
“No somos un país de refugio”, sentencia Favieres al subrayar, entre otros factores, que se usan criterios “muy restrictivos”, las dificultades de acceder al procedimiento, procesos “larguísimos” de reagrupación familiar y una “doble discriminación” que se ceba con aquellos que no tienen recursos económicos.
Miriam Burgués/EFE