I. ¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?
El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de explotación de recursos naturales dentro de nuestro país. Fue establecido y puesto oficialmente en curso por medio de un decreto presidencial el 24 de febrero del año 2016. Este decreto autoriza la explotación minera a gran escala de una inmensa zona ubicada en el sureste del país (incluye vastas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y será desarrollada por empresas mixtas (de capital público nacional y capital privado internacional).
El área destinada a los trabajos de exploración y explotación por dicho decreto alcanza aproximadamente el 12% de la extensión de nuestro territorio nacional (111.843,70 km²) y cuenta con unas reservas probadas en miles y millones de toneladas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán. Es, además, una zona de una muy rica biodiversidad que comprende grandes selvas y bosques protegidos por decretos de reserva forestal, monumentos naturales y cuencas salvaguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales.
II. Razones oficiales y razones reales
El proyecto del Arco minero del Orinoco, según el propio gobierno nacional, es una iniciativa que forma parte del “Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana” y cuyo principal propósito es reimpulsar la economía venezolana. Tiene, según sus propias afirmaciones, un valor económico estratégico fundamental: posee el potencial para llevar, al país, de una economía petrolera monorentista a una economía diversificada más vigorosa y segura. Altos funcionarios del gobierno han sostenido, por ejemplo, que la ejecución del proyecto del Arco minero podría convertir a Venezuela en la segunda reserva de oro más grande del planeta y establecer al estado Bolívar como una alternativa no petrolera de desarrollo en el país.
Sin embargo, las razones de fondo que han empujado al gobierno nacional a implementar el proyecto del Arco Minero del Orinoco parecen ser muy distintas. La baja relativa de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera nacional han provocado una escasez notable de divisas en las arcas del gobierno. Esta escasez le ha impedido al gobierno nacional, por una parte, atender satisfactoriamente sus obligaciones ordinarias y extraordinarias y, por la otra, mantener sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional.
El gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente “lícita” de recursos e ingresos. El proyecto del Arco Minero responde, de este modo, básicamente, a un interés privado: la satisfacción de los intereses de la elite gobernante; no a un interés primordialmente público: no al interés de la nación en general. La falta de los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución Nacional para poner en marcha actividades de esta naturaleza deja justamente en evidencia la urgencia de su motivación particular y nos confirma, así mismo, el desinterés público de dicha empresa.
III. Impacto ambiental, social y cultural
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, una catástrofe ecológica que afectará no sólo a la generación presente sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general.
No existe, en el mundo contemporáneo, una tecnología adecuada para llevar a cabo una explotación minera de tipo ecológica. Los trabajos de exploración y explotación mineras del Arco del Orinoco serán realizados bajo las técnicas tradicionales de exploración y explotación. Así pues, la deforestación y la quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda la zona.
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará (literalmente) convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. Nuestras reservas de agua y la generación de energía para todo el país, como es de esperar, se verán seriamente comprometidas.
El decreto del Arco minero del Orinoco viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas. Las condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación; las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero del Orinoco será una sentencia de muerte para las etnias Warao, Acawayo, E´Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Semeyá.
El Arco Minero del Orinoco convierte el sur de nuestro país en un enclave colonial. Le otorga ventajas especiales al capital extranjero: exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, flexibilización de la normativa laboral, no interferencia de la minería artesanal, los indígenas o de huelgas. Y menoscaba odiosa e injustamente los derechos de los trabajadores empleados: los deja sin el amparo de la ley del trabajo y sin el derecho a reunión, manifestación o huelga.
El Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto sumamente erosivo sobre nuestra sociedad y sobre la vida de toda nuestra nación: producirá la expansión a gran escala de los males sociales y culturales asociados a la minería ilegal actual: masacres, sicariato, corrupción, represión de los cuerpos policiales y militares, propagación de enfermedades, alcoholismo, tráfico de drogas, drogadicción, trata de mujeres, violación de menores, etc.
IV. Consideraciones finales
El decreto del Arco Minero del Orinoco viola derechos humanos fundamentales, la Constitución de la República y la firma de tratados internacionales ambientales, laborales e indígenas por parte de nuestro país.
El decreto del Arco Minero del Orinoco lesiona gravemente la soberanía de nuestra nación. Desconoce derechos y principios constitucionales para favorecer los intereses de la elite gobernante y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación.
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco perjudicará muy negativamente a nuestro ambiente, a nuestras comunidades indígenas y a nuestras vidas en general. Dará lugar a lugar a un ecocidio de grandes magnitudes e intensificará el –ya, de hecho, muy alarmante- proceso de desintegración social del país.
El Arco Minero del Orinoco producirá una catástrofe ecológica de consecuencias planetarias. El área destinada por el decreto para la explotación minera es muy, muy grande: casi la mitad de todo el territorio del Reino Unido (243.000 km²) e incluso superior a la extensión total de países tales como Cuba (109. 884 km²), Portugal (92.100 km²) o Panamá (78.569 Km²). Su impacto sobre nuestro ambiente será incluso mayor al provocado, por la antigua Unión Soviética, en el Mar de Aral.
Si algún día nuestro país recupera la calma y los venezolanos de uno y otro signo deciden escribir su propia historia nacional de la infamia, el Arco Minero del Orinoco ocupará, sin duda alguna, un lugar destacado dentro de ella. Pero, por ahora, a todo ciudadano consciente, a todo individuo responsable le corresponde la tarea de oponerse a él, denunciarlo y organizarse para impedir la continuación de su ejecución.