Con angustia somos testigos del dictamen de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) condenando a PDVSA a pagar $ 2.040 millones de dólares a ConocoPhillips. Volvamos las páginas de la historia para entender cómo hemos llegado a esta desgracia.
En 1991 tuvo lugar la Guerra del Golfo. Fue un conflicto librado por una coalición de 34 países, encabezada por EEUU y Arabia Saudita, para obligar a Irak a retirarse de Kuwait.
Vencido, Saddam Hussein se va de Kuwait pero al hacerlo incendia 900 pozos petroleros de ese país. Adicionalmente la ONU le aplica un embargo petrolero a Irak. El mundo se quedó sin el petróleo de ambos países.
Como siempre, los mercados voltearon la mirada hacia Venezuela, pero no estábamos en condiciones de responder porque nuestra producción petrolera estaba en declive.
En febrero de 1992 Chávez encabeza una intentona militar. Otra más se produjo ese noviembre. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993 y sustituido por Ramón J. Velasquez. En 1994 Rafael Caldera fue electo presidente. Ante tanta inestabilidad el país cae en una profunda crisis económica en la cual sucumbe la mitad del sector financiero.
El mundo necesitaba nuestro petróleo y nosotros necesitábamos desesperadamente los ingresos que podía producirnos; pero no teníamos los recursos para realizar las inversiones requeridas. La respuesta fue la Apertura Petrolera.
PDVSA y su filial Lagoven habían pedido a la Corte Suprema de Justicia establecer mecanismos para poder aceptar inversiones privadas capaces de reactivar nuestra industria. En ponencia de Román Duque Corredor la Corte fijó las condiciones. Una de las vías que se ajustaban a las mismas fueron las Asociaciones Estratégicas para la Faja del Orinoco.
Entendiendo que el problema era más político que jurídico, PDVSA le pidió también al Congreso Nacional fijar las Bases Mínimas para proceder a la negociación de los Contratos de la Apertura. Contando ya con la aprobación de la CSJ y del Congreso Nacional, se adelantó un proceso absolutamente transparente de licitaciones que ha debido llevar nuestra producción a más de 5 millones de barriles diarios con una inversión total de 65.000 millones de dólares.
En el caso de las Asociaciones Estratégicas los contratos fueron enviados, una vez suscritos, para que el propio Congreso les diese su visto bueno. Se firmaron así cuatro grandes Asociaciones Estratégicas en la Faja del Orinoco: Cerro Negro, Sincor, Hamaca y Petrozuata, está última suscrita con ConocoPhillips con capacidad para producir 120.000 b/d.
A través de una organización llamada Fundapatria -presidida por Luis Vallenilla y Alí Rodríguez- un grupo de venezolanos que apoyaba la candidatura de Hugo Chávez demandó ante la Corte Suprema la nulidad de la Apertura Petrolera. Durante su campaña electoral en 1998, el propio comandante fue el principal detractor del proceso transformando su posición anti apertura en el leitmotiv de su campaña.
A pesar de las presiones que ejerció Chávez una vez electo presidente, en agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia -en ponencia de Cecilia Sosa- declaró sin lugar la demanda, por cuanto era evidente que se habían cumplido todos los extremos legales.
Pero Chávez no aceptaba fácilmente una derrota. Era como Jalisco que si no gana arrebata. Al no prosperar sus deseos en la Corte, procedió a la aprobación en el 2007 -vía Habilitante- de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que ponía fin a la Apertura Petrolera.
A las empresas que habían suscrito contratos se las conminó a “migrar” al esquema de empresas mixtas o irse del país. Muchas aceptaron porque los precios del petróleo habían alcanzado niveles históricamente altos. Otras, ante la violación de los términos del contrato que equivalía a una expropiación, recurrieron a arbitrajes internacionales. Los hemos perdidos todos.
Entre las que no aceptaron “migrar” estaban Exxon Mobil y Conoco-Philips. Precisamente esta última acaba de ganar un arbitraje ante la Camara Internacional de Comercio que obliga a PDVSA a pagarle 2.040 millones de dólares. Ya perdimos otro arbitraje con la misma empresa ante el CIADI del Banco Mundial. El monto a pagar en ese caso aún no se ha determinado.
Las consecuencias de la actitud irresponsable del régimen frente a sus obligaciones contractuales serán devastadoras. Una ola de acciones similares podría desatarse. En los tribunales de arbitraje del Banco Mundial hay 45 casos contra Venezuela de los cuales 24 ya han sido decididos y están en proceso de cobro.
Por cierto, alegando “impago de los servicios prestados”, Cuba también tomó recientemente -sin fórmula de juicio- el 49% de las acciones que PDVSA tenía en la Refinería de Cienfuegos donde habíamos realizado una enorme inversión. Lejos de protestar, el régimen las entregó “sin decir ni ñe”.
@josetorohardy