La falta de valoración médica, el no tener acceso a una dieta balanceada o simplemente no recibir alimentos, sumado al hacinamiento en los calabozos de los Centros de Detención Preventiva del estado Lara, han sido un detonante para que se altere el metabolismo de los privados de libertad y junto a los altos niveles de insalubridad en la que viven propicia la generación de enfermedades altamente contaminantes, como la tuberculosis.
Nota de Prensa
En Lara en lo que va de 2018 han fallecido 6 reos, por tuberculosis y desnutrición, cinco de ellos provenientes de Centros de Detención Preventiva del estado Lara, uno del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) Subdelegación San Juan, cuatro de calabozos de la Policía del estado Lara y uno de la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se les ha estado haciendo un seguimiento a estos casos y se observa con gran preocupación que los privados de libertad están juntos a otros reclusos, pudiendo contagiar al resto de los internos. A quienes han aislados lo han hecho cuando la enfermedad está muy avanzada, lo hacen en condiciones inhumanas y en sitios que no son aptos para tener a personas con este tipo de patologías.
Humberto Prado, director de OVP ve con gran preocupación la situación del estado Lara, detallando que en los informes del 2017 en todas las cárceles venezolanas murieron 28 presos por desnutrición o tuberculosis y ya en Lara van seis, la cifra es alarmante y el panorama no es alentador. “Vamos a solicitar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a que realicen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esos hechos donde el Estado tiene responsabilidad de la persona desde el momento de su detención, deben prestarle asistencia alimentaria y de salud.
Asegura Prado que el sistema penitenciario ha colapsado en todo el territorio nacional y la Ministra de Servicio Penitenciarios continúa ignorando las recomendaciones exhorta a que se tomen medidas contundentes o reales soluciones y así evitar que los internos sigan muriendo en los penales y Centro de Detención Preventiva.
A la misma vez aclara el director de OVP que está consciente que las policías municipales son responsabilidad de la Alcaldía, las policías estadales de la Gobernación y la Policía Nacional y el Cicpc dependen del Ministerio de Interior y Justicia y ellos deben mantener sus espacios, pero es responsabilidad de Iris Valera, que estos Centros de Detención Preventiva sean deshacinados, porque no otorga los cupos correspondiente para los traslados a los penales. Recuerda Prado que la Ministra de Servicio Penitenciario indicó que tiene una población reclusa de 53 mil y tiene una capacidad para 86 mil personas, cuando los calabozos policiales tienen una capacidad de reclusión de 8 mil y existen al menos 32 personas allí detenidas, “en la forma en que se encuentran están condenados a muerte”, destaca Prado.
“Se requiere una Defensoría que defienda al preso y un Fiscal que a través de los Derechos Fundamentales cumpla con la protección a la persona privada de libertad. Si todos los poderes municipales, estadales y nacional, no se ponen de acuerdo, no va a existir en nuestro país una política para solventar el problema, sino para aplicar la pena de muerte, aunque no está en la constitución”, destaca Humberto Prado.
Gran alarma causa que dos de los últimos privados de libertad fallecidos en el mes de mayo en Lara, habían sido evaluados y formaban parte de siete reos que estaban aspirando medidas humanitarias por su condición, ellos están desnutridos y unos con casos de tuberculosis. Dichos internos se encontraban recluidos en la comisaría Los Cerrajones, donde eran atendidos diligentemente, pero la misma fue desalojada por ordenes de la Gobernación del estado Lara, con intenciones de instalar una sede del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), por lo que los siete internos fueron trasladados a diferentes comisarías, uno ellos a La Carucieña, donde falleció y otro a la Comandancia General de la Policía del estado Lara y también murió, los otros cinco están en muy mal estado de salud y desde su traslado la situación para ellos empeoró.
Con estos se evidencia que no existe un protocolo para la atención de los internos, no tienen acceso a traslados a centros de salud por falta de unidades y mucho menos atención médica. Aún cuando han muerto privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva no han tomado las previsiones para evaluar al resto de detenidos y conocer si fueron contagiados.
Todos los reclusos que han muerto por tuberculosis, también presentan un grado de desnutrición severa causada por la misma enfermedad. Al menos dos de los seis internos fallecidos presuntamente han muerto por desnutrición y es que menos de la mitad de los reos reciben sus alimentos, pues el alto costo de la comida, la escasez de la misma hace que su familia no suministre los alimentos y algunos casos los mismos funcionarios no la hacen llegar a los internos. Es de resaltar que en los Centros de Detención Preventiva el Estado no suministra la comida.