El panel de expertos independientes que firma el informe de la Organización de Estados Americanos enviado a la Corte Penal de La Haya detalla una a una las razones por las que existen “fundamentos suficientes” para acusar e investigar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La lista comienza con asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones e intimidaciones, pero también analiza la falta de independencia de la justicia venezolana y la utilización de la crisis económica como un instrumento para intimidar a la sociedad. Así lo reseña alnavio.com
Por María Rodríguez
Asesinatos, encarcelaciones, detenciones y persecuciones por motivos políticos, procesos de acusados civiles ante jurisdicción militar, torturas, violaciones, lesiones, intimidaciones, utilización de la crisis como un instrumento de presión, desaparición forzada de personas, inactividad de la justicia y falta de independencia e imparcialidad de esta. Son las 14 razones fundadas que se detallan en el informe encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a un panel de expertos internacionales independientes para dilucidar si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La conclusión del panel de expertos es firme: encuentran “fundamentos suficientes” para formular esta acusación. Dichos fundamentos se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, según recogen en el informe.
Los expertos que participan en el reporte son Manuel Ventura Robles, de Costa Rica, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, de Argentina, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e Irwin Cotler, de Canadá, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg, exministro de Justicia y exfiscal general de Canadá.
El informe identifica 131 víctimas de asesinatos en las protestas de 2014 y 2017 perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o colectivos afines. También subraya las 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos desde las elecciones presidenciales de 2013 y más de 1.300 presos políticos.
Igualmente, el panel de expertos constata “la existencia de un proceso de control y militarización de la sociedad y de connivencia del Estado con grupos armados irregulares afines al gobierno, tanto de manera formal como informal”.
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