Durante las elecciones presidenciales del 20 de mayo, el equipo de Observación Ciudadana Electoral, coordinado por la Universidad Católica Andrés Bello, Súmate y el Frente Amplio, recibió 2.365 denuncias de amenazas, intimidación y coacción vinculados con el carnet de la patria. En un informe publicado ayer señalan que el gobierno incurrió en graves violaciones de la Constitución y a las leyes electorales, publica el diario El Nacional.
En 4.020 centros de votación se desplegaron más de 7.600 observadores para registrar las incidencias y evidenciar que “los procesos electorales en Venezuela no garantizan la imparcialidad, transparencia, igualdad y equidad para el ejercicio del sufragio”.
Francisco Castro, director de Súmate, indicó que el carnet de la patria se ha sido utilizado, desde su creación en 2017, como elemento de coacción e intimidación en las campañas electorales y se les ha dicho a los electores que su tecnología permite conocer el secreto del voto lo cual está prohibido por la Constitución. Sin embargo, 1.792 electores fueron coaccionados para sugragar a favor del presidente Nicolás Maduro.
En la mayoría de los casos, los miembros de mesa no solicitaron el carnet para ejercer el derecho, pero los simpatizantes del oficialismo que se encontraban en los puntos rojos lo pidieron como requisito indispensable para llevar su control. 6.646 electores denunciaron esta irregularidad. Además, en 21 días de campaña los observadores registraron 2.267 casos de uso sistemático de bienes y recursos del Estado, lo cual está prohibido por el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción.
1.858 ciudadanos observaron propaganda electoral en organismos del Estado y colegios públicos, y 1.806 notaron que los vehículos de las instituciones públicas tenían propagandas alusivas a la candidatura de Maduro. En ambos casos, la Lopre establece su prohibición.
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