El fiscal general impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció el desmantelamiento de una red de tráfico, que según él, se lleva a cabo en la cadena Farmatodo.
“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red dedicada al hurto de medicinas y productos de primera necesidad para comercializarlos en el mercado ilegal. La investigación inició en octubre de 2017 por una denuncia interpuesta por el Vicepresidente de Farmatodo”, dijo Saab.
Además aseveró que “esta red se apropió en ocho meses de productos por un valor estimado de siete mil 500 millones de bolívares. Se estima que el daño producido es mayor debido a que son productos y medicinas importadas con dólares preferenciales otorgados por el Estado”.
Saab explicó que esta investigación es “la principal lucha contra el narcotráfico, debido a que se trata de productos y medicinas importados con dólares preferenciales otorgados por el Estado”.
Estos fármacos que Farmatodo “estaba negando al pueblo son: medicinas para el tratamiento de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, medicamentos pediátricos, así como artículos de primera necesidad como crema dental y pañales, entre otros”.
Según el funcionario público, “el modus operandi era utilizar la complicidad de conductores, asistentes de carga, supervisores. Esta red robaba parte de la carga enviada y ponía la carga extra en camiones que era descargada en mitad del trayecto y luego lo redistribuía con el marcaje anteriormente dicho”.
El Fiscal anunció que se llevó “una serie de allanamientos, y los líderes de esta red de criminales están privados de libertad”, y los catalogó como “delincuentes de alta peligrosidad”.
Los privados de libertad responden a los nombres de: Johnny Herera, Pedro Nacache, Raul Piñeros, Armando Soto, William Castillo y Juan Solórzano.
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Como cosa rara, Tarek William Saab se lavó las manos sobre la escasez de medicamentos y aseveró que la cadena es la culpable del “déficit importante en medicamentos, por lo tanto, se pudo comprobar a través de inventarios, que ocurrió un aumento de productos faltantes, tanto en el momento de las entregas, como en los almacenes”.
Con esta investigación, da un total de 2149 personas, de las cuales 804 permanecen privadas de libertad, mientras que otras están bajo medidas sustitutivas, y 212 se les sigue mediante medidas cautelares.
