El Gobierno socialista español afronta su primera semana de trabajo con dos prioridades: normalizar el diálogo político con el Ejecutivo catalán y la aprobación definitiva de los presupuestos de 2018, todo bajo la estricta vigilancia de la oposición, tanto a su derecha como a su izquierda.
Tras diez días de vértigo político -el socialista Pedro Sánchez ganó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 1 de junio- el nuevo Ejecutivo se pone en marcha entre las esperanzas que despertó en los sectores más progresistas y la dura oposición tanto por parte del conservador PP como Ciudadanos (liberales).
Respecto al conflicto que vive España tras el desafío independentista en Cataluña, la nueva ministra de Política Territorial, la catalana Meritxell Batet, apostó hoy por reformar la Constitución para renovar el pacto territorial de España, tarea que consideró “urgente, viable y deseable”.
Batet, que asistió en Barcelona a su primer acto público como ministra, afirmó, en referencia a Cataluña, que “el diálogo en sí mismo se ha convertido en un objetivo político de primer orden”.
Ya Sánchez acordó ayer por teléfono con el presidente regional de Cataluña, Qim Torra, mantener una reunión “muy pronto”, la primera comunicación de ambos ejecutivos tras el desafío secesionista del pasado año, que se plasmó en una declaración ilegal de independencia.
Sin embargo, la manera de desbloquear el conflicto catalán es uno de los puntos más cuestionados por la oposición de centroderecha al partido socialista (PSOE).
Tanto PP como Ciudadanos han acusado a los socialistas de supuestos pactos con los nacionalistas catalanes y vascos para que los apoyaran en la censura contra Rajoy y piden que Sánchez aclare “el precio” que pagó por ese apoyo.
Junto a la cuestión territorial, otro de los asuntos más urgentes es la aprobación definitiva de los presupuestos de 2018 para garantizar la estabilidad económica y presupuestaria que exige la Unión Europea.
Las cuentas del Estado ya fueron aprobadas por el Congreso durante el Gobierno de Rajoy con el apoyo de otros partidos de centro derecha y con la oposición del PSOE, aunque el nuevo Ejecutivo las ha aceptado en aras de la estabilidad.
Pero falta que sean ratificados por la Cámara Alta, donde comienzan a debatirse la próxima semana.
Allí el PP tiene mayoría y ya ha amenazado con introducir modificaciones, lo que entorpecería su aprobación definitiva.
Pero además de la estabilidad económica y la cohesión territorial, el Gobierno de Sánchez se ha planeado también como prioridad mejorar la cohesión social, y en este área es donde recibe presión desde su izquierda.
La coalición Unidos Podemos, cuyos votos fueron claves para que saliera adelante la moción de censura socialista, ha advertido que aspiran a marcar el paso al Gobierno desde la Cámara.
El secretario de Organización de Unidos Podemos, Pablo Echenique, recomendó hoy a Pedro Sánchez “que tome el camino valiente” a la hora de gobernar, “porque es el camino que tranquilizará a la gente”, y no “el camino de las medidas cosméticas que tranquilicen a los poderosos”.
Sánchez, el primer presidente en ser investido en España tras una moción de censura, prometió mejorar la cohesión social y para ello, reformar leyes aprobadas por el anterior Gobierno del PP que afectan a la educación, la sanidad y el empleo, así como aumentar las pensiones.
Pero para cumplir sus planes el nuevo Ejecutivo se enfrenta a un importante hándicap: su débil posición parlamentaria, ya que el PSOE solo cuenta con 84 diputados de los 350 de tiene el Congreso.
Los socialistas, que gobiernan en solitario, contaron con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes para censurar a Rajoy, pero ahora tendrán que negociar con estos grupos cualquier medida que quieran aprobar en el Congreso.
Además, el gabinete asume sus funciones a mitad de la legislatura y con un horizonte temporal sin determinar por el propio Sánchez, quien sí les ha pedido a sus once ministras y seis ministros que trabajen “con la urgencia debida y la prudencia exigible”. EFE