La Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos de Nicaragua, condicionó este lunes su permanencia en el diálogo nacional al cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta ahora y aceptados por el Gobierno de Daniel Ortega.
EFE
“Mañana (martes) nos reincorporamos al plenario del diálogo nacional y demandaremos el cumplimiento de lo acordado como condición indispensable para seguir dialogando”, afirmó en rueda de prensa el académico Carlos Tünnermann, al leer un comunicado en nombre de esa Alianza.
La Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del diálogo nacional, decidió hoy suspender las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a organismos internacionales a visitar el país.
La Alianza Cívica, que se levantó de la mesa, denunció que el Gobierno incumplió sus acuerdos nuevamente al no emitir de inmediato las cartas de invitación a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como quedó establecido el viernes pasado.
“Esto es crucial para lograr que se detenga la represión y el derramamiento de sangre, y que se garantice una investigación independiente y la seguridad de los ciudadanos”, indicó esa coalición.
El Gobierno aceptó el viernes pasado invitar de manera “inmediata” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las partes también consensuaron ese día “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar ‘in loco’ para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables” desde el pasado 18 de abril.
Esa Alianza destacó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, condenó la violencia en Nicaragua y señaló que espera que el Gobierno cumpla con su compromiso asumido el viernes pasado, incluyendo el cese inmediato de toda forma de violencia y la invitación, sin demora de su oficina, para visitar el país.
Zeid Ra’ad al Hussein también recomendó que se cree una comisión internacional que investigue la violencia política en torno a las protestas contra el Gobierno nicaragüense.
Prácticamente todas esas víctimas “lo han sido a manos de fuerzas policiales o de grupos progubernamentales, incluso con la participación de francotiradores”, denunció Zeid en la presentación de su informe global en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
El diálogo entre el Gobierno y la oposición se reanudaría este lunes, luego que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
Las partes también conformaron la denominada “Comisión de Seguridad y Verificación”, integrada por 12 miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país.
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 y 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Daniel Ortega también era presidente.
Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.