Venezuela rechazó hoy de antemano el informe sobre derechos humanos en este país que próximamente publicará la ONU, al acusar a esta entidad de basarse en información que no puede ser verificada.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “produce unilateralmente y sin mandato alguno informes ilegales contra mi país y otros Estados soberanos”, sostuvo ante el Consejo de Derechos Humanos el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.
Indicó que el contenido del informe se basa en datos recogidos a distancia y que no pueden ser verificados, por lo que “carece totalmente de rigor científico”.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo este lunes en el Consejo que su oficina emitirá ese informe “en los próximos días”.
La información que contiene ha sido recogida a través de un seguimiento a distancia de la situación en Venezuela en vista de que el Gobierno se niega a autorizar la entrada al país del personal de la oficina de Zeid para realizar esa supervisión de forma directa.
Valero anticipó que el informe será “extremadamente politizado” y que violará “los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los estados”.
Sostuvo que “el alto comisionado insiste en presentar un falso clima de tensión en nuestro país” y que “la verdad es que Venezuela continua en paz su camino democrático”.
En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos, la delegación Argentina intervino para referirse a la crisis en Venezuela, sobre la que habló también en nombre de Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Guayana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, Perú, Paraguay y Panamá.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema gravedad que afecta los derechos humanos del pueblo venezolano”, dijo el representante argentino.
Pidió, en representación de ese grupo de país, que el Gobierno de Caracas “permita la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de medidas de control epidemiológico” para prevenir el brote de enfermedades que amenacen la salud pública.
Agregó que hay una “necesidad impostergable” de restablecer el Estado de derecho y el orden democrático, y así garantizar los derechos humanos” en el país sudamericano.