La senadora estadounidense Kamala Harris confesó tener el “corazón roto” tras reunirse este viernes con madres indocumentadas separadas de sus hijos en un centro de detención en la frontera sur de California (EE.UU.), al que calificó de “prisión”.
EFE
“Mi corazón está roto”, señaló a los periodistas la legisladora demócrata tras hacer un recorrido en privado por un centro de detención para inmigrantes en el sur de San Diego, y en donde conoció las historias de tres madres que fueron separadas de sus hijos cuando llegaron a la frontera.
“Estas madres han dado su testimonio, han compartido su historia, que es la historia de una violación de derechos humanos que ha sido cometida por el Gobierno de Estados Unidos”, lamentó en unas breves declaraciones a los medios en los exteriores del recinto.
La senadora estuvo acompañada por cientos de manifestantes que se dieron cita en Otay Mesa, donde se ubica el centro de detención, para dar su apoyo a las familias separadas como consecuencia de la política “tolerancia cero” contra los inmigrantes implementada por la Administración de Donald Trump.
Las autoridades federales han separado de sus padres a unos 2.300 niños, mayormente en Texas, a raíz de esta política, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una situación que generó un rechazo generalizado y motivó que Trump firmara esta semana una orden ejecutiva en la que prohíbe la separación de familias inmigrantes.
Harris pidió no dejarse engañar por la orden ejecutiva que frena esta práctica, dado que la problemática fue originada por el mismo Gobierno federal en su afán de endurecer las políticas migratorias que a su juicio ha “denigrado” a las comunidades que se vieron obligadas a buscar refugio en el país.
La ex fiscal general de California denunció que si bien los responsables del centro afirman que los inmigrantes retenidos pueden realizar llamadas telefónicas sin costo a sus hijos y familiares en realidad les cobran por ello, según los testimonios que ha escuchado.
Dijo que los indocumentados reciben un dólar por su trabajo, pero que cada minuto de llamada les cuesta unos 85 centavos de dólar. Criticó además que, al igual que en un presidio, en el centro de detención hay ventanas resguardadas con barrotes, tiempos para recreo y en general el espacio es reducido.
El lugar alberga a decenas de inmigrantes que tras ser procesados por las autoridades federales esperan que un juez migratorio evalúe su caso. El grupo Pueblo Sin Fronteras dio cuenta hace poco de al menos nueve mujeres en este recinto que han sido separadas de sus hijos una vez que se entregaron en la frontera para solicitar asilo político.